Si en junio de 2004 Antonio Saca llegó a la presidencia advirtiendo que se había acabado la hora de los “malacates”, cinco años después la hora que se termina es la de su administración, con un notable aumento de homicidios promedio con respecto a los poco más de 7 con que recibió la presidencia de El Salvador.
Hasta ahora, ninguno de los planes puestos en marcha por su gabinete ha funcionado.
La Policía es incapaz de prevenir el continuo derramamiento de sangre; la Fiscalía y los jueces son incapaces de enviar el claro mensaje de que un crimen no quedará impune; la Dirección de Centros Penales es incapaz de readaptar a los internos (de hecho, incapaz de evitar que sean los internos los que manden ahí y, desde ahí, comanden grandes redes criminales).
En un gobierno mediático, en materia de seguridad pública la administración Saca tuvo un leve respiro con la crisis económica (que comenzó el año pasado con la energética y la alimentaria): a juzgar por las encuestas, el desempleo y la crisis económica desplazaron a la inseguridad como la principal preocupación de los salvadoreños y, por lo tanto, aliviaron la presión mediática y social para que el gobierno actuara ante una emergencia que se ha llevado a más de 15 mil salvadoreños desde 2004. Pero el cambio en la lista de preocupaciones de los ciudadanos no se debió a mejorías en la seguridad pública, sino a las dimensiones de la crisis.
La campaña electoral también le sirvió al gobierno para evitar el tratamiento público del problema. Pero los homicidios, este año, han vuelto a repuntar a más de 11 diarios en promedio. El sistema completo ha fracasado, con consecuencias tan graves como la pérdida de miles de vidas. Y el gobierno debe no sólo aceptar este fracaso, sino dar las explicaciones pertinentes, comenzando por las cifras reales.
Las políticas de seguridad pública fueron demostrando, a medida que se toparon con la realidad, ser erróneas, ineficientes e incluso contraproducentes. A pesar de ello, la administración Saca no rectificó. Se amparó en el discurso para maquillar su inoperancia y protegió a los principales responsables de esas políticas fallidas. De las cifras manipuladas a los fideicomisos para reforzar el aparato de seguridad pública o la determinación del fiscal y del Ministro de Seguridad para dar a conocer casos que tenían más objetivos electorales que de justicia. Nada de esto impidió que empeorara la situación y que aumentaran los muertos. Nada de esto mejoró la confianza ciudadana en el sistema. Nada de esto disminuyó la rampante impunidad en todos los sentidos y a todos los niveles.
El último mes y medio de gestión presidencial debería, al menos, dedicarse a la rendición clara de cuentas, a explicarle al país de manera transparente qué falló, por qué deja su administración con un sistema de seguridad pública en crisis, una población desprotegida por el Estado, indefensa y sometida al accionar de extorsionadores y homicidas y alarmantes señales del avance del crimen organizado a gran escala.
La situación amenaza con agravarse aún más ante la combinación letal de dos circunstancias: crisis económica e impunidad.
Es urgente cambiar radicalmente un sistema fracasado de seguridad pública que nos tiene contando muertos diarios por decenas. Si esperamos hasta el 1 de junio, tendremos 500 salvadoreños menos. 500 salvadoreños que hoy, aún, están vivos.
Editorial de El Faro
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