El ambiente ha cambiado a partir del 16 de marzo. Muchos no salimos de la sorpresa al escuchar declaraciones de unos y de otros. Mantenemos la sorpresa de no escuchar de “los buenos”, lo de siempre y de “los malos”, lo que se acostumbra. La moderación y el cuidado con la palabra se están recuperando. Públicamente se está recuperando el arco iris, el multicolor, la variedad, la brillantez... ¿Por conveniencia? ¿Por convicción? ¿Por falta de ideología? ¡Quién sabe, pero no importa! Lo que interesa mantener y fortalecer es la autoestima y la estabilidad para generar confianza en nuestra capacidad de hacer de nuestro país un espacio vivible, productivo y en democracia. Recordar y practicar que “no hay fuerza sin resistencia”, servirá para no echar leña al fuego, a ese fuego emocional que provocó la campaña electoral.
¿Emocional? Si, la campaña electoral tiene efectos secundarios incalculables en los niños y las niñas de nuestro país. Ellos, los que irónicamente ahora tienen una ley que les protege, sufren los efectos de la campaña electoral que se ocupó de estimular ansiedad, miedo, desconfianza y desarraigo. ¿Exagero? Me gustaría escuchar a los maestros y las maestras del país pronunciarse sobre esto porque he vivido y conocido experiencias que merecen reflexión. Nana –me preguntó mi nieto–, ¿si el Frente gana, nos vamos a ir a otro país? Mi respuesta fue categórica. “No; este es nuestro país y acá vamos a vivir. No tenemos nada que ir a hacer a otra parte del mundo. En democracia, un día gobierna uno y otro día gobierna otro. En democracia no todos somos militantes ni simpatizantes del mismo partido y más de vale aprenderlo desde ahora”. No contribuí con la comprensible ansiedad y preocupación infantil.
Después de las elecciones, he enriquecido mi vivencia. “Papá, ganó Mauricio, ¡vámonos a Miami! Mamá, ahora que ganó Mauricio, ¿te van a quitar el trabajo?” La ansiedad y el miedo permearon toda la estructura poblacional. ¿Eso explica el resultado de las elecciones infantiles? Y he escuchado que algunos maestros simpatizantes del partido oficial pintan a los niños o a las niñas... ¡el Rojito, la Rojita! ¿Qué es esto? ¿Dónde queda el compromiso de la educación con la construcción de la sociedad democrática, pluralista y combativa a todo espíritu de intolerancia y de odio? La tarea que el resultado de la opción electoral es de lectura obligada, comprensiva y comprometida con la Constitución de la República, especialmente el capítulo 2, sección tercera. Y deja también la inquietud por investigar el efecto emocional de la agresión verbal y visual de 16 meses de campaña electoral que compitió, y seguramente con más éxito, con los 200 días y las 1,000 horas de enseñanza a la que obliga el sistema educativo.
¿Distorsiones? Grandes, graves y arriesgadas. En las instituciones públicas no financieras trabajan 138,657 personas. De ellas, 42,710 (31%) están bajo la modalidad de contrato y el 68% está por Ley de Salarios, ley que anualmente debe someterse a aprobación de la Asamblea Legislativa junto con la Ley de Presupuesto General del Estado. Los empleados son numéricamente irrelevantes. El FOVIAL fue la innovación administrativa que permitió modernizar la prestación de un servicio público mediante la contratación de empresas privadas que dan el mantenimiento a la red vial. (Rectifico la generalización de mi columna de la semana pasada “la administración privada no ha demostrado ser mejor que la pública”. Rectifico y complemento: Una buena administración privada necesita clara y efectiva regulación; necesita oportuna y efectiva supervisión de cumplimiento, necesita decisiones objetivas y transparentes, sin conflicto de intereses.)
¿Distorsiones? Esta semana se presentó una iniciativa de ley. Quieren aprobar prácticamente una nueva Ley de Salarios distorsionando las características y ventajas de la prestación de servicios mediante contratos. Los contratos permiten la flexibilidad que no da la Ley de Salarios. Se puede atraer personal altamente calificado, con salarios más competitivos para actividades específicas y por el tiempo que sea necesario. ¿Por qué se pretende eliminar las características y virtudes de esta modalidad de contratación? Y peor aún. También se ha presentado otro anteproyecto para compensar a los empleados públicos que quieran retirarse voluntariamente. Ya perdí la cuenta del número de veces que se han dado millonarias indemnizaciones a voluntarios/as con motivo de su retiro y luego vuelven a la administración pública. ¿Cómo calificar estas decisiones y acciones? ¿Y todo lo que se dijo antes sobre el tema? Es momento de tomar en serio el tema del empleo público y de tener cuidado con las inconsistencias ideológicas.
Escrito por Sandra de Barraza/ Columnista de LA PRENSA GRÁFICA
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