Federico Hernández Aguilar.02 de Marzo. Tomado de El Diario de Hoy.
En una de las reacciones más desafortunadas que le hemos escuchado en lo que va del año, el Presidente de la República se atrevió a decir que en el Ministerio de Hacienda había una "presunción" contra FUSADES por evasión de impuestos. Semejante declaración no sólo es irresponsable, sino extrañamente innecesaria, dado que nuestro marco jurídico vigente establece --hasta nuevo aviso-- la presunción de inocencia antes que la de culpabilidad, sobre todo si el sujeto investigado es una institución con credibilidad bien ganada y si quien le atribuye públicamente un supuesto delito es el mismísimo señor Presidente.
Cualquiera haya sido la verdadera intención del mandatario al referirse al tema con esa ligereza, pronto corrigió la plana y admitió que "si FUSADES considera que no se ha cometido esa evasión, como lo ha dicho su presidente (Antonio Cabrales), fabuloso".
¿Fabuloso? ¡Qué fácil se dice y qué bonito se oye! Primero, como quien no quiere la cosa, Mauricio Funes desliza que la investigación existe y que en ella se hace alusión a un delito; acto seguido, tras afirmar tajantemente que el informe "no salió del Ministerio de Hacienda", el gobernante reconoce el agravio hecho a FUSADES y, de paso, le desea la mejor de las suertes en la defensa de su honorabilidad. Con este raro orden de ideas, los detractores de la Fundación tienen munición de sobra para atacarla: suficiente espacio para la ambigüedad es lo único que necesitan los soldaditos de las guerras sucias.
Por fortuna para el país, FUSADES ha salido fortalecida de este atentado a su integridad. Creyeron sus enemigos que un rumor bien instalado en el inconsciente colectivo nacional, instigado (ojalá no de manera consciente) por un mandatario proclive a emprenderla contra todos sus críticos, bastaba para destruir el honor de una institución que ha sabido agenciarse el respeto y la admiración de nuestra voluble opinión pública.
Erraron el tiro los detractores de FUSADES. Erró gravemente el Presidente de la República. Y tan descomunal fue el error, que quienes hoy tenemos material para enriquecer el debate somos, por cierto, los que hemos venido adversando las medidas económicas y fiscales del gobierno. Porque la gran lección que nos deja a los salvadoreños la burda y fallida campaña de desprestigio contra FUSADES constituye una prueba más de algo que dijimos en 2009, cuando se discutía la primera reforma tributaria impulsada por la actual administración: hoy por hoy, el Estado salvadoreño es incapaz de garantizar que la información que los ciudadanos le proporcionemos a través de, por ejemplo, una declaración patrimonial, no vaya a terminar en poder de delincuentes o funcionarios inescrupulosos.
Si no fuera porque lo sucedido a FUSADES, con las diferencias del caso, tiene alarmantes precedentes, algún despistado podría acusarnos de exagerar.
Vamos a ofrecer como muestra una nota periodística (que todavía puede encontrarse en Internet) publicada el 17 de julio de 2010 en el vespertino Co Latino. En la cobertura que este medio hizo de la Tribuna Legislativa que la fracción del FMLN suele montar en pleno centro de San Salvador, se consigna que el diputado Inmar Reyes presentó a los numerosos asistentes la información confidencial tributaria de un ciudadano particular, al que acusó de tener ingresos no justificados y pertenecer a la estructura del anticastrista Luis Posada Carriles.
En su prisa por acreditar la militancia terrorista de este ciudadano, el diputado Reyes olvidó que los datos que vociferaba en la plaza pública no tenían por qué estar en sus sudorosas manos. De hecho, que él tuviera esa información era señal clara de una ilegalidad, tan ilegal e irresponsable como darla a conocer con micrófono y parlantes. El periodista Daniel Trujillo, después de citarlo, asevera en su reporte que Reyes "tiene información proveniente del Ministerio de Hacienda" (sic).
Fuera del vivo llamado de atención que hiciera en aquel momento un célebre bloguero nacional, don Neto Rivas Gallont, no supe de nadie que reparara en esta flagrante violación al secreto tributario, infligida por un locuaz legislador de la bancada oficial. ¿Quién investigó esta anomalía? ¿Acaso fue requerido el diputado Reyes por técnicos fiscales de Hacienda para pedirle las explicaciones que ameritaba la evidencia periodística? ¿Y con estos antecedentes nos quiere asegurar el gobierno que protegerá la información íntima y confidencial que le proporcionemos los ciudadanos en nuestras declaraciones patrimoniales?
Por supuesto, al ventilar datos tributarios privados, protegidos por la ley tanto como los suyos propios, la intención del señor Reyes era, a todas luces, política. Como Juan Pablo Marat ante las hordas sedientas de sangre que le aplaudían a la salida de su imprenta, durante el periodo más convulso de la Revolución Francesa, los ataques deslenguados siguen siendo los favoritos de muchos azuzadores modernos. La firme vocería presidencial, en cambio, tiene el deber de ser más responsable, porque se precipita como un rayo sobre las cabezas de los inocentes desde las alturas del poder constitucional.
Ojalá no se repitan hechos tan nefastos. Ojalá.
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