Arena y FMLN se comprometen con una Ley de acceso a la información

Escrito por Daniel Valencia. 22 de junio de 2009. Publicada en El Faro.

La Asamblea Legislativa por primera vez discutirá sobre una ley de transparencia y acceso a la información pública, y aunque los dos partidos principales dicen apoyarla, aún no asumen compromisos concretos para votarla.

Los partidos Arena y FMLN dicen coincidir con las principales apuestas del anteproyecto de Ley de transparencia y acceso a la información pública (LTAIP) que llegó a estudio de la Comisión de Legislación del parlamento, pero no se comprometen a aprobarla ni en seis meses ni en un año ni en lo que dure la legislatura 2009-2012.

El Salvador está ante la posibilidad de unirse al resto de países de Centroamérica que ya  tienen leyes que regulan el acceso de la gente a la información estatal, pero eso está ahora en manos de dos partidos mayoritarios, uno de ellos, Arena, que durante los 20 años que estuvo en el gobierno nunca dio impulso a una normativa como esta, y otro que está iniciando sus primeros cinco años de gobierno y que el año pasado presentó su propia propuesta de ley.

Ahora, la Comisión de Legislación tiene en sus manos el anteproyecto preparado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que pretenden una ley que obligue a las instituciones públicas a generar información, que esta se clasifique según sea de acceso general, reservada o confidencial, y que haya un mecanismo que garantice que los datos fluyen entre Estado y ciudadanía.

Esa garantía tendría que hacerla efectiva una entidad nueva que impondría sanciones cuando se infrinja alguna de las disposiciones.

Hace 13 días fue el partido Arena el que abrió las puertas legislativas para que el anteproyecto de LTAIP pudiera pasar a estudio. La propuesta había llegado a la Asamblea Legislativa en octubre pasado. Sin embargo, en términos formales, para que pueda empezar a discutirse, toda correspondencia requiere que al menos un legislador le dé trámite de ingreso, y eso fue lo que hicieron los parlamentarios areneros.

El último pronunciamiento de Arena sobre este tema lo hizo el candidato presidencial Rodrigo Ávila, quien a inicio de su campaña se comprometió a buscar una normativa. Sin embargo, la contradicción venía desde el presidente saliente, Antonio Saca, quien desde cuando era candidato y durante todo su período se rehusaba a hacer valer el derecho de los salvadoreños a pedir información y a obligar a los funcionarios a darla. “La mejor ley es la que no existe”, decía.

El 9 de este mes, sin embargo, la fracción del partido tricolor en un gesto sin precedentes le dice a su ex presidente que estaba equivocado y dio iniciativa de ley a un proyecto de ley acuerpado por otras organizaciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), universidades, la Cámara de Comercio y la empresa privada. “Quizá sus declaraciones (para este tema) no eran lo más felices”, dice el diputado Guillermo Ávila Qüehl, al respecto.

Arena, ahora con el pie adentro, abre las puertas para que por primera vez se discuta el tema a nivel legislativo, que en los albores de la campaña política apenas y se tocó, en un escueto compromiso de los dos candidatos presidenciales con Transparencia Internacional para impulsar una ley en este sentido.

La Comisión de Legislación de la Asamblea, por lo tanto, ahora tiene dos propuestas y  los diputados se han comprometido a calendarizar esta discusión esta semana, con miras a que algún día se apruebe algo que consideran de urgente importancia, pero para lo cual no hay plazos. “Esto es algo importantísimo que el país necesita”, asegura Ávila Qüehl.

En el FMLN también anuncian situación de urgencia. “Hoy más que nunca el país necesita que aprobemos esta ley para garantizar la transparencia en la cosa pública”, dice el diputado Benito Lara, del FMLN.

A ambos, sin embargo, les resulta imposible pronosticar plazos de aprobación. Las razones que esgrimen son que eso depende de la voluntad política de otros y de un análisis “a fondo” de lo que proponen ambos anteproyectos.

En el caso del anteproyecto de ley de Fusades, los legisladores quizá la tengan más fácil, porque ese documento recibió aportes de diversos sectores del país, aunque tanto Arena como el FMLN se inclinan por hacer una matriz que recoja insumos de ambas fuentes. “Hay muchas cosas de la ley de Fusades compatibles con nuestra propuesta”,observó Benito Lara, quien aclaró que no piensan retirar su propio documento.

Y aunque aparentemente hay una buena dosis de coincidencia para empezar la discusión, en otro partido, el PCN, hay algún escepticismo sobre la capacidad de areneros y efemelenistas para ponerse de acuerdo entre ellos. “Habrá que ver cómo se avanza en esto, porque si queda claro que es un apoyo a una propuesta solo para hacerse revanchismos políticos, seguro que la negociación se entrampará”, vaticina el diputado Roberto Angulo, jefe de los diputados pecenistas.

El PCN, en esta discusión, no tiene las cartas definidas. Angulo aclara que no puede hablar a nombre de su fracción, y se limita a decir que es un asunto importante. Sin embargo, el máximo dirigente pecenista, Ciro Cruz Zepeda, dijo hace un año en una entrevista con El Faro, que su partido no ve necesaria una ley de este tipo porque puede afectar a la seguridad de los funcionarios. El secretario general se refería a que en un país con los niveles de delincuencia como El Salvador, si se conoce cuánto ganan, qué propiedades tienen y con cuánto dinero dejan sus cargos, esa información pueden usarla los criminales.

Para Angulo, sin embargo, no es convencer de un sí a su partido el problema medular.  El problema, dice, pasa porque la discusión no se entrampe por intereses de cada partido, y en específico de Arena y FMLN. “Y parece que a ese escenario vamos. Ahora resulta que el FMLN quiere empréstitos para financiar al gobierno, y Arena le pone condiciones. Y a la viceversa: ahora resulta que Arena, que ya no tiene el control del Ejecutivo, aprueba promover este tipo de leyes y habrá que ver qué opina el FMLN realmente”, añade.

Ambos partidos tienen antecedentes de bloqueo a la ciudadanía para que esta no pudiera conocer cómo los gobernantes gastan el dinero de los salvadoreños. El partido de izquierda, en su último gobierno en la capital, San Salvador, ya demostró que no le gusta que le revisen sus actuaciones y usó los mismos argumentos que el partido de derecha para negar acceso a información sobre cómo manejaba el Ejecutivo. La alcaldesa efemelenista Violeta Menjívar y su concejo se negaron a dar información sobre gastos publicitarios de la municipalidad capitalina. Y en el caso de la Presidencia de la República, el jefe de Estado Antonio Saca nunca accedió a revelar sus cuentas de propaganda.

Ahora han pasado meses desde esos episodios y, al menos de palabra, los protagonistas dicen favorecer una normativa como la propuesta por Fusades. “Nosotros estamos completamente comprometidos con impulsar estos proyectos de ley y con aprobar esta ley”, dice Lara, luego de preguntarle si el FMLN no cambiará de discurso hoy que es gobierno.

Y Ávila Qüehl también da seguridades de compromiso, porque el tiempo lo cambia todo, incluso la perspectiva sobre democracia, dice. “No tiene nada que ver con que hoy, solo porque somos oposición, ahora sí queremos saber cómo se manejan los recursos públicos. La democracia es algo que crece con los años. Antes nos interesó legislar en otros sentidos, bueno, hoy hemos madurado y vemos que es importante legislar en este sentido de transparencia”, responde cuando se le pregunta si Arena solo promueve esta ley para mantener cortito al nuevo gobierno.