José Mario Zavaleta .09 de Febrero. Tomado de Raices.
Con el auge de hechos de violencia delincuencial crecen también las demandas de ciudadanos y de organizaciones sociales para que las autoridades salvadoreñas emprendan de una vez por todas medidas que detengan la escalada de asesinatos que día a día impactan a todos.
Esta situación provoca que de diferentes sectores surjan propuestas que van desde el endurecimiento de las leyes hasta la ampliación de la presencia del ejército en las calles, en apoyo a la Policía Nacional Civil que, de todas maneras, es la única institución establecida constitucionalmente como la encargada de la seguridad pública.
Las mismas gremiales empresariales han desarrollados sus planes en contra de la delincuencia, en un clima que destaca la sensación de crisis nacional, forzando a tomar acciones diversas. Es difícil mantener la calma cuando casi todos los días aparecen noticias de matanzas indiscriminadas, aparecimiento de cadáveres mutilados en calles y quebradas de ríos y situaciones en que ciudadanos toman la justicia por su propia mano, y que no surjan ideas de todo tipo presionando a las autoridades para que las asuman.
El último hecho que ha disparado las alarmas ha sido una masacre ejecutada en el área rural de una zona generalmente libre de delincuencia, como Suchitoto, y en el que un grupo armado, aparentemente con vestimenta oscura y cubiertos de los rostros, han asesinado al menos a 8 personas, su mayoría jóvenes. Inmediatamente han surgido toda una serie de conjeturas y especulaciones tratando de explicar los hechos, entre las teorías del ajuste de cuentas entre pandillas, - cuando las familias de los fallecidos niegan la participación de los asesinados en ellas -, hasta la operación de grupos de exterminio.
Hasta el momento nada en concreto se sabe, y el Presidente de la República ha anunciado que a partir del viernes pasado iniciará reuniones con diferentes sectores sociales y organismos internacionales para anunciar la estrategia que pretende implementar, destacando el combate a los delitos como prioridad. Ya ha anticipado que para desarrollar cualquier plan se necesitan muchos recursos, e invitará a que participen en ese sentido a quienes han presionado a su gobierno para que haga algo, en especial la Asociación Nacional de la Empresa Privada y la Cámara de Comercio, que por cierto han sido los que han encabezado la oposición a las reformas fiscales para incrementar los recursos para desarrollar los programas sociales.
Habrá que esperar cuáles son las soluciones que la administración del señor Funes propondrá para impactar en un fenómeno que afecta a todo el país y en todas las áreas, precisamente en un período de crisis económica donde la inversión y la productividad son fundamentales para activarla, pero que encuentran en la inseguridad un obstáculo evidente, que igualmente afecta la vida social de todos los salvadoreños.
En otro aspecto, la semana pasada se conoció que una jueza que presidió la audiencia convocada para definir el curso de la demanda en contra de las autoridades responsables del Aeropuerto de Comalapa, que junto a un médico, han sido acusados de responsabilidad culposa en la muerte del líder histórico de la izquierda salvadoreña, Schafik Jorge Hándal, quien falleció el 24 de enero de 2006 en esas instalaciones cuando regresaba de Bolivia, se ha negado a actuar a favor de los acusados.
Esta decisión confronta la solicitud de la Fiscalía salvadoreña que había solicitado el sobreseimiento definitivo de los inculpados, hecho que por su parte los familiares de Schafik, en especial su viuda Tania, consideraron improcedente; más, porque todos pudimos comprobar la indecorosa y poco profesional manera en que fue manejada la situación, demostrándose que el problema deficitario de la salud también invade espacios tan complejos e importantes como el mayor aeropuerto salvadoreño.
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