El partido oficial pide detener "abusos" y abrir el mercado a nuevas empresas; la oposición busca que no ingrese Albamed. La comisión de Salud se lanza mutuas acusaciones sobre el atraso en la discusión y aprobación de la ley de fármacos. Van ya varias reuniones frustradas.
Rafael Mendoza López.09 de Julio. Tomado de El Diario de Hoy.
La tan anunciada ley de medicamentos ha derivado en un pleito de alcances políticos y económicos entre gobierno, partidos políticos e industria farmacéutica nacional, quienes no dan su brazo a torcer en los puntos que aseguran les afectaría a ellos y al país.
Mientras la oposición busca un cerco a la intervención del mercado de medicinas por parte de países cercanos al socialismo del Siglo XXI, el partido oficial señala que se busca "regular" y no "controlar" el abuso de los precios. En medio del fuego cruzado, la industria farmacéutica reclama ser protegida y aprobar una legislación que no dañe sus finanzas ni sus negocios en el país.
En los primeros pasos para iniciar el estudio de la legislación, la Asamblea tuvo ya sus primeros tropiezos. ¿El problema? La intención del Gobierno de fijar los precios de las medicinas, algo que ha sido el principal punto desencuentro entre los legisladores.
Los partidos de oposición han llegado a la conclusión de que la ley, propuesta por el gobierno el pasado 22 de febrero, pretende vigilar la industria y regular los precios poniendo en manos de burócratas el destino del mercado y crear un monopolio farmacéutico estatal.
Las acusaciones del Gobierno apuntan a que los partidos de oposición intentan defender los intereses de las compañías farmacéuticas, lo cual han desvirtuado en vista de que el control y la fijación de precios, según la bancada tricolor, traería pérdidas y restaría fortalezas al sector farmacéutico.
El diputado Enrique Valdés ha señalado en varias ocasiones que la Unidad de Análisis de la Asamblea ha realizado un estudio sobre los impactos negativos que acarrearía a la industria farmacéutica el mantener un esquema de control de precios.
El temor se basa en que la ley facultaría al Consejo Nacional de Medicamentos (CNM), una nueva instancia que asumiría la fijación de precios y solicitaría a las empresas farmacéuticas su información económica y financiera, lo que podría violar la confidencialidad de las empresas, según empresarios y los partidos de oposición.
El viceministro de Políticas de Salud del Ministerio de Salud, Eduardo Espinoza, ha sostenido en su momento que no se busca controlar de forma caprichosa los precios, sino abrir la posibilidad a otras industrias para que puedan competir en un esquema de libre mercado y romper con el "monopolio" de la industria en el país.
En lo político
A la oposición le preocupa que el brazo farmacéutico del socialismo del Siglo XXI, por medio del Proyecto Grannacional Albasalud "Centro Regulador de Medicamentos Albasalud" (Albamed), pueda extenderse hasta el país.
Diputados como Eduardo Barrientos, de ARENA, son de la idea de que el FMLN busca favorecer a Albamed con la ley de fármacos, con el fin de proteger los intereses económicos y políticos de los países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba).
Lo que despertó las alarmas de los legisladores de oposición fue la intención del FMLN de establecer en la ley los medicamentos "biomédicos", fabricados con productos naturales y ciertas hemoglobinas, cuya fabricación y distribución ha impulsado Cuba.
La preocupación radica en que la ley permitiría al Estado tener un trato directo con las empresas farmacéuticas y laboratorios que estén interesados en el país.
"Estoy comprometido en no permitir en la legislación a ningún grupo político hacer negocios con los medicamentos", ha sostenido el diputado tricolor Enrique Valdés.
Incluso, el presidente de la Industria Química Farmacéutica (Inquifar), Mario Ancalmo, ha señalado que la intención de que el Ministerio de Salud absorba al Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) refleja que el partido en el gobierno busca tener en sus manos el laboratorio de control de calidad y las supervisión de los medicamentos.
"¿Cómo vamos a estar trasladando algo que funciona? Si el laboratorio de control de calidad, como dice el señor Viceministro, no funciona, ¿cómo es que registran los medicamentos en el país?", dijo Ancalmo, durante una entrevista televisiva donde se enfrentó con Espinoza en los puntos más polémicos de la legislación en estudio.
Ancalmo también dijo sin tapujos que el Gobierno tiene la intención de dar oportunidades a empresas como Albamed para "quebrar el mercado" local de los medicamentos, algo que Espinoza niega, al tiempo que sostiene que buscan abrir el mercado a "todo aquel que tenga precios competitivos" (leer nota aparte).
Guillermo Mata Bennett, diputado del FMLN, ha dicho en varias ocasiones que el control de precios es "un punto de honor" para su partido, con lo cual busca, según los legisladores de oposición, minar las ganancias de la industria nacional y abrir la puerta a Albamed.
Aunque, los opositores están de acuerdo en que la ley contemple un esquema para establecer precios con base en otros sistemas utilizados en países donde los precios son más bajos que en El Salvador.
Estos argumentos han provocado que el estudio de la ley se detenga, y ha generado enfrentamientos entre todos los partidos políticos.
Al segundo día de haber iniciado el análisis, diputados oficialistas y opositores se acusaron entre sí de haber bloqueado la discusión del anteproyecto.
La comisión de Salud acordó reunirse a puerta cerrada en un restaurante en las cercanías de El Boquerón, pero la oposición acusa al FMLN de haber utilizado a activistas de Acción para la Salud (Apsal) y la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud, que dirige Margarita Posada, para boicotear el encuentro.
elsalvador.com :.: Ley de medicamentos genera roces políticos y económicos
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