La semana anterior se inició en Viena la reunión de la ONU para revisar las políticas internacionales contra las drogas y su resultado en la última década y diseñar las que se aplicarán en los 10 años que siguen. Las señales son que se recomendarán el mismo tipo de políticas inefectivas que se diseñaron hace 10 años y la primera vez que hubo una reunión internacional con ese propósito, en 1909 en Shanghái.
Es evidente el fracaso de las políticas basadas en leyes que prohíben y castigan su uso y distribución. No solo no han logrado disminuir la adicción y el consumo en los países desarrollados, han sido un absoluto desastre que ha producido estados fallidos en los países subdesarrollados, como Afganistán, minando los esfuerzos de occidente para derrotar al Talibán. México está cerca de ello.
El endurecimiento de las leyes logra que el precio suba y se arresten solamente en Estados Unidos aproximadamente 1.5 millones de personas por año y se condenan unos 500 mil. Pero no afecta el consumo, la demanda se ha incrementado.
Igualmente ineficiente es hacer la guerra a los cultivadores de cocaína, heroína o marihuana en los países pobres, fumigar millones de hectáreas. La industria se adapta y traslada el cultivo a otras áreas de campesinos pobres, que no dudan en sembrar droga que paga mejor que cualquier otro cultivo. El precio de producción tiene poco efecto del precio de la droga en las calles. El factor que más incide en los altos precios es el costo de distribución, por el riesgo de hacerla llegar al consumidor.
Las políticas fallidas de controlar el consumo de drogas ilegales por casi un siglo es suficientemente determinante para sostener seriamente que funcionaría más eficientemente legalizarlas, como el menor de los males.
La legalización bajaría los precios sustancialmente, eliminando el enorme margen de utilidad que permite que las organizaciones de la droga corrompan y compren niños, policías, jueces, políticos y países enteros.
El cine hace aparecer que la organización en la industria de la droga es ajena a estadounidenses, aunque es muy ingenuo pensar que las mafias latinas, sicilianas, rusas o de otras etnias manejan la distribución doméstica solas, sin la cobertura, participación o dirección de estadounidenses, policías, jueces y políticos, que participan de esas grandes utilidades.
Legalizando la droga se dejaría sin dinero a las estructuras criminales que tienen en jaque al Estado mexicano, han penetrado profundamente el ejército, la policía y políticos de Guatemala, muestran vestigios de su presencia en Honduras y son la némesis de Colombia y su narco guerrilla. Desaparecería la amenaza a la seguridad de Estados Unidos, lo que ahora es un peligro claro e inminente.
Los 400 mil millones de dólares que gastan al año para combatir la droga no serían necesarios.
Si bien es claro el beneficio de eliminar el crimen organizado que le disputa el control del país a los gobiernos, los ciudadanos estadounidenses temen que sus hijos corran más peligro de adicción al tener acceso legal a ellas. Pero esa falacia y falsa seguridad puede desvanecerse fácilmente pensando.
Si se venden en farmacias, con registro y prohibición de venta a menores, sería como comprar un medicamento para la gripe con pseudoefedrina, el proceso es complejo y difícil. Queda el registro, sucedería algo similar.
A los jóvenes les es más fácil conseguir droga ilegal que alcohol, en que siendo legal los establecimientos no pueden vender a menores. Los “pushers” que se las ponen fácilmente al alcance son fáciles de encontrar. En los jóvenes, adicionalmente a la sensación de bienestar temporal que la droga les produce, el hecho de que sea ilegal les da una emoción adicional, la aventura de lo prohibido.
Existe el riesgo de que la adicción y el consumo no disminuyan inmediatamente, pero la legalización, acompañada de campañas de educación lo disminuirían en relativamente corto plazo, no puede ser peor que la situación actual.
La legislación no solamente eliminaría a la narco delincuencia del escenario, lo cual es la gran ganancia, sino que convertiría el asunto en uno de educación de salud y cómo tratarlo. Mejoraría la transmisión del VIH-sida por jeringas y habría cobro de impuestos.
Un siglo de fracasos debe llevar a intentar esta solución, difícil de adoptar por senadores y congresistas por temor a su electorado conservador. La idea debe debatirse masiva e intensamente, para que la sociedad conservadora estadounidense, que entierra la cabeza como el avestruz, comprenda que esta es una mejor solución para sus hijos y la seguridad nacional.
Escrito por Rafael Castellanos. Publicado en LA PRENSA GRÁFICA
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