El tema más sensible para familias con hijos en colegios privados es el costo del servicio. El monto de la matrícula, las cuotas mensuales, los libros de texto, los materiales, las actividades especiales y cualquier cosa que se les ocurra a los administradores tiene impacto en la economía familiar más que en la calidad del servicio. Es obvio que el incremento anual de las cuotas impactan directamente la economía familiar porque el presupuesto tiene que aguantar con uno, dos o tres niños/as que están matriculados en el mismo centro escolar. La realidad es que el ingreso familiar no cambia de un año a otro ni con la velocidad que han cambiado los precios de los alimentos, el transporte y otros rubros que deben cubrirse con el presupuesto familiar.
Hay colegios que cobran por encima da la capacidad de pago de la gran mayoría de salvadoreños. Son los bilingües que usualmente son administrados por asociaciones privadas sin fines de lucro con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Gobernación. Hay otros destinados a cubrir la demanda de un grupo poblacional más amplio, que es la clase media-media y media baja. Han surgido y se mantienen para aprovechar el derecho constitucional que tienen los padres y las madres de escoger libremente la educación de los hijos. Pero, y esto debe tenerse presente, la Constitución de la República establece que “los centros de enseñanza privados estarán sujetos a reglamentación e inspección del Estado”. El Estado tiene la responsabilidad de reglamentar cualquier aspecto que considere necesario para asegurar el derecho a la educación, el logro de los fines de la educación y en esta tarea debe velar por la protección y el bienestar económico, social, cultural de la familia. La educación privada tiene un mercado cautivo y no tiene cheque en blanco (vea los artículos 57 y 32 de la Constitución de la República).
En la publicación de la semana recién pasada del Colegio García Flamenco y la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, llama la atención su protesta por lo que llaman “excesivo control estatal” y limitación al sector privado a la “posibilidad de mejorar la calidad educativa” obstaculizando la contribución de los padres de familia. ¿Excesivo control? Los ingresos familiares son limitados y siendo la educación un derecho, no puede estar condicionada a la libre decisión e interés de lucro de los propietarios. Por esto la ley establece que al menos el 25% de los padres de familia debe aprobar incrementos anuales en las colegiaturas. Los padres del Colegio García Flamenco en el derecho que les da la ley no aceptaron el incremento de las cuotas escolares y por esto, los administradores se “ingeniaron” nuevas formas de conseguir dinero. Con justa y sobrada razón, algunos padres y madres protestaron ante el Ministerio de Educación. Y protestaron porque sus ingresos son fijos y limitados. Y con justa y sobrada razón, el ministerio cumplió con lo establecido en la ley.
En ese colegio estudian mis nietos. A mi gusto, es un colegio que vende marca. Cambian maestros/as a medio año, el tamaño de las secciones es de cuarenta o más, la relación con los padres y las madres que a mi gusto deja mucho que desear, se les olvidan que son niños los que tienen a su cargo y no adultos. Tengo largas y críticas conversaciones con mi hija sobre el tema. Seguiré insistiendo que en el sector público hay escuelas con estándares muy por encima de este colegio privado que tiene una cuota mensual elevada.
El comunicado del Colegio García Flamenco fue secundado por el de la Asociación de Colegios Privados que afirma que “mejorar la calidad de la educación privada se hace vía aumento anual de la colegiatura”. No quieren regulación en el cobro porque “se castiga el modelo de educación privada y se arrebata a los administradores la potestad de tomar decisiones sobre colegiaturas”. Ante semejantes afirmaciones, me pregunto con mucha inquietud: ¿Ignoran que la calidad de la educación depende del maestro y la maestra? ¿Ignoran que la diferencia de un buen servicio la hace la profesionalidad, la visión, el compromiso, la planeación conjunta sobre resultados esperados y la mística de trabajo? Reducir la calidad de la educación a la cuota mensual está muy pero muy lejos de lo que se espera del servicio privado y demuestra ignorancia de investigaciones sobre el tema. El ministerio debe regular este servicio. Si los privados no entienden las razones de la regulación, seguramente están en el negocio equivocado.
Escrito por Sandra de Barraza. Publicado en LA PRENSA GRÁFICA
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