¿Estamos a tiempo para solucionar el fenómeno de las pandillas? (III)

Escrito por Jaime Martínez Ventura. Jueves 01 de Octubre. Tomado de Diario Co Latino.

La “solución final” al problema de las maras, entendida como el exterminio generalizado de integrantes de pandillas e incluso de sus parientes o personas afines, es impensable para quienes creemos firmemente en el respeto de la vida de todo ser humano.

Además, dentro de un Estado Constitucional de Derecho, es imposible llevar a cabo la eliminación de miles de personas, por más que dicha medida llegara a contar con la aprobación de una mayoría.

En consecuencia, si bien por sentido común hay miles de personas que podrían estar de acuerdo con acciones de limpieza social como la que pusimos de ejemplo, el Estado, sus autoridades y funcionarios no pueden actuar conforme al sentido común, si no exclusivamente de conformidad a la ley.

Esa ley, entendida como el conjunto integrado por nuestra Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y el resto del ordenamiento jurídico, es la que impide que el Estado actúe como un vengador anónimo o como un Herodes contemporáneo. Por tanto, este tipo de propuestas de solución, como la introducción de la pena de muerte,  sencillamente deben ser descartadas.

Ahora bien, en lo que atañe a las respuestas sociales, la misma complejidad actual de la problemática pandilleril, obliga a que esas no sean cualquier respuesta. Es decir, no todo programa, proyecto o conjunto de acciones por más que tengan un carácter social, son la respuesta adecuada a este fenómeno.

La problemática de las maras ha crecido y se ha complicado tanto, que debe ser visto como un problema de nación y, en consecuencia, amerita que se le responda con políticas de Estado integrales, permanentes y sistemáticas, no con proyectos  o programas fragmentarios, temporales y dispersos.

Ese nivel de políticas públicas es el que a mi entender todavía no hemos alcanzado.

Los gobiernos anteriores tuvieron dos décadas para formular, aplicar y mejorar el enfoque de políticas públicas sobre este y otras graves problemáticas del país. Pero, debido al modelo neoliberal impuesto, en lugar de políticas de Estado lo que tuvimos fueron políticas corporativistas, favorecedoras de intereses de grupos o sectores sociales, no políticas de Estado interesadas en el bien común.

Ahora, el actual gobierno apenas ha comenzado su mandato pero ya ha expresado claramente su voluntad de instaurar verdaderas políticas públicas. En lo que corresponde al gabinete de Justicia y Seguridad, principal responsable de brindar tranquilidad a la población,  y a la Secretaría de Asuntos Estratégicos con la que se está coordinando, se tiene plena conciencia de la dimensión de esta problemática y de la necesidad de responderle con políticas públicas integrales.

Pero, sin desconocer las responsabilidades que tocan a cada quien, es urgente que a esta problemática se le responda desde el Estado en su conjunto y dentro de éste principalmente desde el Ejecutivo. Es necesario que nos demos cuenta que la nación es inviable si no encontramos una solución a este fenómeno tan extendido y tan pernicioso para la población.

Es hora de que todos y todas pongamos los pies en la tierra o, como dice el Ministro de Justicia y Seguridad, que pongamos las luces altas en el camino que estamos recorriendo en este nuevo e inédito gobierno.

La complejidad y expansión de las maras y pandillas en nuestro país requiere que todo el aparato estatal esté  especialmente orientado a contrarrestarlas, pero no con el tradicional enfoque asistencialista o altruista que invade a muchos de los programas que hasta ahora se han realizado, si no con una verdadera visión de políticas públicas entendidas como decisiones y acciones de gobierno para la gestión de grandes necesidades, demandas o derechos de la población, como salud, alimentación, vivienda, educación, trabajo, cultura, recreación y otras.

Políticas que deben estar basadas en procesos democráticos de información y planificación, orientadas al logro de objetivos y metas mediante el uso racional y eficiente de los recursos. Esta concepción básica debe tenerse en cuenta para saber diferenciar una política pública de un mero programa o proyecto que se caracterizan por ser fragmentarios, dispersos, precarios y de poco alcance.

Esa complejidad del fenómeno pandilleril requiere de contundentes respuestas desde las políticas sociales. Pero esas políticas no son cualquier respuesta. No es algo que debe asumir exclusivamente una institución o Ministerio, ni mucho menos un programa o proyecto en particular. Se necesita de múltiples intervenciones sociales, holísticas, amplias, sistemáticas, coherentes e integrales. Requiere que todos y todas quienes tenemos alguna responsabilidad dentro del Estado, nos levantemos cada día pensando en cómo desde nuestras funciones y competencias vamos a aportar a reducir o controlar esta problemática.

Para ello deben actuar  coordinadamente la totalidad o al menos la mayoría de organismos estatales, comenzado por los consejos municipales que son quienes tienen la legitimidad y representatividad para actuar en cada localidad.  Por supuesto se requiere del impulso y promoción del Órgano Ejecutivo, dentro del cual es indispensable generar una conducción unificada integrada por tres entidades claves: el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; la Secretaría de Inclusión Social y la Secretaría para Asuntos Estratégicos; instituciones que a su vez requerirán del acompañamiento y compromiso pleno de otras instancias que cuentan con los recursos, programas y proyectos que deben ser agrupados de manera ordenada y sistemática, como todos los ministerios integrantes del gabinete económico y social; la Policía Nacional Civil, la Academia Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Nacional de Seguridad  Pública, el Órgano Judicial, la Asamblea Legislativa y la cooperación internacional.

Sólo si somos capaces de desatar una invasión de políticas sociales en los lugares con mayor presencia de maras o pandillas, en vez de operativos de ocupación policial y militar,  podremos comenzar a recuperar la confianza de la población de dichos lugares en el gobierno local y nacional. Sólo así podrá disputarse el liderazgo que, por temor o por reconocimiento social, se han ganado las maras o pandillas. Pero será una disputa por las buenas, mediante medidas participativas e incluyentes en las que todas las partes salgan gananciosas y  no mediante el uso irracional de la fuerza que nos hace perder a todos.

En la medida que las personas integrantes de estas agrupaciones vean que en sus comunidades sus familiares, parientes y vecinos reciben todo el apoyo que merecen departe del Estado para superar sus problemas y enrumbarse hacia el desarrollo de sus potencialidades, en esa medida, la mayoría o una parte de ellos, cederán también a la idea de abandonar la violencia y optar por una salida que les permita integrarse a la sociedad de manera decente y productiva.