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2009/04/19

Nuevo marco de relaciones hemisféricas

Una de las primeras expresiones del novedoso estilo Obama es lo que se anuncia como una renovada relación entre Estados Unidos y los otros países del hemisferio, y muy especialmente con América Latina.

Escrito por Opinión, Lunes, 20 abril 2009. Publicado en La Prensa Grafica.

No hay duda de que entre las muchas novedades que estamos viendo casi a diario en los planos globales, regionales y nacionales, una de las más significativas es el cambio de estilos. Vamos hoy, casi nunca en línea recta sino más bien en zigzag, de una actitud excluyente a otra incluyente, de la arrogancia del poder concentrado a la naturalidad del poder compartido, de la intolerancia cerrada a la flexibilización de actitudes, entre otras. El mejor y más mediático ejemplo es el que se está dando en el liderazgo político de Estados Unidos: del estilo prevaleciente en la prácticamente disuelta era Bush hasta el que está imperando en la naciente era Obama hay sólo unas cuantas semanas en el calendario pero parece haber una gran distancia en el tiempo real.

Una de las primeras expresiones del novedoso estilo Obama es lo que se anuncia como una renovada relación entre Estados Unidos y los otros países del hemisferio, y muy especialmente con América Latina. El más dramático de estos giros es el que se está dando en relación con Cuba, luego de medio siglo de profundas desconfianzas y tensiones. En su mensaje inaugural en la V Cumbre de las Américas el Presidente Obama habla al respecto de un “nuevo comienzo”. Expresión inimaginable hasta hace muy poco.

Pero los mensajes son bastante más amplios. Obama habla de crear una asociación entre iguales, sin socios superiores ni inferiores, como ha sido siempre. Además, un enfoque muy diferente: de estar atados al pasado a ver en común hacia el futuro. Todos estos son conceptos básicos, sin precedentes, al menos en la claridad persuasiva, que es propia de la personalidad del nuevo Presidente estadounidense.

Hay mucho por construir

El hecho de que parezca estarse dibujando un escenario diferente para las relaciones hemisféricas, y de que haya condiciones objetivas para que eso llegue a concretarse en el inmediato futuro, no debe inducir a idealizar el momento, porque quedan bastantes piedras en el camino. Y esas piedras no son los exabruptos estilo Chávez ni siquiera los intentos de levantar bloques contrapuestos en la región: los obstáculos principales derivan de los grandes problemas no resueltos, que distorsionan muchas realidades. Y esos problemas no resueltos existen tanto en Estados Unidos como en los otros países del hemisferio.

Es evidente que hay mucho por construir y sobre todo por reconstruir en nuestra gran región. Ya no sólo se trata de establecer una zona de libre comercio de amplitud hemisférica, que ha quedado en suspenso por las diferencias ideológicas, muchas de ellas artificiosas; se trata en realidad de formar una asociación hemisférica que abarque realidades más profundas y complejas. Si esto se consigue, o al menos se empieza a trabajar de veras en esa línea, problemas como el de la emigración-inmigración irregular podrían ser encauzados y tratados de una manera mucho menos traumática y con una efectividad de veras sustentable en el tiempo.

Ojalá que los nuevos estilos prosperen, con lo cual además se estaría poniendo aún más en evidencia la caducidad de los estilos confrontativos, radicales y anclados en el pasado. Este es tiempo de renovación y hay que asumirlo con voluntad dispuesta.

No hay fiscal

Centro de Estudios Jurídicos.

 

Escrito por Por el Imperio del Derecho.Lunes, 20 abril 2009

El doctor José Antonio Rodríguez Porth, quien fuera ministro de la Presidencia del licenciado Alfredo Cristiani, sostuvo en una demanda de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (5-88), que en esa ley se creaba la figura del fiscal general adjunto para sustituir al titular en los casos de ausencia, quien sería electo por la Asamblea, a propuesta de una terna que le presentaría el fiscal general. El referido profesional afirmaba: “La decisión de la Asamblea queda supeditada a una propuesta que le haga el fiscal general y evidentemente impone a la misma una forma de proceder que es además contraria a la... disposición constitucional (art. 131 n.º 19 Cn.) puesto que invade esa atribución específica de la Asamblea Legislativa de proceder conforme a sus propios reglamentos”. La Asamblea ya no era libre para escoger al adjunto. Finalmente la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional esa ley, aunque por otras razones.

En abril de 1998 el jefe de fracción de ARENA, Walter Araujo, manifestaba que no era posible que el procurador adjunto para los Derechos Humanos asumiera la titularidad cuando no contaba con el respaldo de los legisladores que son los llamados a elegir al titular con los votos de los 56 diputados electos. La Ley de la PDDH establecía en su artículo 15: “El Procurador Adjunto... ocupará dicho cargo cuando quede vacante, mientras se elige al nuevo titular”. En mayo de 1998 la Asamblea Legislativa aprobó una enmienda a dicha ley impulsada por el partido de gobierno y apoyada por el PDC y PCN suprimiendo esta disposición y llevando a la eventual salida del cargo del entonces procurador adjunto. El presidente, doctor Armando Calderón Sol, no se opuso a la reforma de la ley por lo que la PDDH quedó acéfala.

Hace tres años cuando el fiscal adjunto, licenciado Romeo Barahona, asumió las funciones del fiscal titular al vencérsele el plazo al licenciado Belisario Artiga, provocó que en varios tribunales del país se negara la intervención de fiscales por carecer de legitimidad los nombramientos del adjunto. Así el 25 de marzo de 2006, se habían ya declarados nulos 21 casos. En el año 2005 abogados del IDHUCA solicitaron a la Sala de lo Constitucional que se declarara la inconstitucionalidad de la interpretación auténtica de 1993 que permitía al fiscal adjunto sustituir al fiscal general mientras este no fuera electo; porque la titularidad de la Fiscalía debía recaer en alguien electo por mayoría calificada de los diputados. La Sala de lo Constitucional declaró en una opinión dividida, improcedente la demanda.

En el año 2006 se aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que en su artículo 30 incluyó la facultad del adjunto para asumir el cargo mientras no se elija fiscal. Sobre esta disposición y otras razones jurídicas, la Sala de lo Constitucional no se ha pronunciado.

Por lo tanto, anunciado está que si para el 20 de abril de 2009 no se ha electo fiscal general de la República, las razones de Rodríguez Porth, Walter Araujo y de los jueces que declararon nulidades se mantienen. Es posible que se conozcan ataques a los jueces nacionales o extranjeros, diciendo que favorecen a los delincuentes, cuando ellos están aplicando la Constitución, siendo los verdaderos culpables los diputados que incumplen la Carta Magna.

Vale la pena hacer un esfuerzo para elegir fiscal esta semana. Es necesario derrotar la falta de concertación, sin fortalecer los llamados “Combos Legislativos” . Hay que cerrar la puerta al “doy para que me des”, tomando la mejor decisión que convenga al país, sin sacar provecho para sectores. Sin duda es posible la respuesta afirmativa, si no subsisten los vicios políticos que tanto mal nos causan. ¡Adelante, diputados! Pasen la etapa de las palabras a los hechos, porque ahora no hay fiscal general.

www.centrodeestudiosjuridicos.blogspot.com

Alíviense tensiones con Cuba, pero exigiendo democracia

El debilitamiento del Orden de Derecho es el caldo de cultivo de las grotescas dictaduras que hoy en día asuelan el Continente.

Editorial de El Diario de Hoy. Domingo, 19 de Abril de 2009

La ciudad de Halle, Sajonia, en lo que fue la Alemania comunista, celebró el 250 aniversario del nacimiento de Händel, el gran músico del barroco autor, entre otras composiciones, del oratorio El Mesías. Una estatua de Händel en bronce se levanta en medio de la principal plaza de la destartalada urbe, la que hasta hace muy poco era un conglomerado de casas, edificios, calles y parques casi en ruinas.

Calcular lo que costaría repellar todos los edificios y viviendas de Halle, cambiar plomería, pisos, ventanas, cielos, techos, puertas, armarios, cocinas, baños y vestíbulos, reconstruir aceras, demoler y levantar edificios públicos, repavimentar calzadas, hacer jardinería en los espacios abiertos, sembrar nuevas plantas… el asunto sobrepasa la imaginación y los presupuestos de hasta una gran potencia. A esto hay que agregar que ciudades, aldeas, haciendas, fábricas, comercios, oficinas y lo que pensemos en los antiguos territorios de la Alemania socialista, estaban al borde del derrumbe.

El desastre urbano y desastre en todos los órdenes --lo físico, lo cultural, lo moral, lo social; la producción, el comercio, el trabajo, la enseñanza, la medicina, la agricultura, prácticamente todas las manifestaciones de lo que es una sociedad-- es el común denominador de los países que caen en el comunismo. Lo vimos en Praga, en Dresde, en Postdam, en Brandenburgo, en las ciudades de Polonia; es la terrible enfermedad del socialismo. Pero si el deterioro material sacude el espíritu, el envilecimiento de las personas y las instituciones es todavía más conmovedor. La vieja Unión Soviética se desplomó no tanto por su desastre económico, cuanto por su perversión moral.

Es "realpolitik" que el presidente Obama revise las relaciones con Cuba, que alivie las restricciones para que los estadounidenses de origen cubano visiten a sus familiares, que permita mayor comercio. Pero tiene que pedir algo a cambio, en especial, liberar los presos políticos. Hay pobres seres humanos que llevan veinte y treinta años en las cárceles, por haber insultado a Castro o por repartir escritos contrarios al régimen.

Sin Orden de Derecho caen en dictadura

Si de manera consistente los Estados Unidos critican al régimen de China continental por sus violaciones a los derechos humanos y eran implacables en su censura a El Salvador en los años de la agresión roja, deben aplicar la misma regla: es intolerable para el mundo que se mantenga una dictadura con base en la represión casi total de sus pobladores. Lo que ningún estadounidense quiere para su país debe rechazar para otros pueblos; entre Sadam y Castro sólo hay diferencia de matices, no de sustancia.

En esto hay una consideración esencial: que la ayuda material y financiera no es el aporte importante que el gobierno de Obama puede dar a las naciones hispanoamericanas en problemas, la mayoría, sino asistirlas en sus esfuerzos por construir democracias reales y restablecer la seguridad jurídica.

Es mucho más efectivo velar por que operen sanas "reglas del juego" en nuestros países --que se cumplan contratos, se elimine el tráfico de influencias en el aparato judicial, que los nombramientos se hagan con base en la capacidad y no de acuerdo con las contribuciones monetarias a los candidatos y partidos-- que conceder préstamos que sin remedio habrá que pagar.

El debilitamiento del Orden de Derecho es el caldo de cultivo de las grotescas dictaduras que hoy en día asuelan el Continente.

La paz en el lenguaje de la violencia

El panorama a 17 años de los Acuerdos de Paz es hoy más sombrío, caótico y pésimo.

SAN SALVADOR - Produce escalofrío el cinismo con el que el gobierno mediático de Saca aún pretende hacernos creer que en El Salvador la construcción de la Paz es una página cerrada y que los artífices de esta hazaña son ellos, los mismos usurpadores del poder que sostienen un orden de facto y autoritario, el cual ha reducido a la sociedad salvadoreña a una empresa económica que convierte a las personas en una masa explotada al servicio de los dueños del capital.

Esta sociedad que lejos de representar una evolución hacia formas superiores de vida, es en realidad “un salto de tigre hacia la anti-civilización” del que surgen grupos sociales inventados y violentos, fundamentalismos políticos y religiosos opresivos y corporaciones que secuestran al ser humano para hacerlo parte de una supuesta comunidad, que a fin de cuentas sólo corresponde a estrategias de consumo, concentración de riquezas y producción de ignorancia.

Al revisar la historia de la política salvadoreña usurpada por los grupos de poder capitalistas, podemos ver claramente que las mismas políticas de los últimos cincuenta años que provocaron la guerra civil, son las mismas que continúan promoviendo la exclusión y la violencia, dando como resultado un alto grado de conflictividad social e inseguridad. A esta suerte de caos, sin el más mínimo asomo de vergüenza, insisten en llamarla Democracia. Sin duda, la mediocridad es abusiva.

En El Salvador 17 años después de firmados los Acuerdos de Paz, las múltiples investigaciones de la violencia nos dicen que tenemos un índice de homicidios de 61.7 por 100 mil habitantes, que sobrepasa en más de seis veces los índices epidémicos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS); los homicidios en lo que va del presente año ascienden ya la inédita cantidad de 15 al día en algunos lugares, de este total más del 65% de las víctimas son jóvenes y para sellar con broche de oro, más del 80% de los homicidios se cometen con arma de fuego. En un país dónde los funcionarios del gobierno avalan la armamentización y el libre mercado y se establecen más derechos para los mercaderes de armas que para los seres humanos, no extrañan estas cifras.

La embriaguez de sangre y del poder del dinero fueron los vicios del siglo pasado y tienden a seguirlo siendo en el presente. La violencia procede del abuso del poder, del modelo de sociedad sin escrúpulos que nos han impuesto y del propio individuo, siguiendo así una tendencia de destrucción del tejido social. La propagación y la epidemia incontrolable de violencia que vivimos puede interpretarse como respuesta a la pérdida de la solidaridad y la civilización de la sociedad, supeditada a los valores y la ética de la selva-mercado, cuyo objetivo es mantener el llamado statu quo (el orden imperante e impuesto por el poder) El adjudicar la violencia sólo a un problema de “pérdida de valores” y ahora afirmar que en El Salvador se ha consolidado la Paz, como justifica el discurso de la burguesía neoliberal, el gobierno y algunas religiones reaccionarias, es en realidad un planteamiento de impotencia y también de distracción para no poner en riesgo la hegemonía del principio de acumulación de la riqueza, que determina todos los manejos económicos. Ganancia y más ganancia o sea, tomar lo que se pueda así sea con violencia, es el pensamiento conductor del orden actual. En El Salvador cualquier intento de construir la paz, la democracia y la justicia que no pueden ser separadas, pasa inevitablemente por el cambio de un modelo excluyente por uno incluyente y participativo.

Cuando los defensores del capitalismo voraz ven en la lucha por la sobrevivencia una misma fuerza impulsora de desarrollo, tanto en la naturaleza como en la sociedad, a la que se debe dejar libertad absoluta, están ignorando la necesidad de vinculación entre los seres humanos y todas las tendencias de solidaridad y civilizadoras, que precisamente nos diferencias de los animales.

Sin embargo y haciendo oídos sordos al clamor popular, la burguesía y su partido político ARENA, han mantenido un modelo cuyo principio de funcionamiento libera al comercio, a la banca y a la industria de cualquier control, mientras ellos se convierten en dueños del Estado. Una fe inquebrantable en el poder del dinero triunfa sobre cualquier razonamiento. Así, en la medida en que los seres humanos, sus derechos inherentes y el diseño social desaparecen de los conceptos económicos, y cuando la teoría y la praxis económica ya no surgen de las necesidades reales de las personas, perdiendo el pueblo su primacía sobre la economía, desaparece también toda reflexión acerca de la sociedad (Hortz Kurnitzky. Civilización incivilizada)

Se continúan omitiendo conceptos que definen la economía y la sociedad como una unidad y la construcción de una sociedad como resultado de una voluntad general. El estado salvadoreño –por definición soberano-, las aspiraciones de construir una verdadera sociedad democrática y la libertad de los individuos, han sido secuestrados por los intereses del poder económico. La violencia y no la paz, surge entonces como la respuesta obvia.

Frente al fracaso de este modelo totalitario y violento que impone una doctrina darvinista social, la paz es un mito inventado por la opulencia del poder que deja un vacío el cual se llena con la violencia de la exclusión, de la pobreza, de la corrupción, de las mafias y los carteles de droga, y la más dramática, la lucha por un mendrugo de pan. La violencia con que los poderosos imponen sus reglas, que han sido capaces de destruir la economía del país entero. El proyecto de ARENA y de los grandes señores del capital chocó contra su propia contradicción, pretendieron instaurar un modelo sin correspondencia en la realidad y hablaron de establecer derechos humanos, crear democracia y paz sin seguridad económica. La primacía de la superstición, de las ideologías alienantes y de la violencia son síntomas de una estructura social y de un poder en crisis.

Esta forma económica imperante, exige de antemano desigualdad pues toda ganancia para ellos significa que otros perdieron, esto es algo incluso que viene de la lógica del sacrificio. Bajo este esquema y orden de cosas la paz y la democracia siguen siendo conceptos vacíos del discurso de la derecha y no realidades prácticas. De modo que el panorama a 17 años de los Acuerdos de Paz es hoy más sombrío, caótico y pésimo para los salvadoreños, quienes ya exigen un cambio de verdad, dónde juntos logremos que la paz, la democracia y la justicia dejen de ser la deuda histórica. En esta materia, sin duda, el nuevo gobierno tiene un reto integral que demanda una resolútica desde múltiples ángulos complementarios.

Oscar A. Fernández O. Publicado en ContraPunto

Definir prioridades

La Asamblea Legislativa no discute las cosas importantes y pierde tiempo con las cosas menos importantes. Incluso con pendejadas.

Las únicas iniciativas de ley que debería discutir y aprobar la Asamblea saliente en los pocos días que le queda, son las nuevas reformas constitucionales. Son las únicas que son impostergables. Pasar estas reformas a la siguiente Asamblea significa perder tres años, ya que necesitan la ratificación de la siguiente Asamblea.
Quiere decir: Si esta Asamblea, cuyo mandato vence el 30 de abril 2009, no aprueba las reformas constitucionales necesarias para subsanar las deficiencias institucionales del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Cuentas, estas reformas no se pueden ratificar y poner en práctica antes del año 2012.
Todas lo demás iniciativas de ley pueden perfectamente esperar hasta que la nueva Asamblea Legislativa asuma en dos semanas.
El tiempo que se pierde si la actual Asamblea no ratifica la reforma constitucional de las escuchas telefónicas o si no elige al nuevo Fiscal General, se mide en semanas, no en años.
El caso más claro de la total perversión de prioridades es la reforma constitucional promovida por el PDC para anclar en la Constitución la prohibición de los matrimonios gay. Esta iniciativa está en la agenda de la Asamblea, y el bloque de derecha está convirtiendo su ratificación en esta Legislatura en punto de honor. A pesar de que no hay ninguna prisa, porque esta ratificación igual la puede dar la Asamblea nueva que asume en mayo.
Los matrimonios gay no están permitidos en este país. No existe ninguna iniciativa legislativa de permitirlos. No existe cola de parejas gay esperando casarse. Simplemente, el problema no existe. Y dan prioridad y urgencia impostergable a la iniciativa de cambiar la Constitución para que en algún futuro ni siquiera visible imposibilitar una hipotética ley de permitir matrimonios gay...
En cambio, las reformas de dos instituciones, cuya democratización y fortalecimiento es clave para nuestra democracia -Corte de Cuentas y Tribunal Electoral-, no está en la agenda. Todo el mundo coincide en la necesidad de estas reformas. Hay coincidencia sobre cómo reformarlos. En el caso de la autoridad electoral, separando las funciones administrativas-logísticas de las funciones jurisdiccionales, y separando ambas nuevas instancias del ámbito partidario. En el caso de la Corte de Cuentas, transformándola en una Controlaría, cuyos funcionarios se elijan con mayoría cualificada en la Asamblea.
Como no hay mucha discrepancia, sería factible discutir y aprobar estas reformas, aun en el corto tiempo que queda. Sin embargo, no hay voluntad. No hay sentido de urgencia. No hay sentido de responsabilidad. Ni por parte de la derecha ni por parte de la izquierda. Tampoco por parte de los predicadores del cambio. Lo que confirma mi sospecha que ‘cambio’ y ‘reforma’ son dos intenciones muy diferentes. Lo que en este país hace falta es reformismo. Y parece que esto no cambia con al cambio de gobierno...
Para salvar la situación, los diputados deberían convocarse a una sesión ininterrumpida que dure de lunes 20 al jueves 30 de abril. Deberían hacer tres cosas solamente: Primero, rechazar la ratificación de la reforma que intenta a hablar en la Constitución de los matrimonios gay. Para que sus promotores aprendan que no es legítimo confundir las prioridades del primer órgano del estado con iniciativas frívolas.
Segundo y tercero: discusión y aprobación de las reformas constitucionales impostergables para reformar hacernos de autoridades confiables en materia electoral y de controlaría.
Los únicos dos puntos adicionales que deberían considerarse debatir y aprobar son dos reformas constitucionales que propone FUSADES: Cambiar los requisitos que dicta la Constitución para los magistrados de la Corte Suprema, para evitar que se elijan candidatos que representen intereses partidarios. Y eliminar de la Constitución el requisito de secretividad de las declaraciones patrimoniales que deben rendir los funcionarios públicos al inicio y al final del desempeño de su cargo.
Todo lo demás, al archivo o a la próxima Asamblea. Es una cuestión de prioridad y de responsabilidad.

Por Paolo Lüers domingo, abril 19, 2009. Publicado en El Diario de Hoy-

2009/04/18

El Sucre: moneda única para los países asociados en la Alternativa Bolivariana para América (ALBA)

Los equipos técnico-económicos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Dominica y Ecuador  han preparado uno de los temas que sus Mandatarios abordarán esta semana en la Cumbre Presidencial del ALBA: la implementación del Sucre como moneda común.

El ALBA, como proyecto integracionista, pretende la colaboración a nivel político, social y económico entre sus miembros como contrapartida al ALCA impulsada por los Estados Unidos.

El acuerdo que dio origen a la iniciativa anterior es  el de la creación de una Zona Monetaria Común entre los países miembros del ALBA y Ecuador, Zona que contará con una unidad de cuenta común, transacciones homologadas y fondos de compensación para finalmente adoptar el Sucre.

Es evidente que el reemplazo de monedas locales por una moneda “internacional” multiplica el comercio entre los países que la utilizan, facilita el acceso a los mercados financieros mundiales y favorece la integración de los Estados que la impulsan pero, es de advertir, que todas estas ventajas se logran en el caso de monedas internacionalmente aceptadas como el euro, el dólar o el yen.

Los procesos de integración, en todas sus etapas, tienen una característica muy marcada, su gradualidad, la cual hace referencia a mecanismos escalonados, paulatinos y crecientes: sin prisas pero sin pausas, con calma pero sin saltar o quemar etapas.

Las integraciones monetarias tienen condiciones y políticas básicas como son: la total e irreversible convertibilidad de las monedas entre sí; la plena integración de los sistemas financieros; y la libre movilidad de personas, bienes, servicios y capitales.

La creación de un Banco Central común, a cargo de quien estará la emisión de la moneda común así como el establecimiento de la política monetaria común, viene a ser la última etapa de la integración monetaria.

Tanto los países centroamericanos miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) como los Estados miembros del ALBA poseen monedas locales que no tienen circulación más allá de sus propios territorios, salvo El Salvador y Panamá que poseen sistemas dolarizados y, en casos de devaluaciones frente al dólar, los precios de los bienes suben “proporcionalmente” de tal manera que las devaluaciones conducen a las tan temidas inflaciones.

Por cuestiones como las expresadas es que considero que de emitirse el Sucre solamente podrá usarse entre los países miembros del ALBA pues su aceptación a nivel mundial sería el mismo que el de sus monedas existentes.

 Escrito por   René Alberto Langlois. Publicado en CoLatino

Se drenan las aguas sucias de la Arena movediza

El derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), no ha terminado de digerir la histórica derrota de las elecciones presidenciales del 15 de marzo, y el consecuente triunfo del que fuera su acérrimo enemigo, el partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), cuando se le viene encima otro trago amargo: “las oscuras andanzas de alguno o algunos de sus dirigentes”.

Decimos algunos, porque somos de la hipótesis que la vinculación de Adolfo Torrez, con el fugitivo ex diputado Roberto Silva, vinculado al lavado de dinero, corrupción y hasta narcotráfico, no es el primero ni el único caso.

Es decir, Torrez podría ser la punta del iceberg. Por el momento, por supuesto, la dirección máxima del partido se ha movido hábilmente y oportunamente, al remover del cargo de director departamental al polémico político de origen “chocho”, y anunciar el inicio del proceso de expulsión.

La caída en desgracia de Torrez, gracias a una trampa puesta por el mismo Silva, bien por la acuciosidad de su defensa, o por la mano invisible de la DEA o del FBI, podría traer consecuencias inimaginables en el seno del partido ARENA, pero, sobre todo, en la estructura creada alrededor del Presidente Elías Antonio Saca y su flamante ministro de Seguridad René Figueroa.

La grabación telefónica de la conversación entre Silva y Torrez, hecha pública por el periódico digital El Faro, no deja dudas de que Torrez se mueve en arenas movedizas o aguas turbias.

Si hay investigaciones a profundidad, seguramente una ARENA reorganizada no sólo pondría en el banquillo de los señalados a Torrez, sino a otros y a otro. De hecho, en la conversación, Torrez deja bien claro que hay otro personaje superior a él o con más poder para mediar para que Silva y su esposa queden en libertad.

Durante la campaña, se hicieron varias denuncias de Torrez, no sólo por  vinculación de personal de su empresa de seguridad en tramposas prácticas electoreras, sino, en la conducción de un grupo de activistas violentos, entre otros señalamientos.

El panorama en ARENA, hasta antes de las elecciones fundamentada por la robustez del tricolor, luego de su derrota ha transitado por convulsionado camino gris, y desde el miércoles pasado, al rojo candente, que bien podría meter al partido en vorágine de denuncias y recriminaciones, que bien podrían ser, el preámbulo para una recuperación lenta o generar un real y nuevo liderazgo.

Editorial de Diario Co Latino Viernes, 17 de Abril de 2009 / 09:19 h

2009/04/17

Ahora es cuando

Se necesita cambiar al menos un artículo de la Constitución de la República, el n.º 208. Y esto debe hacerse antes de que finalice la presente legislatura. ¿Por qué tanta premura? Porque cualquier cambio en la Constitución debe ser ratificado.

La reciente campaña electoral de 16 meses fue prolongada, agresiva, poco veraz y responsable. Pero fue muy formativa en criterio y opinión. Cuando fue evidente el irrespeto a la Ley Electoral en cuanto a tiempo permitido para la campaña electoral, los únicos que defendieron que no existía semejante irrespeto fueron los dirigentes de partidos políticos, con el silencio y luego la justificación del Tribunal Supremo Electoral. Nadie puede negar que los ciudadanos no fuimos obligados y sometidos a un tiempo de campaña electoral que sobrepasó lo establecido legalmente. Pero... como no pedían el voto... no es campaña electoral. Si se hace una encuesta sin interés partidario, me imagino que la gente responderá que la campaña electoral fue de más de un año. El fiscal no se pronunció sobre la legalidad o ilegalidad del hecho. ¿Tendría que haberse pronunciado?

Con todo lo vivido, es fácil reconocer la inconveniencia de tener un Tribunal Supremo Electoral (TSE) en los términos definidos en el Título VI, Capítulo VII y artículos del 208 al 210. Es inconveniente porque tiene funciones que entran en conflicto y contradicción. El TSE administra procesos electorales en donde se reflejan claros y legítimos intereses partidarios y simultáneamente es la institución que debe administrar justicia en materia electoral. Con lo vivido obliga a reconocer que es indispensable separar estas funciones. El TSE debe convertirse en un verdadero tribunal de derecho en función de impartir pronta y cumplida justicia en materia electoral. Limitarlo a lo eminentemente jurisdiccional es condición para que efectivamente sea el máximo organismo en materia electoral.

Para que el TSE funcione como Tribunal de Derecho debe estar integrado por verdaderos jueces, profesionales competentes, con trayectoria intachable, con independencia de criterio, neutrales, confiables y respetables. El tribunal no debería integrarse con representantes de partidos políticos, porque esto distorsiona el papel y le quita la credibilidad y la confiabilidad de la ciudadanía en materia electoral. Ya se ha dicho hasta la saciedad. Muchas voces se han pronunciado. Muchos papeles se han escrito sobre el tema: A nadie le conviene que en el TSE prevalezcan los intereses de los partidos políticos (o que nos hagan creer que prevalecen). A nadie le conviene que el TSE esté integrado por representantes de partidos políticos, porque ellos siempre van a responder a lo que sus dirigentes digan, van a responder a los intereses de su partido. Pero... al menos que se hagan los cambios que la coyuntura hace posibles: limitar las funciones del TSE como condición para recuperar la confianza institucional en el TSE.

Se necesita cambiar al menos un artículo de la Constitución de la República, el n.º 208. Y esto debe hacerse antes de que finalice la presente legislatura. ¿Por qué tanta premura? Porque cualquier cambio en la Constitución debe ser ratificado. Si no se procede antes de que finalice del 30 de abril de 2009, para que la Legislatura 2009/2012 lo ratifique, la situación sería la misma para las elecciones de diputados y alcaldes en 2012. Si no se procede con los cambios en este momento, seguiremos acarreando las mismas deficiencias que el Tribunal Supremo Electoral ha demostrado.

Limitar al TSE a funciones eminentemente jurisdiccionales obliga a la creación de un nuevo organismo administrativo con la función de organizar, implementar y realizar los eventos electorales. En este nuevo organismo, que demanda profesionalismo, imparcialidad y neutralidad, debe evitarse la tentación de la representatividad de los partidos políticos. Los miembros que integren el organismo que administre las elecciones deben ser profesionales, civiles y sin vínculo partidario alguno. De lo contrario... se continúa con la misma historia. Ahora es cuando todas las declaraciones y ofertas de campaña deben honrarse. Se tienen dos sesiones plenarias más. Hay propuestas hasta de redacción de los cambios. FUSADES los tiene. Y quedan no más que dos plenarias, la del 23 y la del 30 de abril. Veremos si cumplen los compromisos.

Y si quieren hacer bien el trabajo, que se tome en cuenta la importancia de cambiar el proceso de selección de magistrados. Ahora tres partidos con más votos proponen una terna cada uno para que la Asamblea les elija un magistrado a cada uno. Los otros dos salen de las dos ternas que propone la Corte Suprema de Justicia. De los que administran justicia electoral se espera imparcialidad y objetividad. ¿Quién debe proponer ternas a la Asamblea? ¿Las universidades? ¿Los colegios de profesionales? ¿El Consejo Nacional de la Judicatura? ¿Quién de estas instancias asegura imparcialidad y credibilidad?

Escrito por Sandra de Barraza.Viernes 17 Abril 2009. Publicado en LA PRENSA GRÁFICA

Los miedos

La percepción de peligros y amenazas derivadas de la situación económica nacional y mundial no es la única fuente de angustias. Los ciudadanos no dejan de pensar en la violencia y el crimen que permanentemente arrancan vidas, perjudican personas y hunden en el desconcierto e inseguridad a muchas familias. Ni siquiera la Semana Santa pudo convertirse en un período de tregua.

Desde luego ese miedo también es compartido por muchos funcionarios que a veces viven muy de cerca los riesgos. El reciente caso de un miembro del actual partido de gobierno que se involucró en negociaciones indebidas, con un acusado de varios delitos, entre ellos la planificación de los homicidios contra diputados del PARLACEN pertenecientes al mismo partido del negociador, lógicamente ha de causar reacciones de temor entre sus colegas.

Lo que no tendría explicación lógica es que algunos funcionarios de partidos políticos le tengan miedo a candidatos honrados y capaces para ocupar las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Si la fidelidad ideológica y la aparente obediencia partidaria no son suficientes para proteger la tranquilidad de los propios dirigentes y militantes de un partido, es porque tampoco funciona en el resto de la actividad pública para los ciudadanos comunes y corrientes.

Hay una nueva oportunidad para que todos los partidos políticos y los ciudadanos puedan mejorar el sistema de justicia, que va más allá de lo relativo a la actividad de los jueces. La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia es una de las pruebas trascendentales, para mostrar voluntad para terminar con los temores y realidades diseminados dentro y fuera de las instituciones. Esto sería clave para reforzar y mejorar la institucionalidad democrática con el nombramiento de funcionarios que sin importar su falta de fidelidad partidaria se comprometan con la Constitución y las leyes y den muestras de honradez, capacidad y razonabilidad.

Por varios años y de manera continuada existen informes nacionales e internacionales que siguen calificando al sistema judicial de El Salvador como ineficiente y corrupto. La falta de transparencia en diversas instituciones, incluidas las de la justicia, ha sido muy extendida y una serie de casos delictivos se esfuman con mucha facilidad.

Entre otras instituciones, el Banco Interamericano de Desarrollo mencionó como causas de la violencia en Centroamérica las siguientes: las carencias de política de Estado para garantizar la seguridad ciudadana, debilidad institucional y falta de coordinación, sistemas de información fragmentados y desarticulados, lentitud en la tramitación jurídica, impunidad institucional y falta de credibilidad en las instituciones de seguridad y justicia, y falta de confianza en las instituciones. Estas causas pueden ser combatidas, entre otras medidas, mediante la elección responsable de magistrados de la Corte.

Adicionalmente los esfuerzos públicos y privados para conseguir mejores condiciones de seguridad y tranquilidad ciudadana deberán incrementarse, pues a pesar de las acciones desplegadas por las diferentes autoridades para combatir la violencia y el crimen no se han podido disminuir significativamente los niveles de inseguridad y criminalidad.

Existe una serie de estudios e informes sobre la violencia y criminalidad en general y se han sugerido medidas determinadas, pero no se han llevado a ejecución o no se han realizado en la forma necesaria.

Es momento de evaluarlas, rediseñarlas, sistematizarlas, ejecutarlas o mejorar su aplicación.

El nuevo gobierno deberá asumir su liderazgo en la seguridad y tranquilidad ciudadanas, tomando en cuenta a otras instituciones públicas y privadas, incluidos los partidos políticos.

Si el miedo generalizado ahora en nuestra sociedad constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa, surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia, respondamos a estas experiencias con las reacciones adecuadas.

Escrito por Henry Campos. Viernes, 17 abril 2009. Publicado en LA PRENSA GRÁFICA

De las promesas a los hechos

Nos encontramos a pocas semanas de la toma de posesión del presidente electo, Mauricio Funes quedando breve tiempo para que el Gobierno saliente entregue el poder al nuevo mandatario.

En la población existen muchas expectativas sobre los primeros cien días de gobierno, que es un período que sirve de parámetro para medir la labor del mandatario en todo el quinquenio. Es evidente que la crisis económica mundial, que ya se encuentra presente entre nosotros, será un obstáculo que el nuevo mandatario tendrá que resolver con mucha inteligencia, prudencia y especialmente con la colaboración de todos los que nos consideramos buenos salvadoreños y que amamos a nuestro país. En consecuencia es importante que el futuro mandatario comience a priorizar las tareas que tendrá que implementar al asumir el cargo el próximo 1.º de junio.

Para que la gestión del presidente electo sea exitosa es importante la gobernabilidad, para lo cual es imprescindible la reconciliación entre los sectores que durante la campaña electoral parecían irreconciliables con el proyecto de gobierno del FMLN.

Sería difícil y complicado para el nuevo gobernante lidiar con la crisis económica y continuar en confrontación con una oposición que no brinde apoyo a su gestión. No olvidemos que el próximo mandatario será el presidente de todos los salvadoreños, y aunque esta afirmación pueda no ser muy aceptable para algunos sectores de la oposición, constituye la llave para que el futuro gobierno pueda cristalizar sus proyectos de nación en pro del desarrollo del país.

Es alentador poder escuchar las declaraciones de algunos sectores de derecha especialmente a los pertenecientes a la gran empresa privada declarar que tienen la voluntad y la buena intención de ser una oposición propositiva que brindará apoyo a la gestión del nuevo gobierno.

Desde los primeros días el presidente electo tendrá que tomar medidas que propendan a hacer efectiva una mejor recaudación fiscal, controlando con efectividad no solo la elusión y la evasión fiscal que en el país tiene dimensiones enormes, sino también erradicando el contrabando y la corrupción en instituciones del Estado, que no permiten la solvencia económica del erario de la nación.

Obviamente que será necesario un mejor desempeño de las instituciones que llevan a cabo la contraloría para que realicen con mayor eficiencia su papel fiscalizador, imponiendo sanciones significativas a los evasores de impuestos así como a los que no trasladan el cobro del IVA al fisco, para ir sentando un precedente de que el nuevo Gobierno no será permisivo con esta clase de personas. Desde luego que habrá que realizar un pacto fiscal no solo con los grandes empresarios, sino con la pequeña y mediana empresa para involucrar a todos en el crecimiento fiscal del Estado.

También son de vital importancia las relaciones comerciales con otras regiones del planeta, implementando nuevos TLC obviando aquellos paradigmas del pasado que no nos han permitido tener relaciones comerciales con algunos países por la ideología que profesan. Es importante recordar al respecto el proverbio chino muy conocido que dice que no importa el color del gato, sino que sepa cazar ratones.

Es de suponer que habría que agotar todas las posibilidades existentes para que las instituciones financieras internacionales nos apoyen con empréstitos para el financiamiento de proyectos de país.

Es importante que el gabinete del nuevo mandatario tenga la capacidad e idoneidad necesarias para que en corto tiempo se vea la efectividad del nuevo Gobierno, porque el tiempo de las promesas ha finalizado y está por comenzar el momento de los hechos.

Escrito por Salvador Guevara Casco. Viernes 17 de Abril 2009. Publicado en La Prensa Grafica