De estas tres interpretaciones, me quedo con la primera, que no es incompatible con la segunda, y felicito al presidente por su lucidez, su valentía y su astucia.
Escrito por Joaquín Samayoa.30 de Marzo.Tomado de La Prensa Gráfica.
Esta vez los diputados no han tenido la última palabra. El presidente Funes ha hecho uso de su prerrogativa constitucional y de su buen juicio al vetar por razón de inconstitucionalidad el decreto de reforma al Código Electoral aprobado hace unas pocas semanas con los votos de FMLN, PCN, GANA y PDC. Los diputados tendrán una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, pero si se empeñan en superar el veto presidencial y logran los votos necesarios para hacerlo, el controversial decreto pasará a la CSJ, la cual resolverá de manera definitiva si es consistente o contradictorio con los preceptos constitucionales.
La decisión del presidente Funes admite diversas interpretaciones. La posibilidad más evidente y menos especulativa es que el presidente, luego de examinar detenidamente el decreto, llegó a la conclusión de que el mismo restringe la libertad de los votantes y, por tal razón, está reñido con la Constitución. Eso es lo que afirma el presidente Funes al razonar su veto, lo cual coincide con el criterio de las más prestigiosas organizaciones y tanques de pensamiento de la sociedad civil. Si es esto lo que, en efecto, ha ocurrido, el presidente habría actuado con buen juicio, con sensibilidad frente a las aspiraciones y demandas de la población, y con valentía para contrariar a todos sus aliados en la Asamblea Legislativa. Se dice fácil, pero no es poca cosa.
Una segunda interpretación destacaría, más que sus convicciones, el pragmatismo y la astucia del presidente; ya que, si hubiese sancionado el decreto habría quedado muy mal ante la opinión pública y habría dado lugar, con plena certeza, a la presentación de demandas de inconstitucionalidad por parte de organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo con esta interpretación, si de todas formas el decreto iba a ser cuestionado y remitido a la CSJ, el presidente Funes habría optado por adjudicarse él los méritos, sumándose con el veto al consenso social en contra de la partidocracia.
Producto del cinismo que impregna hoy en día muchas de las valoraciones políticas, algunos piensan que podría haber “compadre hablado” entre el presidente y los cuatro partidos que aprobaron el decreto de reforma electoral. Según esa hipótesis, el presidente habría ejercido el veto a sabiendas de que sería superado por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con lo cual el decreto hubiera quedado como está, pero sin tener el presidente que pagar los costos políticos de una posición conservadora. Esta interpretación, sin embargo, es insostenible, ya que si esa hubiese sido la jugada del presidente, tendría que haber vetado por razón de inconveniencia y no por razón de inconstitucionalidad, para darles la última palabra a sus aliados políticos y no a la CSJ.
De estas tres interpretaciones, me quedo con la primera, que no es incompatible con la segunda, y felicito al presidente por su lucidez, su valentía y su astucia. De cualquier modo que uno quiera verlo, tomó la decisión correcta. Otra posibilidad habría sido devolver a la Asamblea el decreto con observaciones, pero esa acción no habría tenido la misma fuerza y les habría facilitado a los diputados irse nuevamente por las ramas y continuar saboteando la reforma electoral.
Lo que está en juego en esta discusión es importantísimo para la evolución y la consolidación de la democracia en nuestro país. No hay que perder de vista el rol crucial de la Asamblea Legislativa, no solo en la promulgación de todas las leyes que nos rigen, sino también en la aprobación cada año del presupuesto general de la nación y en la elección de funcionarios como el presidente de la Corte de Cuentas, el fiscal general de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En los primeros momentos de este pulso de fuerzas políticas, tanto la CSJ como la máxima autoridad del poder ejecutivo se han pronunciado por un sistema que restaura y fortalece la potestad ciudadana de elegir a sus representantes, preservando al mismo tiempo lo legítimo y lo conveniente del sistema de partidos. Ahora los partidos tienen una nueva exigencia para ponerse en sintonía con la población, superar posiciones elitistas que debilitan la democracia representativa y apoyar decididamente una verdadera reforma del sistema electoral.
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