El Salvador, ¿la democracia de la impunidad?

 

Hojeando la pila de libros que nos legó mi padre (¡sabia herencia de toda una vida dedicada al Derecho!) y aunque yo no soy Jurista si no más bien un fanático de las antigüedades, me llamó la atención el viejo Escriche de 1910. Al pasar sus amarillentas páginas, guiado por esas coincidencias de la vida, el viejo diccionario me definió la acepción “impunidad”, tan en boga en este país y tan contradictoria con la justicia, definida ésta como un fin social al igual que la democracia, la igualdad, la libertad o el bienestar.

Mi curiosidad no se detuvo y pasé a otros de los diccionarios que componen la sobria biblioteca.
Cabanellas abundaba: “... la causa más común (de impunidad), porque es la que más hiere la sensibilidad colectiva, está representada por aquellos casos en que, siendo conocidos los autores no se les persigue por razones de orden político, siempre abusivas y propias de Estados en los que la libertad ha sido cercenada, la prensa amordazada, los tribunales prostituidos y el poder entregado en manos de una minoría sostenida por la coacción, el miedo y la cobardía general”.
No sé porqué todo esto me emuló un pequeño y sufrido país enclavado en el centro de América –la nuestra no la del norte.
Asesorado por otros textos jurídicos creo que cabe añadir que la posibilidad del poder público, especialmente del Ejecutivo, de mantener impunes delitos que sirven o sirvieron a un interés político, es mucho mayor cuando, a pesar de existir la oralidad (publicidad) de los juicios, en nuestro país la prensa se pueda ver obstaculizada o tergiversada y el pueblo no conozca la verdad de los hechos.
Los asesinatos de Katya Miranda, Mauricio García Prieto, entre otros y los desfalcos y robos al erario nacional realizados por funcionarios públicos de ARENA, aún sin castigo, son prueba fehaciente de lo que afirmamos.
A esto agreguemos que sólo la Fiscalía puede iniciar la investigación y acusar, institución vinculada fuertemente al órgano Ejecutivo y al partido de gobierno, principales impulsadores de la impunidad.
A estas alturas del partido, como suele decirse, afirmar que el autoritarismo disfrazado de democracia del siglo pasado ha sido sustituido por un régimen de naturaleza democrática, es una amable ficción que convence solo a algunos pocos.
Sin embargo cuando escucho a los “fariseos de la paz” histéricos y vociferando que el identificar a los criminales de guerra que asesinaron pueblos enteros durante la guerra y someterlos a la ley, es atentar contra la paz, no me queda más que concluir que la justicia se continúa manejando al antojo del poder y que la susodicha democracia sigue siendo la utopía vilipendiada.
Veritas odium parit exclamó Terencio el poeta romano, al decir que la verdad trae enemistades. Este es el precio que tenemos que pagar los salvadoreños, pero estoy seguro que los que se sentirán incómodos serán los pocos contra los muchos que se sentirán aliviados y hasta entonces dispuestos a perdonar, porque es imposible hacerlo si antes no se sabe a quién hay que perdonar.
¿Por qué en El Salvador no podemos construir un sistema democrático que nos allane la libertad sobre la base de la verdad en todos los ámbitos? ¿Por qué contrariamente, insistimos en promover la cultura de la corrupción y la impunidad? ¿Por qué se sigue creando estructuras delictivas clandestinas y sosteniendo poderes sobre la base de ocultar la verdad y desfigurar la historia? ¿Por qué a pesar de esta realidad se insiste en que El Salvador es una democracia floreciente? ¿Debemos terminar por creer que la corrupción, el delito y la impunidad forman parte de la democracia? ¿O es que la democracia es una forma de vida que los salvadoreños nunca hemos conocido?
En el actual gobierno de Saca así como en el de sus antecesores derechistas, no sólo se ha continuado con  la grave situación de violación de Derechos Humanos sino que se han agravado, involucrando tanto los derechos civiles y políticos como los económicos sociales y culturales y se ha persistido en una actitud de incumplimiento en el acatamiento de múltiples resoluciones y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales. Como las principales causas de esta situación se resalta
la frágil o inexistente institucionalidad democrática que hace aparecer la democracia salvadoreña como una democracia fuertemente restringida, con respecto al ejercicio de la igualdad y demás derechos humanos y culturales.
El Salvador cuenta con una Constitución que lamentablemente no tiene una aplicación en la institucionalidad política del país.  La violación de sus preceptos y conceptos por el gobierno, es el pan del día. Esta no aplicación y violación explícita, explica la existencia de una casi total impunidad  en relación a las violaciones de los Derechos Humanos.
No obstante a los esfuerzos del poder corrompido que nos subyuga, el sistema autoritario ha ido perdiendo la mayoría de sus bases sociales, sus pilares, su capacidad para mantener al pueblo en el ostracismo conformista.
El pueblo ha empezado a despertar y a conformar una conciencia distinta sobre la clase de vida que anhela y no piensa retroceder, porque sería equivalente a suicidarse. Este año 2009 ha sido el momento del “gran plebiscito”: o continuábamos con un Estado antidemocrático, corrupto e impune o cambiábamos para construir juntos un gobierno social  democrático, fincado y limitado por el Derecho.
La democracia se define como un conjunto de reglas sustentadas en la igualdad y la libertad, diseñadas para resolver cualquier conflicto sin derramamiento de sangre. El buen gobierno democrático consiste sobretodo en el respeto riguroso de esas reglas. La democracia sin duda es el gobierno del derecho y la justicia.
En el mismo momento en que la democracia pierde de vista este principio propio que la inspira, se convierte en lo contrario, en autoritarismo, de lo que está repleta nuestra historia. No debemos de caer en lo mismo, llevados por la inercia de la historia malentendida.

Óscar A. Fernández O.

Publicado en Diario Co_Latino