La democracia participativa

Escrito por Luis Mario Rodríguez R. Martes 30 de Junio de 2009. Publicado por El Diario de Hoy.

Los motivos para impulsar referéndum en Venezuela, Ecuador y Bolivia, distan mucho de los que han fundamentado las consultas populares celebradas en países como Suiza o Francia, en los que en años recientes, se consultó sobre la adhesión a la Unión Europea y el apoyo a una Constitución Europea, respectivamente. En ninguno de ellos se intentó legitimar la "perpetuidad en el poder" por parte de sus mandatarios, escondiéndose en el disfraz de la voluntad popular.

En El Salvador, cada vez es más frecuente escuchar la sustitución del concepto de democracia representativa por el de democracia participativa. En este último sistema, "el pueblo es el que manda" y por tanto, nadie, sólo los ciudadanos, son los que dictaminan el futuro de las grandes decisiones que involucran la vida y el futuro de los que votan y los que no, en las consultas que se organizan para "conocer la voluntad del pueblo" sobre aspectos como la adhesión a bloques comerciales, la reelección de los funcionarios, la reforma constitucional y otros aspectos de trascendencia nacional. Desde el plan de gobierno del entonces candidato Funes (págs. 81 y 82 del Programa de Gobierno "Nace la eperanza, viene el cambio") hasta las declaraciones públicas de los principales líderes y voceros del FMLN, incorporan la "política de participación ciudadana" en la solución de la problemática social, política y económica. Es loable la intención de los que quisieran sustituir un modelo de democracia por el otro, siempre y cuando sus aspiraciones estén basadas en el pleno cumplimiento de la ley y principalmente, en el de la Constitución de la República.

Nuestra ley fundamental permite la "consulta popular" en ocasión del impulso de la Unión Centroamericana (Art. 89). Ningún otro aspecto, entiéndase aprobación de una nueva Constitución, reelección indefinida del Presidente, adhesión a bloques comerciales como el Alba y todos los deseos que han visto cumplidos los "presidentes permanentes" del cono sur utilizando a su antojo el referéndum y financiando campañas millonarias a favor del "SI", puede ser objeto de consulta a los ciudadanos. No lo regula la Constitución y en consecuencia tampoco contamos con una ley secundaria que desarrolle los mecanismos, plazos y procedimientos para someter a la voluntad del pueblo, la toma de decisiones, que no sea la elección del Presidente y vicepresidente de la República, la de los diputados de la Asamblea Legislativa y el Parlacen y la de los alcaldes municipales, y éstas, en todo caso, a través del sufragio, por medio del elecciones transparentes y competitivas, debidamente supervisadas por el Tribunal Supremo Electoral y la comunidad internacional.

La reciente crisis en Honduras tuvo su germen precisamente en un abuso del Presidente Zelaya de la figura del referéndum, que en el caso de este país centroamericano, no sólo cuenta con arraigo constitucional, sino con el respectivo desarrollo en la ley especial del referéndum y del plebiscito. El mandatario tenía el derecho de promover una consulta popular, pero dentro del cauce del derecho y en cumplimiento estricto de lo que manda su Carta Magna. Ni él, ni otra autoridad por más que haya sido electa por el pueblo, tiene el derecho de violentar las disposiciones constitucionales y llamar "encuesta" a una consulta que tendría como consecuencia, probablemente, la autorización al Presidente para iniciar un proceso de reforma constitucional, convocando a una Asamblea Constituyente, en la que, según lo que trascendió, el gobernante pretendía incluir la reelección presidencial.

Nada justifica el golpe militar que pudimos presenciar el pasado domingo en el transcurso del día. Ni el arresto del Presidente, ni su traslado ilegal a Costa Rica, ni mucho menos la juramentación de un nuevo Presidente, en claro rompimiento del orden constitucional, son acciones que podemos avalar si creemos en la democracia y en el estricto cumplimiento del Estado de Derecho. La clara violación de la ley y la Constitución por parte de José Manuel Zelaya, así como el desacato descarado a un fallo judicial que declaró ilegal la celebración de su "encuesta" y la negativa para el reinstalo de uno de los altos jefes militares en Honduras, pudieron haber sido los fundamentos con los cuales el Congreso de este país, iniciara un antejuicio contra el Presidente y lo procesara penalmente, procediendo, entonces así, a una sustitución del mandatario, por la vía constitucional, respetando el orden jurídico y evitando volver al intervencionismo militar que tanto daño hizo a nuestros pueblos en décadas pasadas. Por eso la condena de la OEA, el respaldo de los países que integran el Sistema de Integración Centroamericana, la Unión Europea y las posibles sanciones que reciba en el futuro cercano el hermano país, tendrán que ser soportadas por todos los hondureños, debido a un inadecuado procedimiento legal para juzgar los ilícitos del señor Presidente.

Todos estos actos y las condenas al golpe de Estado en Honduras, no nos ciegan acerca del mal ejemplo que los populistas están enseñando a nuestra región. Los militares alborotaron el panal, y llevaron pesadillas a los sueños de Evo, Rafael y Hugo, quienes abusando de la consulta popular, se han perpetuado en el poder, con la suerte que en sus países, los militares no se han salido de sus casillas, haciendo valer el orden democrático, que establece la alternabilidad en el poder y el relevo presidencial. Suerte la de estos caudillos, por contar con militares respetuosos de la ley.