En aquellas fechas horribles cuando las diferencias se saldaban a cañonazos, el llamamiento de Dios por abstenerse de cualquiera de los dos caminos no fue audible. Eran los tiempos de la guerra.
Ahora, la división más palpable parece ser está entre defensores del estatus quo disfrazado de moderación, mayoritariamente gente que goza de ciertos privilegios, y los promotores del cambio, intelectuales de izquierda y el pueblo llano presumiblemente hartos del status quo.
Apoyado por los “mass media”, el número de los que componen el primer grupo, presuntos responsables de la actual descomposición, aparentemente crece, mientras que el segundo, cree que el cambio corre el riesgo de quedarse sólo en buenas intenciones o en meras ligerazas de estilo y forma.
“Cambio”, “moderación”, “status quo” cada uno dimensiona los términos desde su guarida particular.
Mauricio Funes, el presidente electo, está en medio de las dos corrientes y tiene la difícil tarea de mediar entre ellas y buscar soldarlas por algún lado para unirlas en una sola pieza, no con el hilo de cobre con el que se remiendan dos piezas metálicas, sino con el de la confianza, ese delicado tejido que se sostiene sobre la verdad y la honestidad que une a dos o más individuos a la hora de asumir retos juntos.
Hay varias premoniciones en el lado de los contrarios al estatus quo, pero una resalta sobre las demás. Según los señores proclives al cambio, hay un acuerdo maquinado por ARENA en el que se pretende, desde la asamblea nacional, sacar un “paquetazo” legislativo para indemnizar con $40,000 cada funcionario público despedido durante la nueva administración de Funes.
Los funcionarios públicos, en el rango medio-alto de la escala gerencial del Estado y de las llamadas Instituciones Autónomas suman unos 3,500. Si la premonición resulta cierta y la asamblea legislativa se presta a tal decreto, el presidente electo Mauricio Funes no podría hacer limpieza general de toda la calaña acumulada: eso costaría al Estado unos $60 millones en indemnizaciones, suponiendo que únicamente la mitad de los funcionarios corresponda a la categoría de funcionario "lastre".
Es lo que tiene haber gobernado durante 20 años, se recurre a todas las palancas para seguir manteniendo cierto poder, aunque sea desde los cuadros de oficinistas afines, sostienen los que anhelan cambios más gruesos.
Los legisladores del FMLN ya han dicho que ni hablar, que ellos no firmarán ninguna ley que evite limpiar la calaña –al contrario, como es natural en un partido político, quieren poner ahí a los suyos.
El problema es, como todos sabemos, que la asamblea legislativa, todavía controlada por el núcleo conservador ARENA-PCN-PDC, en más de una ocasión, encestó leyes con dedicatoria exclusiva a algún alcalde de Oriente que quería ser presidente o algún colectivo de emigrantes que llamaba a su familia por teléfono desde el exterior.
Si me permiten el simplismo, la premisa sobre el gremial en cuestión ha de ser clara “todo funcionario que, con transparencia, produzca y crea valor añadido para los ciudadanos, debe mantener su puesto de trabajo, toda la calaña que no produce niveles aceptables, debe ser reemplazado por alguien con más vocación para servir a los ciudadanos”.
El Salvador ahora se divide entre los defensores del estatus quo y los promotores del cambio. Los primeros parecen estar ganando la batalla según los últimos, y los últimos, según los primeros.
Habrá que esperar después del 1º de junio a ver por dónde se implementan los cambios. De momento, se aconseja vigilancia ciudadana.
Por Por José Manuel Ortiz Benítez*
Miembro de Salvadoreños en el Mundo. Publicado de Salvadoreños en el Mundo
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