Cuidan los derechos humanos de criminales, no de víctimas

No tenemos claro si el Presidente Funes aprueba esas medidas pues fue gracias a la libertad de expresión que gozó durante sus más de 20 años como entrevistador, que llegó a la presidencia,

Editorial de El Diario de Hoy. Lunes 29 de Junio de 2009.

Para detener el aterrador incremento de la delincuencia --día a día son asesinadas doce o más personas-- el Ministerio de Seguridad ha encontrado la fórmula eficaz: prohibir que se hable de ello, proteger los "derechos humanos y la presunción de inocencia" de los capturados e informar sólo de las labores de prevención y propagandísticas que lleven a cabo "elementos" de la PNC. Cuando los arrojados "elementos" de la PNC rescaten un gato del tejado o siembren plantitas en los alrededores del redondel Masferrer, se invitará a todos los medios a cubrirlo. Pero nada más.

Lo que haga la policía, los crímenes y barbaridades que se cometan, la captura de estafadores, extorsionistas, homicidas o mulas del narcotráfico son informaciones de la exclusiva propiedad del señor Ministro y sus allegados. La gente no tiene derecho a conocer lo que sucede en el país, a menos que la generosidad del señor Ministro lo permita. Que en San Juan Nonualco masacren a una familia entera no es asunto que interese a los vecinos de San Pedro Nonualco, la ciudad más cercana. Eso permitirá al señor Ministro y al gobierno decirle a la gente de que "la criminalidad está disminuyendo" sin que nadie tenga datos para dudarlo.

Por si no se han dado cuenta los ciudadanos, en adelante habrá dos clases de salvadoreños: los pertenecientes a las élites partidistas que deciden lo que podemos saber y lo que no debemos conocer, y el resto que andaremos a oscuras de lo que en verdad acontece en el territorio .

La decisión del señor Ministro, empero, va en beneficio de muchos: los criminales, mareros, asaltantes, extorsionistas, narcos, bandoleros, violadores, truhanes, contrabandistas, estafadores y todos los indeseables que victimizan a los salvadoreños. De ahora en adelante, para proteger "sus derechos humanos", sus identidades se van a guardar con todo celo. El señor Ministro considera que su principal deber no es que la población sepa quiénes son los delincuentes que los acechan, sino cuidar la imagen pública, el buen nombre, la fama personal de los facinerosos.

La información no es propiedad de funcionarios

No habrá presentación de capturados, no se darán a conocer los operativos, no se permitirá que reporteros y camarógrafos acompañen patrullas policiales, fuera de las que realicen "actividades preventivas". Los actuales informadores del cuerpo tienen que pedir permiso para soltar información. La mordaza es casi total, pues se supone que quien deslice información a los medios que no sea la autorizada por el señor Ministro, será echado a patadas de la entidad.

Es grave que antes de cumplir un mes el nuevo gobierno, el titular de Gobernación ya pidió "censura voluntaria" y que ahora el de Seguridad imponga una mordaza a sus propios funcionarios y subalternos. Lo que no tenemos claro es si el Presidente Funes aprueba esas declaraciones y medidas, considerando que fue gracias a la libertad de expresión que gozó durante sus más de 20 años como entrevistador, que llegó a la presidencia, aunque mucho le ayudó la brillante estrategia política del anterior Ejecutivo.

En ningún momento se debe olvidar que la información es un bien público cuando es información recopilada o en poder de entidades públicas, fuera de temas muy sensibles. Los dos ministros mencionados quieren apropiarse de lo que no es de ellos, sino de los ciudadanos, que tienen el derecho a ser y estar informados.