SAN SALVADOR - Superados los comicios presidenciales del 15 de marzo, los medios de difusión locales comenzaron a fijar “nuevamente” su mirada en la ola de criminalidad que golpea a los salvadoreños desde 2004, y que ha convertido a este país en uno de los más violentos y peligros de América Latina y el mundo, según han revelado los mismos datos oficiales.
En la última semana, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, René Figueroa y funcionarios de la Policía Nacional Civil (PNC) han reconocido un “repunte” de hechos delictivos y del número de homicidios, y sin dar mayores explicaciones de las causas se han comprometido a “seguir trabajando” por contrarrestar el accionar de la delincuencia, por medio de operativos y retenes policiales.
De acuerdo a publicaciones periodísticas, basadas en estadísticas de la PNC, 1.043 salvadoreños fueron asesinados entre el uno de enero y el 30 de marzo de este año, con un promedio de 11,36 crímenes por día.
Especialistas en seguridad pública y violencia juvenil, sin embargo, consideran que el número de crímenes nunca mermó. Más bien señalan que el gobierno “ocultó las cifras” durante el periodo electoral por intereses electorales.
“Es una alza que se mantuvo previo a las elecciones pero no se dieron a conocer estas cifras”, para no poner en entredicho la gestión gubernamental actual, “ya que se planteaba como un elemento desfavorable para el gobierno”, aseguró a Contrapunto Jaime Martínez, coordinador de la Unidad de Justicia Juvenil (UJJ) de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.
El mismo juego parece que imperó a la hora de esconder las alzas en la gasolina. Previo a los comicios los precios se mantuvieron estables, pero pasado el proceso electoral –y la pérdida del Ejecutivo —se comienzan a ver subidas en el costo de los hidrocarburos, y ya van tres aumentos en cosa de dos semanas.
La fotógrafa salvadoreña Lissette Lemus, ganó el premio World Press Photo, afirmó que su imagen se convierte ahora en una denuncia internacional de una realidad salvadoreña: la violencia.
Para Martínez, los datos sobre criminalidad se escamotearon deliberadamente para no debilitar la imagen del candidato presidencial, Rodrigo Ávila, del partido en el gobierno, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), quien en dos ocasiones fungió como director de la corporación policial.
Martínez subrayó que la ola de homicidios es una “secuencia del alza que la criminalidad ha tenido desde hace ya años y que se ha vuelto más compleja de resolver”, pese a las “insistentes políticas de manodura”, que privilegiaron la represión policial sobre un “énfasis de prevención integral” del delito.
Entre enero 2003 y septiembre de 2008 casi 19.000 salvadoreños fueron asesinados como consecuencia de la crisis de violencia y criminalidad que azota al país, 80 de cada 100 fueron cometidos con un arma de fuego, lo que provocó que en ese último año, se alcanzara la tasa de 61 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a datos del Instituto de Medicina Legal (IML), dependencia de la CSJ.
La denominada Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), cargó con un aproximado del 40 por ciento del total de homicidios y otros delitos graves.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), una proporción “normal” de criminalidad está en el rango de cero a cinco asesinatos cada 100.000 habitantes pero cuando se exceden los 10 por ese mismo porcentaje de población, la situación se vuelve "epidémica".
A esta tragedia humana se le suman los costos económicos y sociales, que de acuerdo con un estudio del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), encargado a Carlos Acevedo, economista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con datos de 2006, la ola delictiva se tragó en El Salvador 2.010 millones de dólares; es decir, casi 11 por ciento de su producto interno bruto, PIB.
Tanto el gobierno del ex presidente Francisco Flores (1999-2004) como el del presidente Antonio Saca, impulsaron planes y programas para afrontar los altos índices de violencia pero con predominio en la estrategia de “Manodura” (desde septiembre de 2003) y “Súper manodura” (desde agosto 2004).
Organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, la Iglesia Católica y organismos internacionales han presentado una serie de estudios y recomendaciones enfiladas a prevenir la violencia, pero el gobierno los ha ignorado, han denunciado representantes de algunos de esos organismos.
Emprender un nuevo modelo
“El nuevo gobierno (de Mauricio Funes) tiene que trabajar en temas de prevención para frenar la violencia”, manifestó a mediados de marzo la Jueza Aída Santos de Escobar, quien ha mantenido fuertes críticas al sistema de justicia y ahora es parte del “equipo de gobierno” del presidente electo.
En declaraciones al vespertino Co-Latino, la operadora de justicia señaló que apoyará en la identificación de “las causas que inciden en la violencia y la delincuencia”, y subrayó que la política social es fundamental para prevenir la criminalidad.
Martínez comparte esa visión y señaló que el próximo gobierno debe fortalecer la prevención integral, abriendo espacios de participación de las municipalidades, organizaciones de la sociedad civil y demás ciudadanía.
Esa política preventiva, fundamentalmente, debe “hacer valer los derechos de la población a la educación, trabajo, recreación, vivienda y empleo digno”, añadió el abogado de la CSJ.
Para Martínez, la “disuasión policial, utilizando la inteligencia policial tendiente a la prevenir delitos, por medio de retenes y patrullajes pero con información sobre posibles hechos delincuenciales”, y no al ‘azar’, como los realiza actualmente la PNC -sin tener resultados efectivos-, es otro factor esencial de la nueva estrategia que debería impulsarse.
Al gobierno de Funes le corresponde enviar “mensajes claros de que no se va a permitir la impunidad”, principalmente dirigidos aquellos sectores que se han aprovechado de la ausencia de la aplicación de las leyes; no sólo a la delincuencia común, miembros de pandillas u otros grupos.
Se deben detener aquellos “peces gordos, relacionados a delitos de cuello blanco y al crimen organizado”, puntualizó Martínez.
Durante años, funcionarios del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) criticaron insistentemente las fallas y arbitrariedades de las estrategias de combate a la delincuencia de los gobiernos de Arena y presentaron varias propuestas de cómo enfrentar la crisis de violencia.
El presidente electo, cuando fungía como periodista y ya como candidato presidencial, señaló que una de las debilidades centrales de esos gobiernos, era precisamente la seguridad pública.
Ya convertido en presidente de la república el uno de junio, Funes tendrá en sus manos la posibilidad de implementar un nuevo modelo de seguridad ciudadana que, tras el restablecimiento del Estado de derecho y el apego a las leyes, supere el ambiente de zozobra e incertidumbre en que viven los salvadoreños y recupere su tranquilidad y confianza en las instituciones destinadas a brindarles seguridad y protegerlos.
Por Raúl Gutiérrez, Publicado en Contrapunto.
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