Nace tribunal Justicia Restaurativa en El Salvador ya sea para buscar justicia en el país o fuera de él. ContraPunto conversó con uno de sus protagonistas.
Escrito por Tomás Andréu.09 de Abril. Tomado de ContraPunto.
SAN SALVADOR – Luego de un trabajo sistemático en la promoción de justicia en materia de derechos humanos, nace el tribunal “Justicia Restaurativa en El Salvador”, creado a partir del apoyo que ha brindado el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana IDHUCA a víctimas del conflicto armado y de la posguerra.
El tribunal, conformado por expertos en materia de derechos humanos, tanto a nivel internacional como local, busca solventar los vacíos y omisiones que ha habido en dicho tema, a través del apoyo jurídico e investigativo para que la población afectada exija a las autoridades, pasadas y actuales, la resolución de estas demandas desoídas desde la pasada década.
La cara visible de esta iniciativa es la del director del IDHUCA, Benjamín Cuéllar, quien no solo habla de la necesidad de resarcir a las víctimas, sino de judicializar los casos (muertes, desapariciones, torturas) y organizar a los ofendidos para que denuncien y sus casos “tengan éxito aquí o fuera del país”. Cuéllar también habla de la necesidad de derogar la Ley de Amnistía y de “la verdad, la justicia y reparación” de las víctimas.
El experto advierte que el tribunal “no es el IDHUCA” sino un equipo multidisciplinario en busca de justicia.
¿Qué busca lo denominado como Justicia Restaurativa en El Salvador: una oportunidad?
Esto es parte del Festival Verdad que inició en 1998 y esto más que un evento es un esfuerzo después de ver que el Informe de la Comisión de la Verdad fue sepultado con la amnistía y que no se quería hablar de lo que sucedió en el país y consideramos que es lo peor que puede suceder en el país: callar las cosas, peor aún, premiar a los responsables de grandes violaciones a los derechos humanos, que dinamita el Estado de derecho.
En 2009 planteamos la posibilidad de un tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador. Hemos logrado que vengan al país expertos [en derechos humanos] como el presidente de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil, Pablo Abreu, el ex secretario de Justicia del Estado de Sao Pablo, Belisario do Santos. Se integraron dos salvadoreños: Ricardo Iglesias, abogado de los derechos humanos de la fracción legislativa del FMLN, y Gloria de García Prieto, quien representa a las víctimas porque ella es una víctima de la impunidad de posguerra. La justicia restaurativa busca restituir el tejido social sobre todo en las comunidades. Ojalá con este esfuerzo empujemos al Estado salvadoreño a asumir su responsabilidad. Lo que hicimos el año pasado fue visitar y escuchar a las víctimas. Hay teóricos de la justicia tradicional que dirían que no estaban ahí los victimarios y eso no permite que se restaurara el tejido social porque la víctima tiene que escuchar al victimario y viceversa.
Eso haría verdaderamente fuerte el tejido social, pero eso en el país no puede suceder…
Con los niveles de polarización que existen en el país, donde sé quién estuvo en el otro bando y quién fue responsable de la muerte de mis familiares, no es tan fácil que alguien llegue [a la comunidad] y acepte su culpa. A lo que se ha llegado es a pedir perdón como lo ha hecho el actual gobierno, pero más que eso la polarización del país no lo permite. Hay que abrir caminos, por eso digo que es un proceso. Visitaremos a las víctimas, iremos a Suchitoto, ahí analizaremos los casos como la masacre de Copapayo. El año pasado escucharon los testimonios de las víctimas los miembros del tribunal. Los abogados y abogadas del IDHUCA actuaran como especie de fiscalía y más allá de los testimonios han preparado documentación, fotografías, documentos oficiales, etc.
¿Qué casos están trabajando?
Llevamos el caso de Ventura Romero. Fue secuestrado junto con otro estudiante el 22 de enero de 1980 por guardias nacionales que cuidaban la embajada de Estados Unidos. Estos jóvenes regresaron después de una marcha, los guardias los identificaron, los agarraron y los entregaron a un escuadrón de la muerte. Ambos desaparecieron. Con este caso hay documentación, hay avances. De ser posible podemos llegar hasta el departamento de justicia de los Estados Unidos porque hay participación estadounidense, si no en la acción, en la omisión o en la tolerancia [de los hechos]. Lo que quiero decir es que el tribunal empieza a dar los pasos para judicializar los casos.
Tenemos también la copia de la denuncia por difamación que hizo Jorge Villacorta (dirigente del Frente Democrático Unido, FDR) y Mario Zamora (hermano del político Rubén Zamora ahora embajador en la India asignado por el gobierno del presidente Funes). Ellos presentaron esa denuncia porque (Roberto) D´Aubuisson apareció en televisión con una lista de gente que decía que era subversiva y había que eliminarla.
¿Mario Zamora aparece en esa lista?
Era el segundo. El primero era monseñor Romero. A Mario Zamora lo matan el 23 de febrero de 1980 y monseñor Romero lo denuncia el 24 del mismo mes en su homilía y un mes después matan a monseñor Romero (24 de marzo de 1980). Así mataron a varios. Los que no se clandestinizaron o se fueron, los mataron. Esa es documentación que estamos trabajando.
¿Estaríamos diciendo que el fundador del partido ARENA tuvo participación en la muerte de Mario Zamora?
Al menos incitando al asesinato de él y también la de monseñor Romero, quien aparecía en la lista y días después lo asesinan.
¿Cuántos casos llevan hasta el momento este tribunal?
Alrededor de 10 casos. Hablamos de la masacre de Copapayo, la desaparición forzada de estos jóvenes, el asesinato de Mario Zamora y tres casos de tortura, dos de dos presos políticos y el de una niña que fue secuestrada a los 6 años después de una masacre en la cual asesinaron a sus padres. La subieron a un helicóptero la intentaron tirar, pero ella se agarró de una pierna de un soldado y por eso se salvó. Ella está dando su testimonio [para el tribunal]. Con presión este gobierno u otro gobierno, tienen que dar los pasos que tienen que dar. Hemos anunciado hoy por radio los casos que se presentarán y hemos pedido a testigos que si quieren llegar a tribunal [que lleguen] a brindar su testimonio, a aportar pruebas y a los victimarios por si quieren pedir perdón.
Con el nuevo escenario político que vive el país ¿ven ustedes que los casos caminaran sobre rieles o siempre seguirán sobre un camino espinoso?
En estos temas está claro que no hay voluntad. Hay un ingrediente complicado: no hay valentía para enfrentar las cosas, para enfrentarse a los poderes fácticos o formales. Eso hasta ahora no está claro.
¿Desde los derechos humanos no hay cambios entonces, ya sea en escenarios de izquierda o de derecha?
El cambio sustancial, real en los derechos humanos se dio cuando terminó la guerra [Acuerdos de Paz, 1992] porque terminaron las prácticas institucionales, sistemáticas a las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado salvadoreño y la guerrilla dejó las armas y dejó de cometer las violaciones que cometió. Eso es el gran cambio. De ahí en adelante ¿qué ha cambiado? La gente sigue pobre, insegura, muriendo. Ni siquiera tiene el derecho de vivir en su propio país. ¿El acceso de justicia en este país ha cambiado?, no es que exista impunidad total, porque eso no es cierto, pero hay justicia dependiendo de quién es la víctima y quién el victimario.
Los detractores de la iniciativa que ha tenido el Presidente de pedir perdón en el nombre del Estado, ha sido criticada porque el Estado es una entidad abstracta que no tiene rostro y que no refleja culpables ¿qué opina de eso?
La gente toma actitudes intransigentes. El perdón es bueno para el país, pero no creo que sea el primer paso, debería ser el último paso después que haya verdad, justicia y reparación integral para las víctimas. Eso es lo que hay que trabajar. Existe el peligro, la tentación de quedarse ahí [en el perdón] o decir “no, miren, no me toca a mí, le toca a la Fiscalía o el órgano judicial no actúa y yo como Ejecutivo no tengo nada más que hacer más que pedir perdón”, pero el jefe de Estado es el jefe de gobierno y de la Fuerza Armada y es quien tiene que vigilar que se cumplan los tratados internacionales de los cuales El Salvador es parte. Podría, dentro de la Fuerza Armada, (impulsar) un proceso de investigación para saber dónde están los desaparecidos, por ejemplo…
¿Tácitamente está hablando del presidente Mauricio Funes y que fuera más allá de pedir perdón, más allá de las palabras?
Sí, sí. Era explícitamente que hablaba [ríe]. Para que la gente vea que hay cambios realmente, aunque no sea necesario para ciertos delitos, hay que derogar la Ley de Amnistía, porque sería una señal de voluntad y de valentía para cambiar. El presidente Funes tiene iniciativa de ley. A mí cuando me hablan de cambio en este tema, el cambio sería que a diferencia de [Alfredo] Cristiani que promovió la Ley de Amnistía el 18 de marzo de 1993, que el actual Presidente promueva su derogatoria. Eso sería el cambio.
A su criterio ¿cuál ha sido el rol del FMLN con la Ley de Amnistía en este nuevo escenario político?
No hay un discurso claro, una posición clara. Cuando esto sucede se decanta a favor de que siga la amnistía. Por eso mañana (miércoles 07 de marzo 2009) vamos a ir a la Asamblea Legislativa a ver si algún diputado o diputada nos da su apoyo…
¿Del FMLN?
De donde sea, para crear una comisión especial que proponga, a más tardar el 15 de mayo, la derogación de la Ley de Amnistía y en el mismo acto, la aprobación de una ley para la dignificación de las víctimas.
Si no logran la derogación de la amnistía ¿qué pensaría, cuál sería el mensaje que enviará el país en materia de derechos humanos?
El mensaje lo defino en dos palabras: fuera máscaras. Ya no podrán seguir engañando a la gente. [Ellos, los diputados] se definirían. Monseñor Romero lo decía: la ley para el hombre, no el hombre para la ley.
Cuéllar: “Si Cristiani promovió la amnistía, Funes debe derogarla”
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