Cómo perder 42 millones de dólares sin que nadie se dé cuenta

En 2002 la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo de 42.4 millones de dólares. Casi 7 años después, la Corte Suprema desempolvó el caso para declarar inconstitucional la manera en que se aprobó, pero su resolución no perjudica a nada ni a nadie, pues aquel empréstito que recibió luz verde nunca llegó a El Salvador. Esta es la historia de cómo el país perdió 42.4 millones de dólares.

Escrito por Jimena Aguilar y Sergio Arauz.05 de Octubre. Tomado de El Faro.  

Con 42.4 millones de dólares, el alcalde Norman Quijano podría financiar el 70.6% de su sueño del metrobús, y el gobierno de Mauricio Funes podría construir 28 complejos del proyecto Ciudad Mujer, en lugar de los 14 anunciados. Hace siete años, El Salvador tuvo en su  bolsillo un cheque por 42.4 millones de dólares, que terminó perdiendo por un descuido de los diputados.

Hace siete años, la Asamblea Legislativa logró el milagro de reunir los votos suficientes para aprobar un préstamo internacional, de esos a los que el partido FMLN se había empecinado en rechazar, aduciendo que el gobierno del partido Arena no entregaba cuentas claras. Era 2002, año preelectoral, y Arena logró los 56 votos que andaba buscando.

El crédito lo daba el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tenía como destinatario al Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) de El Salvador. El fin, dice el decreto, era financiar un programa global de crédito multisectorial. Este programa apoyaría el desarrollo de la empresa privada, especialmente de la mediana y pequeña empresa, fortalecería la capacidad de instituciones intermedias para atender recursos a largo plazo y apoyaría mecanismos financieros del sector rural y de agricultura.

Ese dinero, que en aquellos meses posteriores a la destrucción de los terremotos de 2001 eran muy apetecidos, se perdió. Pese a que la Asamblea juntó más de los 56 votos necesarios para aprobarlo. Es que, a pesar de haber roto esa barrera, los diputados lo hicieron mal. El 21 de septiembre de 2002 se aprobó el decreto legislativo N° 957, que establecía la aprobación del préstamo. Ahí se establecía que el préstamo se pagaría en 25 años y que habría 5 años de gracia adicionales. Pero esos plazos no eran ciertos. El acuerdo fue mal redactado, ya que el BID establecía un plazo de 20 años y otorgaba 5 de gracia. Los diputados se equivocaron y así los 56 votos no sirvieron para nada, aunque el decreto incluso salió publicado en el Diario Oficial y nunca se rectificó. Por lo tanto, se convirtió en oficial.

El BID solo estaba esperando la aprobación del decreto legislativo para firmar el contrato y darle el dinero al BMI. Cinco meses antes de la aprobación del decreto, el 3 de abril de 2002, el BID publicó un boletín en el cual anunciaba el beneplácito del préstamo el cual estaría “destinado a ofrecer crédito de largo plazo al sector privado para incrementar su competitividad y productividad”.

Según el BMI, el decreto legislativo estaba mal redactado y por eso el BID no quiso autorizarlo. “El decreto decía que el plazo para este préstamo era de 25 años, incluyendo el periodo de 5 años de gracia. Y el BID lo que había aprobado era un préstamo con un plazo de 20 años que incluían 5 años de periodo de gracia”, comenta Matty Iglesias, gerente de comunicaciones del BMI.

Según Iglesias, se trató de modificar el decreto legislativo, pero ese año ya no se autorizaron más préstamos debido a conflictos entre las dos bancadas mayoritarias en la Asamblea y la modificación ya nunca se pudo realizar. El decreto se enfrió y murió.

El nacimiento del préstamo

Alrededor de las 4:30 de la tarde del 21 de septiembre de 2002 en la Asamblea Legislativa se estaba llevando a cabo una sesión plenaria. Los diputados ya habían aprobado un préstamo por 100 millones de dólares, estaban a punto de aprobar el préstamo del BID y luego aprobarían dos préstamos que juntos sumaban 40 millones de dólares. El diputado Dagoberto Marroquín leyó el dictamen N° 538 de la Comisión de Hacienda, el cual era “favorable” a la aprobación del decreto legislativo N° 957, el decreto que era impreciso en cuanto al plazo del pago.

Nadie se dio cuenta de que el decreto no coincidía con el acuerdo que se hizo con el BID. En realidad muchos de los diputados no prestaron atención a lo que Marroquín leía. Tanto era el desinterés de los legisladores que Walter Araujo, presidente de la Asamblea Legislativa en ese momento, tuvo que llamarles la atención: “Le suplico a los señores diputados tomar sus asientos, después hay reclamos y estamos votando préstamos que requieren más de lo normal y para que los vean y no haya problemas y luego me regañe el diputado Centeno, les pediría que todos tomen sus asientos”.

Pero sí hubo problemas. Esta fue la única intervención que se hizo antes de votar por el decreto. No hubo comentarios ni a favor, ni en contra de su aprobación, que se logró con 58 votos. En ese momento, un grupo de diputados disidentes del FMLN y otro grupo de independientes arrebataron la llave de los 56 votos al Frente. El líder de la bancada disidente era Nelson Ávalos, dirigente del desaparecido Movimiento Renovador, que tomó relevancia mientras tuvo la llave de la mayoría calificada.

Transcurridos seis años y 11 meses desde ese 21 de septiembre en que se aprobaron esos tres préstamos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que el decreto legislativo nº 957 era inconstitucional, el mismo decreto que se aprobó, pero el cual no rindió frutos por estar mal redactado.

La Sala de lo Constitucional declaró que el decreto legislativo es inconstitucional debido a que no fue discutido en el pleno legislativo sino que simplemente se leyó y aprobó el decreto, violentando así los artículos 134 y 135 de la Constitución.

La sentencia de la Corte explica que una ley puede hacerse de manera constitucionalmente legítima solo después de que las diferentes fracciones hayan expuesto sus diferentes puntos de vista, fomentando así el carácter de pluralidad del Órgano Legislativo. “Todo proyecto de ley debe de ser discutido, previamente a su aprobación; esto significa que no basta con los votos del parlamento para que haya ley, sino tiene que haber deliberación, es decir, un debate (…) madurándose así la decisión definitiva, la que debe estar basada en el principio de libre discusión”, se lee en la sentencia.

La declaración de inconstitucionalidad fue dada por la corte casi siete años después de que este decreto se aprobara, siete años en los que teóricamente el dinero ya se tendría que haber invertido en el desarrollo del sector privado.

El tiempo ha pasado y aparentemente los diputados nunca se enteraron de lo ocurrido con este dinero. Inmar Reyes, uno de los efemelenistas que puso la demanda de inconstitucionalidad, comentó que la resolución de la Corte es muy tardía, pero no sabía que los 42.4 millones nunca fueron desembolsados: “¿Por qué esperar tanto tiempo para que la Corte venga a resolver de un caso ya consumado? Lo que nos ha quedado a nosotros es cumplir y honrar estos préstamos porque esta plata ya se gastó. Ahora ya no sabemos si en verdad se invirtió para los fines que estaban ahí”.

A pesar de que él y varios de sus compañeros de fracción pusieron el recurso de inconstitucionalidad en la Corte, Reyes no le dio seguimiento a lo ocurrido con el préstamo y asumía que todavía se estaba pagando el dinero que se prestó. Milena Calderón, diputada de la bancada de Arena –al igual que Reyes- desconocía qué había sido del préstamo. Al comentar sobre el fallo de la Corte, hace un mea culpa, pero siempre recordando que ninguna bancada legislativa generó el mínimo debate antes de aprobar el préstamo, incluyendo al FMLN. “Quiero recordar que en aquel momento el FMLN como partido de oposición siempre presentaba posiciones de obstaculizar todo préstamo que viniera a la Asamblea, no importando las necesidades de esos montos que se necesitaban en ese momento”.

Mario Ponce, diputado por el PCN, asumía que el dinero del préstamo ya se había utilizado y que por esta razón dijo que no había problema alguno con que la Corte lo hubiera declarado inconstitucional. “Si lo vemos desde cualquier punto de vista, no podemos echar marcha atrás porque efectivamente el préstamo ya se ha invertido en las obras que obviamente tenía que invertirse. No le veo yo mayores consecuencias”.

Después de siete años, nadie se acuerda de lo ocurrido con 42.4 millones de dólares que se perdieron por negligencia de los diputados. Los legisladores perdieron ese dinero en el mismo momento en que lo aprobaron, cuando no se molestaron en discutir ni un solo punto del decreto.