Es incompatible comunismo con Orden de Derecho

Ceñir nuestros actos y creencias a principios morales y la fe en la libertad, es el vínculo que nos une a las reales democracias y nos permite incorporarnos al mundo globalizado.

Pretender que un comunista asuma la presidencia de la Corte Suprema, o para el caso para cualquier magistratura, es violentar la idea misma de la impartición de justicia, que debe ser no sólo apolítica e imparcial, sino también ajustada a lo que es lo esencial del Derecho, de la moral y de la razón.

Es muy difícil para una persona informada, ignorar lo que es y ha sido el comunismo, aunque se cubra con el barniz de "socialismo". Desde que Marx lo formuló en su manifiesto de 1948 y más tarde en Das Kapital, la doctrina equivale a la negación de principios morales, el rechazo al Estado de Derecho, el pisoteo de toda norma de convivencia pacífica, la burla a la lógica. El comunismo busca suplantar la jurisprudencia que es el magnífico legado de la civilización occidental, antigua en milenios, por el credo de la envidia, el odio y la violencia.

Cuando un movimiento comunista llega al poder, inicia un proceso de coartar libertades, centralizar, socavar y, eventualmente, destruir la institucionalidad, suplantando la ley por decisiones ajustadas a cada problema o situación que se presenta.

Es muy improbable que un juez que no cree en la ley, falle ciñéndose a su espíritu y su letra. Si además ese juez o magistrado considera que es su deber "moral" desmantelar el Estado de Derecho para suplantarlo por la justicia revolucionaria, su función se convierte en un permanente esfuerzo por generar contradicciones, debilitar la confianza de una sociedad en su jurisprudencia y armar un tinglado de intereses y redes de influencia para burlar el sano criterio y la correcta práctica.

Principios morales unen a las democracias

No es válido argumentar de que si antes se nombraron magistrados con vínculos partidistas, ahora puede procederse a elegir a militantes activos de la extrema izquierda. La diferencia fundamental estriba en una cosa: los abogados de todos los partidos con excepción del partido comunista, creen en el Orden de Derecho, en la democracia representativa, en las libertades fundamentales de la persona, en la moral y la razón. Su pensamiento y su formación se basa en las grandes tradiciones jurídicas de Occidente, en el Derecho Romano, en lo que se plasma en el Código de Justiniano y lo se ha venido decantando y refinando a lo largo de dos milenios.

Esa jurisprudencia a la que juran lealtad los profesionales del Derecho no comunistas y aunque luego no cumplan, es el común patrimonio espiritual y legal de las grandes democracias, de todas las naciones libres sobre la tierra. Ninguno cuestiona la validez ética y lógica del Orden Jurídico de nuestro país, ni lo objetan o combaten juristas o gobiernos de los países democráticos. No nos inventamos nada, sino que hemos aplicado y en ocasiones adaptado, lo que es ley en Francia, en Corea del Sur y en toda nación libre.

Compartir esa ley, ceñir nuestros actos y creencias a principios morales y la fe en la libertad, es el vínculo que nos une a las reales democracias y nos permite incorporarnos al mundo globalizado.

Los abogados del comunismo atribuyen a intereses de clase (la burguesía) principios que se encuentran en el pensamiento de los estoicos, en Cicerón y Santo Tomás y cuyas raíces se remontan a los babilonios en el tercer milenio antes de Jesucristo.

 

Editorial tomado de El Diario de Hoy Domingo 5 Abril 2009.