El combate a la inseguridad

Editorial. 05 de Octubre. Tomado de El Faro. 

Es imposible encontrar hoy un asunto en El Salvador que merezca mayor atención pública que la violencia y la inseguridad.

Con 13 muertos diarios en promedio, vivimos en el país más violento del continente y estamos en los primeros lugares mundiales.

Las estrategias implementadas en los años anteriores han sido totalmente fallidas y de su mano aumentaron los índices de homicidios y el crimen organizado penetró las instituciones de seguridad pública. Aumentaron los gastos en esta materia y se multiplicaron los contratos privados de seguridad a tal grado que, paradójicamente, El Salvador es uno de los países que más gasta en seguridad y sigue siendo el más inseguro.

Mientras una generación de jóvenes crece desangrándose, atrás viene otra, acostumbrada desde los primeros años de vida a ver la violencia como algo normal. Cuando estos niños crecen y alcanzan la adolescencia enfrentan una disyuntiva: o se convierten en víctimas o en victimarios. O se van del país. No hay muchas más opciones.

Ahora, con una nueva administración guiada por otra visión, es urgente replantear toda la estrategia de combate a la delincuencia y hacerlo con suficiente creatividad y honestidad para evitar este desangramiento terrible.

Los planes de prevención y disuasión, que este gobierno dice querer implementar, son necesarios y urgentes. Auguran el abordaje del combate a la violencia de una manera integral y con perspectivas a mediano y largo plazo. Hay en el mundo muchas experiencias alentadoras en este sentdo, que pasan por la utilización de espacios públicos ordenados, seguros y funcionales y de la integración de comunidades en la denuncia y la seguridad. Que pasan también por repensar el papel del Estado en esas comunidades de riesgo que ahora componen casi todo el territorio.

Estas estrategias son necesarias y urgentes, pero insuficientes. Con los actuales índices se requieren medidas audaces e inmediatas, que arrojen resultados efectivos a corto plazo.  La depuración de la PNC, un proceso en marcha, debe ir acompañada por una mucho mayor coordinación y eficiencia con la fiscalía y por la presencia de más agentes en más comunidades. Y ello, a la vez, necesita de procesos de inspección y evaluación de todo el sistema judicial.

El gobierno de Funes enfrenta hoy un grito de angustia de la ciudadanía, que vive atemorizada y que pide soluciones urgentes. Se equivoca el presidente y sus asesores cuando insisten en que los medios son corresponsables por instigar el miedo en la población. Cuando quedan solo 6 municipios en todo el país libres de homicidios, la situación es perceptible por todos, todos los días, en todos lados.