Por Gregorio Morán. Octubre. Tomado de Contra Punto.
La persecución de los migrantes en los países de destino ha sido la regla. Pero un estudio de las Naciones Unidas dice que los gobiernos receptores y de origen deberían hacer reformas que faciliten la migración controlada para promover el desarrollo humano, pues los migrantes dinamizan la producción.
SAN SALVADOR - Mientras algunos países receptores de cientos de miles de migrantes, como Estados Unidos, debaten cómo frenar a toda costa el fenómeno de la inmigración, invirtiendo millones de dólares en la persecución, el informe anual de las Naciones Unidas sobre el desarrollo humano denominado en 2009 “Superando barreras: movilidad y desarrollo humanos”, intenta darle a éste un giro más alentador.
“Para muchos habitantes de los países en desarrollo, abandonar su lugar de origen puede ser la mejor salida, y en ocasiones la única, para mejorar sus oportunidades”, dice el informe, en su introducción.
200 millones de personas en el mundo han abandonado su país de origen, para buscar en las naciones desarrolladas un mejor estilo de vida, revela el informe.
Solo El Salvador tiene en el extranjero el 14 por ciento de su población, esto equivaldría a un aproximado de 800 mil compatriotas, si se toma en cuenta que el Censo Nacional de Población realizado en 2007 reveló que el número de habitantes del país es de 5.7 millones; sin embargo, las autoridades salvadoreñas manejan una población de más de 2.5 millones de migrantes en todo el mundo.
El informe financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recomienda que tanto los países receptores como los de origen de los migrantes, deben adoptar políticas de beneficio social para éstos, porque ellos no son en realidad una carga negativa.
Por el contrario, “los migrantes dinamizan la producción a un costo muy inferior o incluso nulo para los residentes locales”, señala el documento.
Precisamente por ello el informe recomienda “reformas audaces”, para que en lugar de restringirse el movimiento humano se amplíen los sistemas para el trabajo realmente estacional en sectores como agricultura y turismo, y se aumente la cantidad de visas para personas poco capacitadas, haciendo depender su número de la demanda local.
Y aunque los responsables del informe advierten que esas recomendaciones no constituye una declaración de principios de las Naciones Unidas o del PNUD, es necesario que estas y otras reformas políticas sean impulsadas para asegurar el bienestar de los migrantes.
Las principales reformas propuestas se centran en seis áreas: abrir los canales disponibles para que más trabajadores puedan emigrar; velar porque se respeten sus derechos básicos; reducir los costos de transacción de la migración; encontrar soluciones que beneficien tanto a las comunidades de destino como a quienes llegan a instalarse; facilitar el traslado de las personas al interior de su propio país e incorporar la migración a las estrategias nacionales de desarrollo.
Deportaciones y exclusiones
Aunque muchas veces hacen el mismo trabajo y pagan los mismos impuestos que los residentes locales –dice el informe del PNUD— a menudo los inmigrantes carecen de acceso a servicios básicos y corren el riesgo de ser deportados.
Estados Unidos deporta regularmente a salvadoreños y salvadoreñas que viven y trabajan allí ilegalmente. La Dirección General de Migración revela en sus estadísticas que desde 2004 hasta agosto de 2009 fueron deportados 135 mil 201 compatriotas, la mayoría de ellos procedentes de Estados Unidos, seguido por México, Canadá, Belice, Puerto Rico, España, Nicaragua, Panamá, Suecia, Argentina, Costa Rica, Francia y Guatemala.
Entre enero y agosto de 2009, el número de deportados ascendió de 13 mil 19 salvadoreños y las autoridades de migración dicen que esto supone una reducción del 13 por ciento respecto a 2008, tendencia que se espera se mantenga para finales del año.
La posición del informe del PNUD contrasta con las políticas de represión impulsadas en el pasado por gobiernos como el de Estados Unidos por medio de su paquete de reformas antiinmigratorias conocidas como “HR 4437” aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en diciembre de 2005.
Las reformas conocidas como “Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Inmigración Ilegal" fue impulsada por el republicano James Sensenbrenner, propietario de la empresa Kimberly Clark que comercializa en Latinoamérica productos como Little Swimmers, Kleenex, Scott, Huggies, Pull-Ups, Kotex Poise, Viva y Cottonelle.
Incluso la reforma en el sistema de salud, que empuja actualmente el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tiene una declaratoria: la cobertura no incluye a los ilegales, unas 12 millones de personas. Como en la Roma Antigua donde votaban los romanos, pero no los esclavos.
En su discurso ante el Congreso buscando apoyo a la reforma sanitaria, Obama dijo que “hay quienes afirman que nuestro esfuerzo de reforma asegurará a los inmigrantes ilegales. Esto también es falso. Las reformas que propongo no se aplicarán a quienes se encuentran aquí ilegalmente”, según reportó La Prensa de San Diego, el pasado 18 de septiembre.
Pese a que la política de exclusiones, detenciones y deportaciones es la regla, algunos países se han ido abriendo, poco a poco.
Por ejemplo, Italia y España han reconocido que los inmigrantes no calificados sí aportan a sus sociedades y por ello decidieron regularizar la situación de quienes contaban con empleo. Canadá y Nueva Zelanda han establecido programas bien diseñados para migrantes estacionales en el sector agrícola y otros, señala el informe.
En Estados Unidos algunas medidas empiezan a aflorar en “beneficio” de los inmigrantes. Aunque aún es una propuesta, la secretaria de Seguridad Interna de aquel país, Janet Napolitano, habló de una serie de planes que incluirían el resguardo de los indocumentados en albergues especiales para no mezclarlos con delincuentes en las cárceles done aguardan a la espera de un proceso penal. No obstante, las autoridades locales harán una escogitación entre migrantes no violentos y no peligros de los que sí lo son.
Esto supondrá incluso una ventaja económica para Estados Unidos, pues de esta manera se reducirá el costo de 100 dólares diarios a 14 para la manutención de los inmigrantes supuestos a deportar.
Las autoridades salvadoreñas han expresado su temor desde hace años de no poder atender a los inmigrantes deportados, precisamente por la frágil economía del país, situación que probablemente sea similar al resto de países subdesarrollados cuyos ciudadanos buscan en otros países desarrollados mejores expectativas de vida.
El PNUD de alguna manera acoge estas preocupaciones, pero al hablar de reformas políticas no solo quiere involucrar a los gobiernos de países receptores y de origen de migrantes, sino a los migrantes mismos.
El argumento básico es que, cuando los cambios se adaptan al contexto específico de cada país, pueden expandir aun más las contribuciones de la movilidad de las personas al desarrollo humano, contribuciones que ya de por sí son enormes, dice el informe.
Las remesas a la baja
Las remesas cumplen una función importante: diversifican las fuentes de ingreso familiar y sirven de colchón ante dificultades como enfermedades o conmociones más generales causadas por crisis económicas, conflictos políticos o caprichos de la naturaleza, como lo ha establecido el PNUD.
Por ejemplo, según el PNUD, la merma en las cosechas debido al clima en El Salvador aumentó en 24% la probabilidad de que los hogares enviaran a uno de sus miembros a trabajar a Estados Unidos.
Pero ante la crisis económica mundial, pese al esfuerzo de los migrantes, se prevé que el descenso en el envío de remesas hacia El Salvador, seguirá cayendo de forma dramática, igual suerte corren Bangladesh, Egipto y Filipinas.
Las remesas, agrega el documento, no pueden ofrecer seguridad contra los efectos de la actual recesión económica mundial, ya que los trabajadores migrantes en casi todas las latitudes están sufriendo limitaciones laborales, justo cuando sus familias más apoyo necesitan. Se proyecta que las remesas a los países en desarrollo bajen de US$308.000 millones en 2008 a US$293.000 millones en 2009
A nivel local, en los primeros cinco meses del presente año, la cantidad de remesas recibidas en El Salvador fue de 1 mil 444 millones, contra los 1 mil 604 millones que recibió en el mismo período de 2008, es decir que hubo una reducción del 10 por ciento, según el Banco Central de Reserva.
A juicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estas condiciones difíciles de los migrantes y de los países de origen, podrían cambiar generosamente, si se dan las reformas políticas propuestas.
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