Desde luego ese miedo también es compartido por muchos funcionarios que a veces viven muy de cerca los riesgos. El reciente caso de un miembro del actual partido de gobierno que se involucró en negociaciones indebidas, con un acusado de varios delitos, entre ellos la planificación de los homicidios contra diputados del PARLACEN pertenecientes al mismo partido del negociador, lógicamente ha de causar reacciones de temor entre sus colegas.
Lo que no tendría explicación lógica es que algunos funcionarios de partidos políticos le tengan miedo a candidatos honrados y capaces para ocupar las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Si la fidelidad ideológica y la aparente obediencia partidaria no son suficientes para proteger la tranquilidad de los propios dirigentes y militantes de un partido, es porque tampoco funciona en el resto de la actividad pública para los ciudadanos comunes y corrientes.
Hay una nueva oportunidad para que todos los partidos políticos y los ciudadanos puedan mejorar el sistema de justicia, que va más allá de lo relativo a la actividad de los jueces. La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia es una de las pruebas trascendentales, para mostrar voluntad para terminar con los temores y realidades diseminados dentro y fuera de las instituciones. Esto sería clave para reforzar y mejorar la institucionalidad democrática con el nombramiento de funcionarios que sin importar su falta de fidelidad partidaria se comprometan con la Constitución y las leyes y den muestras de honradez, capacidad y razonabilidad.
Por varios años y de manera continuada existen informes nacionales e internacionales que siguen calificando al sistema judicial de El Salvador como ineficiente y corrupto. La falta de transparencia en diversas instituciones, incluidas las de la justicia, ha sido muy extendida y una serie de casos delictivos se esfuman con mucha facilidad.
Entre otras instituciones, el Banco Interamericano de Desarrollo mencionó como causas de la violencia en Centroamérica las siguientes: las carencias de política de Estado para garantizar la seguridad ciudadana, debilidad institucional y falta de coordinación, sistemas de información fragmentados y desarticulados, lentitud en la tramitación jurídica, impunidad institucional y falta de credibilidad en las instituciones de seguridad y justicia, y falta de confianza en las instituciones. Estas causas pueden ser combatidas, entre otras medidas, mediante la elección responsable de magistrados de la Corte.
Adicionalmente los esfuerzos públicos y privados para conseguir mejores condiciones de seguridad y tranquilidad ciudadana deberán incrementarse, pues a pesar de las acciones desplegadas por las diferentes autoridades para combatir la violencia y el crimen no se han podido disminuir significativamente los niveles de inseguridad y criminalidad.
Existe una serie de estudios e informes sobre la violencia y criminalidad en general y se han sugerido medidas determinadas, pero no se han llevado a ejecución o no se han realizado en la forma necesaria.
Es momento de evaluarlas, rediseñarlas, sistematizarlas, ejecutarlas o mejorar su aplicación.
El nuevo gobierno deberá asumir su liderazgo en la seguridad y tranquilidad ciudadanas, tomando en cuenta a otras instituciones públicas y privadas, incluidos los partidos políticos.
Si el miedo generalizado ahora en nuestra sociedad constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa, surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia, respondamos a estas experiencias con las reacciones adecuadas.
Escrito por Henry Campos. Viernes, 17 abril 2009. Publicado en LA PRENSA GRÁFICA
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