La institucionalidad debe cumplir sus responsabilidades

Es lo que está ocurriendo en el caso de la elección de Fiscal General de la República y podría darse también, según se ven las cosas, en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Escrito por Editorial .Viernes, 19 junio 2009. Publicado en La Prensa Grafica. 

En un verdadero Estado de Derecho, no tendría que haber ninguna necesidad de instar a la institucionalidad para que cumpla con sus deberes legales, y menos aún cuando éstos tienen rango constitucional. Pero en nuestro ambiente se dan aún situaciones en las que la institucionalidad no sólo deja de cumplir lo que le corresponde sino que parece ajena a los reclamos legítimos para que lo haga. Es lo que está ocurriendo en el caso de la elección de Fiscal General de la República y podría darse también, según se ven las cosas, en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La elección de Fiscal estuvo, desde el principio, rodeada de sospechas; y el hecho de que, a estas alturas, haya aún tanta confusión al respecto, fortalece las sospechas de falta de voluntad real para ponerse de acuerdo. Diz que se fue depurando una lista de candidatos en la Asamblea, pero al final ninguno de ellos parece reunir suficiente apoyo para ser elegido. En tales condiciones, la única salida práctica sería que el FMLN y ARENA se dispusieran a buscar en serio un candidato aceptable, que reúna las cualidades que señala FUSADES en un comunicado publicado ayer: idoneidad, independencia y probidad. Y agregaríamos: experiencia y ecuanimidad.

Es penoso que haya que estar haciendo llamados públicos a las instituciones –en este caso la Asamblea Legislativa– para moverlas al cumplimiento de sus obligaciones elementales; y más penoso aún es que los llamados se queden en eso. No sólo es la responsabilidad institucional la que está en juego: es la credibilidad básica en el sistema la que se pone en riesgo. No hay justificación para que estas cosas pasen dentro de un proceso como el nuestro.

Un compromiso de seriedad

Por tradición en el ambiente, algunos cargos de alta sensibilidad para asegurar el mantenimiento de la legalidad vienen siendo rodeados de una especie de manipulación política permanente, de seguro en buena medida para poner límites a la vigilancia sobre las conductas de los que ejercen funciones públicas o bien para asegurarse fidelidades más allá de la que el cargo implica. Y es evidente que entre esos cargos de alta sensibilidad están el de Fiscal General de la República y las magistraturas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

En estos casos es necesaria la mayoría calificada en la Asamblea, y por consiguiente el acuerdo entre el FMLN y ARENA. Esto no tendría por qué ser una dificultad mayor, y sólo lo es porque entre dichos partidos nunca ha podido establecerse un mecanismo natural de entendimiento para aquellos casos en los que el mismo es imprescindible. Hay que recordar, por otra parte, que la figura constitucional de la mayoría calificada está puesta para inducir acuerdos más sólidos que los normales, no para producir atascamientos anormales en la toma de decisiones.

La democracia no sólo exige acatamientos formales a sus mecanismos, sino sobre todo plena conciencia puesta en hechos de las responsabilidades que acarrea. Esto último es lo que parece no acabar de entenderse por parte de los actores políticos en juego; de ahí que haya tantos problemas y obstáculos evitables a la hora de decidir y de actuar. No es justo ni tolerable.