La Asamblea debe elegir funcionarios cuanto antes

En estos momentos, la misma Corte Suprema de Justicia está en crisis, y no sólo por la falta de un tercio de sus miembros, sino porque los 10 que quedan tampoco pueden ponerse de acuerdo.

Escrito por Editorial.Miércoles 08 de julio de 2009. Tomado de La Prensa Grafica.

De seguro como efecto de las ansiedades derivadas de la alternancia en el ejercicio del poder político, se han dejado pasar los plazos para que la Asamblea elija al nuevo Fiscal General, a cinco magistrados de la Corte Suprema y al Procurados General. Y no es casual, entonces, que sean los casos del Fiscal y de los magistrados los que despierten especiales forcejeos, por la naturaleza de las funciones que desempeñan. Es claro que por parte del partido ahora en el gobierno hay la intención de tener más influencia desde esos cargos; y también lo es que por parte del partido ahora en la oposición hay mucho temor de revancha desde esos mismos cargos. El resultado inmediato es el “impasse”, que puede derivar en elecciones muy mediatizadas por los respectivos intereses. Aunque no se reconozca así abiertamente, nadie duda de que lo que se está negociando son cuotas.

Resulta comprensible que las fuerzas políticas –tanto en el gobierno como en la oposición– tengan propósito de generar, en todas las posiciones que se pueda, correlaciones que les favorezcan; pero esto debe tener límites, grados y niveles. Lo que no es admisible, porque el proceso y el sistema institucional acaban siendo víctimas de ello, es que todo esto pueda desembocar en uno de dos males posibles: la “mediocrización” o el crudo reparto de puestos.

A estas alturas de nuestro proceso, cuando justamente se ha dado la alternancia, que es una gran oportunidad para fortalecer y ventilar los dinamismos democráticos, es contraproducente en todo sentido que las fuerzas políticas estén dando este ejemplo de irresponsabilidad, que no puede tener ninguna justificación.

Hay que respetar la legalidad

Uno de los pilares fundamentales de la sana convivencia democrática es el respeto irrestricto e incondicional a los mandatos que dicta la Constitución y otras leyes vigentes. Y esto, desde luego, no excluye los plazos que la Carta Magna establece. En el ambiente se ha venido reiterando una especie de descuido aceptado respecto de los plazos constitucionales, y esto, aparte de ser una violación a la legalidad establecida, constituye un muy mal ejemplo que afecta al imperio de la ley en general. ¿Con qué fuerza moral puede contar la institucionalidad para exigir que la ley se cumpla si ella misma la desconoce de manera tan abierta?

En estos momentos, la misma Corte Suprema de Justicia está en crisis, y no sólo por la falta de un tercio de sus miembros, sino porque los 10 que quedan tampoco pueden ponerse de acuerdo. No lo pueden hacer ni siquiera para solventar pacíficamente sus responsabilidades administrativas. Esto es un indicio de quebranto institucional, provocado, de seguro, en gran medida, por las crecientes contaminaciones políticas.

No podemos seguir en éstas. Y ojalá que los malos ejemplos en cadena que se han venido haciendo presentes en estos días no se sigan acumulando como precedentes para comportamientos futuros. Con buena voluntad mínima por parte de las fuerzas políticas y sus representantes, todo esto podría evitarse sin problemas. Es, pues, del sector político de donde debe emanar obligatoriamente el buen ejemplo. Sin excusas ni pretextos.