Necesitamos la ley de acceso a la información

Editorial de El Faro. Publicada el 22 de junio de 2009 .

Por fin, después de años de hablar del tema y de recibir negativas oficiales, se le ha dado en la Asamblea Legislativa iniciativa al anteproyecto de ley de acceso a la información.

Es un paso importante, pero insuficiente. Los dos principales partidos politicos, que durante la campaña se pronunciaron a favor de una ley de este tipo, no se atreven a estipular tiempos para aprobarla, cuando debió haber sido aprobada hace años.

Pero la tarea no es solo de los diputados, los partidos politicos y los poderes del Estado. Es de todos. En otros países la aprobación de una ley de este tipo ha requerido de una fuerte presión de la sociedad civil no solo para que pase la ley por el Congreso, sino para que pase lo mejor posible.

Aquí, el anteproyecto, preparado por Fusades y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, ha recibido el apoyo de un grupo de organizaciones y medios de comunicación, entre ellos El Faro, que pretenden destacar la necesidad, y la urgencia de una ley de este tipo. Esperamos que este grupo termine convirtiéndose en una especie de Coalición por el Acceso a la Información, o algo similar, con suficiente fuerza como para presionar a politicos y autoridades a que den a conocer información de carácter público.

La ley, contrario a lo que se piensa, no es una herramienta diseñada exclusivamente para detectar corrupción (aunque esto por sí mismo ya sería un gran aporte a la democracia salvadoreña), sino a todo tipo de actividades. Es una ley que favorece a los inversionistas, por ejemplo, dotándolos de más herramientas para determinar la conveniencia de invertir o no en determinados negocios y lugares o para defenderse de abusos de las autoridades.  Es una ley que favorece a los ciudadanos en general, porque permite obtener información clave para planificar su futuro o defenderse, también, de abusos o acusaciones en su contra.

Es una ley que también favorece a los medios de comunicación, porque nos otorgaría el derecho legal a solicitar información que hasta ahora ha sido patrimonio de la voluntad de quienes dirigen instituciones. Si una ley de este tipo estuviera vigente, ya sabríamos a cuánto ascendieron los gastos de publicidad del Ejecutivo anterior, o de la administración metropolitana anterior. O a quiénes les pagó el anterior Secretario de la Juventud cientos de miles de dólares en artículos promocionales. O cuánto gastó el presidente Saca en viajes al exterior. O qué periodistas han recibido dinero del Estado y a cambio de qué servicios. O cómo se decidió el envío de tropas a Iraq o se traspasan las tierras del ISTA.

Es una ley que ayuda a transparentar las acciones del Estado. Que ayuda a estimular la eficiencia en el servicio público y a combatir la corrupción. Que otorga a los ciudadanos información necesaria para tomar decisiones. Que permite avanzar el proceso democrático salvadoreño.

Ojalá que los ciudadanos y las autoridades se percaten de la urgencia de una ley de este tipo, que nos pudo haber ahorrado muchos dolores de cabeza en el pasado y que nos los puede ahorrar a futuro. Que al no tenerla nos coloca en una posición excepcional en América Latina, apenas entre los pocos países, como Cuba y Venezuela, que no la tienen. En Centroamérica, ya estamos solos. Somos los únicos que no contamos con ella.