La democracia, se sabe por experiencia universal, no es una conquista definitiva e inamovible en sí, sino un esfuerzo de práctica constante de principios, valores y normas, y de verificación responsable de esa práctica.
Escrito por Opinión. Jueves 02 de julio de 2009. Publicado en La Prensa Grafica.Hace semanas que se debió haber elegido Fiscal General de la República, conforme al plazo constitucional; el 30 de junio concluyó el que tenía la Asamblea para elegir a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia; y el mismo día 30, en el filo de vencerse este último plazo, declinaron su postulación los 2 miembros del CNJ que estaban aún en la lista de postulados, y los diputados de cuatro fracciones, incluyendo las del FMLN y de ARENA, tras negociarlo en Casa Presidencial, decidieron derogar un inciso de la Ley Orgánica Judicial para evitar que los magistrados que concluyen período siguieran en el cargo, anunciaron que van muy avanzadas las negociaciones para la elección de magistrados y que se abrirá la lista de candidatos a Fiscal.
Estas son buenas noticias. Lo que cualquiera se pregunta es por qué no haber hecho las cosas a tiempo. El coordinador de uno de los partidos grandes dice que habrá decisión sobre la Corte pronto y que tardarse no va a llevar al caos. No, al caos no; pero sí a la reiterada constatación de que pasar por alto los plazos constitucionales ya pareciera ser una cosa normal. Y eso no puede ser, bajo ningún concepto.
En cuanto al Fiscal General, va a ocurrir lo lógico, como lo señalamos desde hace mucho: que se abra la lista, para elegir bien, entre aquéllos que llenen, en forma inequívoca y reconocida por todos, los requisitos para ejercer la función. Se entiende que los partidos tengan simpatías y que haya recelos frente a personas determinadas; pero esos no deben ser los argumentos principales para definir la elección. A todos les conviene y nos conviene que haya funcionarios serios, capaces e independientes.
No repetir lo incorrecto
Un proceso democrático como el que venimos siguiendo los salvadoreños desde hace ya más de un cuarto de siglo es, entre otras cosas, un aprendizaje continuo y generalizado sobre los límites del poder en todos los órdenes y sobre las responsabilidades que a todos nos comprometen frente a la suerte de la democracia en nuestro medio. La democracia, se sabe por experiencia universal, no es una conquista definitiva e inamovible en sí, sino un esfuerzo de práctica constante de principios, valores y normas, y de verificación responsable de esa práctica.
Por eso, el hecho de que se salten mandatos como el que representan los plazos constitucionales no es un hecho marginal, sino que constituye un quebranto injustificable, que, de reiterarse, puede llegar a producir daños permanentes en el organismo democrático nacional. Y poner de ejemplo lo malo que se hizo antes –como la experiencia negativa de 1994, cuando se estaba eligiendo Corte Suprema por primera vez conforme a la actual normativa– para de alguna manera querer bajarle importancia el incumplimiento actual es inaceptable.
De lo ocurrido quedarán algunas lecciones sanas para que estas cosas no se repitan en el futuro: la insostenible incorrección que cometió el CNJ, la confusión inexplicable en que entró la CSJ, la desatención evidente de la Asamblea sobre el respeto a los plazos y el manejo inadecuado de los intereses partidarios cuando se trata de decisiones tan serias. Ojalá que haya autocorrecciones.
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