Comisión investigadora

Escrito por Luis Mario Rodríguez R.  Martes, 16 de Junio de 2009. Publicado en El Diario de Hoy.

Yo, por ética, no hubiera puesto al presidente de CEL en el cargo". Así destacó El Faro.net, las palabras del ex jefe de campaña del Presidente Funes, Roberto Lorenzana, al preguntársele su opinión sobre el nombramiento del actual titular de la autónoma, que debe administrar la construcción de las presas hidroeléctricas en los próximos cinco años.

En los primeros años de postguerra, la "Comisión de la Verdad", denunció las atrocidades que cometieron la guerrilla y la Fuerza Armada durante el conflicto armado, con el propósito que todos los salvadoreños conociéramos quiénes en ambos bandos, asesinaron y ultrajaron vidas de grandes hombres y mujeres que lucharon por una mejor nación. Tal decisión, satisfizo la sed de justicia que muchos exigieron al gobierno de la República para que nunca se olvidara este oscuro capítulo de la historia nacional. La "Ley de Reconciliación Nacional" conocida como la "Ley de Amnistía", evitó que guerrilleros, militares y civiles fueran juzgados por sus actos, principalmente para enrumbar el proceso de paz que después de tantos años habían consolidado los mismos protagonistas de la sangrienta guerra civil que vivimos en los años ochenta.

Ni por asomo debemos pensar, que los resultados de la comisión que el Presidente Funes anunció para investigar las irregularidades de presuntas violaciones a la ley por parte de funcionarios de la administración anterior, deben ser "amnistiados" y que el resultado de dicho esfuerzo deba ser, únicamente conocer los nombres de los que malversaron el dinero de todos, sin que sean procesados ante la justicia, si efectivamente han cometido actos de corrupción. El parangón con la Comisión de la Verdad, no es para sugerir amnistías ni mucho menos, es para que se investigue parejo, tanto a los que se fueron como a los que se quedaron; en el gobierno y en las municipalidades; en las autónomas y en los entes reguladores; en el órgano Legislativo y en el Judicial; en el Ministerio Público y en los entes contralores de los fondos públicos, así como en los partidos políticos, por el origen de los fondos que sirvieron para financiar las campañas políticas. Los salvadoreños tenemos derecho "a saber", y en esa sagrada facultad de acceder a la información pública, sin lugar a duda que los actos de corrupción son los que deben salir a flote en primera línea, para que nunca más sucedan y para que paguen los culpables, se trate de quien se trate.

Investigar la corrupción siempre es un problema, porque, como diría alguien, se "escupe para arriba" y se arriesga a descubrir también malos manejos entre los cercanos. Pero eso no debe detener al Presidente Funes. Todos los que siempre hemos contribuido a fortalecer el Estado de Derecho, confiamos en que sabrá terminar de una vez por todas, con prácticas que nunca debieron establecerse en los manuales de la función pública; pero eso no es suficiente. Para que realmente se disminuyan los actos fuera de la ley en la función pública, el Presidente debe encomendar a la comisión investigadora, no sólo que le dé informe acerca de la presunta corrupción de los que se fueron y de los que se quedaron, sino también pedirles que le presenten proyectos de ley para fortalecer al Tribunal de Ética Gubernamental, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas de la República, y principalmente, dar iniciativa de ley a través de su Ministro de Justicia y Seguridad Pública, al proyecto de ley de acceso a la información pública.

Las palabras del diputado Lorenzana deberían ser motivo de reflexión para el Presidente de la República. El nuevo mandatario ha demostrado fortaleza de carácter para realizar cambios en muchos ámbitos de la administración pública, pero "el ejemplo debe venir de casa" y por tanto, no puede exigirse "meritocracia" cuando el primero que la incumple es el que la exige. Desde este espacio reconoceremos todo aquello que el gobierno haga por desarrollar nuestro país, pues no somos de aquellos, que contaminados con la "ideologitis", vamos a estar en contra de las decisiones que tengan el sello del gobierno o del partido de gobierno, sobre todo si se trata de mandatos que beneficien a la gente; pero sin temor alguno vamos a denunciar lo que nos parece inadecuado, principalmente cuando se traicione la esperanza y el gobierno de "unidad nacional", que se ofreció desde el 15 de marzo cuando se conocieron los resultados electorales que favorecieron al FMLN.

La nueva comisión tampoco debe desviar la atención del gobierno de los principales problemas que el país necesita resolver. Es cierto, no puede obviarse investigar la corrupción, porque también se es cómplice cuando se omite hacer algo, sobre todo cuando se está en el ejercicio de un cargo público; pero la seguridad pública, la reactivación económica, la generación de empleo, las políticas sectoriales y la administración de los efectos de la crisis internacional, requieren igual o más importancia en la agenda del ciudadano Presidente y de sus ministros de Estado. Cuidado con utilizar los casos de presunta corrupción como cortinas de humo por la ausencia de medidas en la solución de la problemática nacional. Esa forma de gobernar debe enterrarse para siempre, y empezar una en la que se administren de frente las necesidades de la gente y sobre todo, se presenten soluciones integrales que eviten los discursos clasistas que impidan avanzar en el desarrollo político, social y económico de El Salvador.