A fuego lento se cocina ley de Transparencia y acceso a la información

Escrito por Miroslava Rosales. Octubre. Tomado de  ContraPunto.

En El Salvador está en discusión la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Deudas por saldar, y que la nueva administración tiene por delante.

SAN SALVADOR - La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es impostergable. Ahora con el nuevo gobierno, el cumplimiento de los compromisos en la materia debe hacerse efectivos. Esta ley vendría a sumarse a los esfuerzos por “blanquear” el Estado, y permitirle así a la ciudadanía el acceso a la información más relevante para su condición.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), en su boletín de Estudios Legales, octubre 2008, reconoce que existe un “vínculo entre transparencia y acceso a la información y una democracia consolidada”.

Los ciudadanos delegan su poder en las instituciones y los funcionarios, y por lo tanto, necesitan estar informados de sus movimientos, sus decisiones, toda la información “que se deriva de la gestión gubernamental”. La transparencia “viene a ser un elemento intrínseco de la democracia”.

Esta ley tiene como finalidad, de acuerdo a Fusades, “establecer los mecanismos adecuados”, para que las personas puedan acceder sin obstáculos “a la información en poder de las entidades gubernamentales”.

Más transparencia permite que “ciudadanos vigilen el cumplimiento de las reglas del juego por la administración pública”, agrega el documento.

Para el Subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, esta  ley se necesita por dos razones: la transparencia no sólo recae en el Ejecutivo; es para todo el Estado y porque el problema de la transparencia no sólo es de este gobierno.

“Se necesita cambiar las reglas del juego”, dice a ContraPunto.

En la propuesta del grupo Promotor, se pretende que sean publicados los costos de los viajes financiados con fondos públicos para servidores públicos (art. 6); incluso los currículos vitae de los funcionarios públicos (art. 4), así el ciudadano podrá verificar si ese funcionario está en ese cargo por méritos.

Rodríguez sabe que otro aspecto esencial de la transparencia es la meritocracia. Ya en su discurso de toma de posesión el presidente Mauricio Funes se refirió al tema: “En nuestro  Gobierno quien tenga méritos será recompensado... En mi Gobierno se acabó el tiempo del padrinazgo y de la impunidad”.

En referencia a la información de las administraciones pasadas, el anteproyecto de ley del grupo promotor contempla la divulgación de la información que está en manos del Estado, y si esa “información abarca periodos anteriores y está en la actualidad a disposición se puede considerar”, explica la  Directora de Estudios Legales de Fusades, Claudia Umaña.

Así también la Subsecretaría de Transparencia está dispuesta a abrir los archivos. “Estamos dispuestos a revisar, no con espíritu de venganza sino de justicia”, aclara el funcionario.

Esta la ley tiene aplicación para todos los órganos del Estado, y aún para instituciones de carácter privado que manejen fondos públicos. Se convertiría la Subsecretaría de Transparencia en un “socio estratégico” de todas las instituciones involucradas en el tema.

Las discrepancias entre las dos propuestas de ley están referidas a la institución garante, quién nomina y cómo se conforma esa institución, los procedimientos son diferentes, la clasificación de la información y también hay diferencia en los procedimientos.

Entre los principales elementos de la propuesta del grupo promotor están el principio de máxima publicidad, es decir, “acceso es la regla, el secreto, la excepción”; legitimación activa amplia, lo que implica que no hay necesidad de justificar por qué solicita la información; legitimación pasiva amplia, en la que las instituciones públicas a todo nivel de gobierno están obligadas a brindar la información.

En la propuesta del Fmln, los principales puntos están referidos al tema de la transparencia, el acceso libre de la información pública, la eficiencia de las instituciones públicas, el fomento de rendición de cuentas en todos los servidores públicos.

Felices coincidencias
El Subsecretario de Transparencia agregó que la coincidencia en el apoyo a la ley es porque “el Fmln está comprometido con la transparencia y que al ex-partido en el gobierno hoy le conviene la transparencia”.

El diputado Ávila Quehl de Arena al ser cuestionado por qué no se aprobó en las administraciones pasadas una ley como ésta responde: “Nosotros teníamos tanta agenda de trabajo en otros temas”.

Puntos en discusión: la referida al nombramiento de los integrantes del ente rector. La propuesta del grupo promotor considera necesario que sea la Corte Suprema de Justicia. La del Fmln propone a la Asamblea Legislativa.

El Fmln ha mostrado también interés en su aprobación: “Nos interesa que los ciudadanos tengan acceso a información para combatir la corrupción y promover la transparencia en el ejercicio público”, expresó el diputado efemelenista Jaime Valdez al Diario El Mundo.

Una realidad por cambiar
Para Rodríguez, “los mecanismos para que la ciudadanía pueda acceder a la información están débiles”. Fusades reconoce que “en Centroamérica, El Salvador es el país con menos garantías legales en cuanto al ejercicio del derecho a la información pública”.

Muchos instrumentos legales reconocen el derecho de los ciudadanos a la información bajo el control del Estado. Así por ejemplo, El Salvador ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en su artículo 13 reconoce la libertad de pensamiento y de expresión. Eso comprende “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras”.

Del nuevo gobierno de izquierda la prensa ha demandado menos reserva de la información, una actitud más abierta de los titulares del Ejecutivo. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia David Rivas fue cuestionado, irónicamente, por la falta de una política de comunicación efectiva, en momentos en que el presidente Mauricio Funes ni siquiera estaba comprometido a dar una conferencia de prensa semanal, en donde los periodistas pudieran cuestionarlo sobre importantes temas.

Irónicamente porque Rivas fue, en sus días de presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), allá por el 2000, de los que más abogaba porque se abrieran esos derechos a la información.

No fue sino debido a la presión que Funes se vio obligado a abrirse un poco. Ahora ya da conferencias de prensa, en Casa Presidencial, cada quince días.

Una ley como ésta ha sido difícil de aceptar, porque implica “una nueva forma de gobernar, más de cara a la ciudadanía y eso obviamente genera algunas resistencia”, señala Claudia Umaña.

“En general, el poder político ha sido poco transparente, más propenso al secreto que a la transparencia”, reconoce Rodríguez. Ha quedado a discreción del funcionario si brindar o no información relevante del Estado. En un estudio del 2005, Fusades evidenció “que la opacidad era un problema generalizado en el sistema político salvadoreño”.

La primera propuesta referida al tema del acceso a la información pública fue lanzada por el Fmln, cuando el diputado Gerson Martínez el 25 de septiembre de 2008 presentó una ley al pleno legislativo y pasó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Luego, el 29 de octubre de 2008, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Fusades, presentó  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a la Asamblea Legislativa, y Arena le dio iniciativa de ley.

En el grupo promotor que impulsa la ley está conformado por Fusades, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la Universidad Dr. José Matías Delgado, el Instituto de Investigación Jurídica de dicha universidad, y otras organizaciones.

Fusades espera que para finales de este año se apruebe la ley. La Subsecretaría de Transparencia ha declarado públicamente su apoyo. Es más, empezarán a aplicar medidas para transparentar desde ya.

El diputo Ávila Quehl no se compromete con fecha para aprobación. “Nosotros la estamos impulsando, pero no podemos decir: ‘miren en octubre o noviembre’, porque puede ser que no estemos listos, no podemos ser audaces en eso”.

De no aprobarse la ley, la Subsecretaría “trataría de concretar mecanismos que plantea la ley y que esos mecanismos se apliquen vía decisión del Ejecutivo, en sus dependencias”. “Hay que hacer más que aprobar la ley de transparencia y es a lo que nosotros nos compete”, finaliza el funcionario.