Se han enredado sinninguna justificación

Entre el incorrecto proceder del CNJ, el deplorable descontrol en que se mueve la CSJ y los rodeos quejosos de la Asamblea Legislativa es difícil saber qué es lo más patético. Y, entretanto, la institucionalidad está pagando las cuentas de todo ese desorden.

Editorial de La Prensa Grafica.Viernes 26 junio de 2009.

Se venció hace varias semanas el plazo constitucional para elegir Fiscal General de la República, y el nuevo Fiscal aún no ha sido elegido. Se vencerá dentro de cuatro días el plazo constitucional para elegir cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuatro de ellos de la Sala de lo Constitucional, incluyendo al Presidente de la misma que lo es a la vez de la Corte, y aún no hay seguridad de que habrá elección a tiempo. Tiempo ha habido, lo que no ha habido es voluntad política. Y esto debe ser señalado para que quede constancia de un hecho que constituye un verdadero atentado contra la credibilidad del sistema institucional del país.

En el caso del Fiscal General, da la impresión de que la Asamblea simplemente no ha querido elegir. Desde el comienzo hubo muestras de falta de interés real en hacerlo. Se manejó una lista, que presuntamente se fue procesando en la Asamblea, y ahora unos dicen que hay que atenerse férreamente a esa diz que depuración de candidatos y otros proponen abrir la lista, pero sin dar muestras de los perfiles nuevos que presentarían. Es como si nadie quisiera comprometerse con una elección como debe ser: abierta, de capacidades comprobadas, de integridad e independencia a toda prueba.

En cuanto a la Corte, lo sucedido da para lo que podría ser una rudimentaria comedia de las equivocaciones. Los intereses y los egos lideran la confusión. Entre el incorrecto proceder del CNJ, el deplorable descontrol en que se mueve la CSJ y los rodeos quejosos de la Asamblea Legislativa es difícil saber qué es lo más patético. Y, entretanto, la institucionalidad está pagando las cuentas de todo ese desorden.

Resultado: inseguridad

Se habla mucho de seguridad en el país, y sin duda uno de los déficit más graves que padecemos es el que existe en este campo. Y la seguridad, como una realidad que se basa en hechos y en percepciones, es algo que hay que inducir desde todos los ámbitos y niveles, y muy especialmente desde la misma institucionalidad, que es la primera llamada a dar el ejemplo. Pero aquí se da el caso de que la institucionalidad misma, en sus más elevadas instancias, está dando pauta para que se agudice la inseguridad.

Con referencia a las plazas por llenar en la Corte y muy especialmente en la Sala de lo Constitucional, que, como tantas veces lo hemos subrayado, es el verdadero primer poder del Estado, porque tiene inapelablemente las llaves de la constitucionalidad, se está hablando de salidas alternativas en caso de que no se dé la elección como lo ordena la Carta Magna. Esto es peligroso, porque abre puertas a la arbitrariedad. Es cierto que la Corte le ha quitado espacio a la Asamblea para elegir; pero en la Asamblea no ha habido ningún avance de entendimiento para estar listos a elegir en el momento en que sea posible hacerlo.

Otro efecto de todas estas maniobras tan tortuosas es que se corre el riesgo cierto de acabar eligiendo a los menos idóneos, con tal que no escamen a nadie de los que quieren prevalecer o autoprotegerse. Ojalá que las voces reflexivas imparciales se hagan oír, para que las decisiones finales no se vayan por las vías de la menor resistencia sino que respondan a los intereses del bien común.