El 75 por ciento de los casos que tramitan los tribunales contra el crimen organizado es de extorsiones, homicidios agravados y secuestros en los que se ha utilizado la telefonía, pero la Asamblea Legislativa aún no se decide a aprobar la ley que permita las intervenciones telefónicas con orden judicial
Escrito por Óscar Iraheta/Karen Molina. 12 de Enero. Tomado de El Diario de Hoy.
Convencidos de que ya no se pueden permitir más muertes y extorsiones a familias salvadoreñas, la Fiscalía General de la República y varios jueces formularon un llamado a la Asamblea Legislativa para que apruebe pronto la normativa para intervenir las comunicaciones telefónicas del crimen organizado y frenar la desbordante ola de chantajes.
"Se tiene que hacer este tipo de legislación de inmediato porque no podemos estar en discusiones. Tenemos que hacerlo ya...", declaró el Fiscal General, Romeo Barahona.
Más del 75 por ciento de los 2 mil 428 casos de homicidio agravados, extorsiones y secuestros, que se ventilaron en 2009 en los juzgados contra el crimen organizado y que han ido a juicio, fueron ordenados y ejecutados por medio de la telefonía, según estadísticas judiciales a las que tuvo acceso El Diario de Hoy.
En 2009 fueron asesinados 140 transportistas, y en lo que va de este año van siete, todos por no pagar la llamada "renta" a los extorsionistas.
"Ya no podemos tolerar más... hay que parar esto", declaró el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ulices del Dios Guzmán, quien explicó que la sola operatividad del sistema de escuchas telefónicas disuadiría en gran medida a los extorsionistas.
Mientras tanto, y pese a que la reforma constitucional respectiva fue aprobada en mayo, la Asamblea se ha tomado tiempo para estudiar el reglamento que debe privar para intervenir teléfonos con orden judicial.
Sin embargo, y de acuerdo con los registros de la Policía, cerca del 85 por ciento de las extorsiones se sigue dirigiendo y cometiendo desde el interior de las cárceles por medio de los celulares. Además los homicidios y plagios son ordenados desde los centros penales por esa misma vía, según las investigaciones.
La Fiscalía y los jueces ven en las intervenciones telefónicas, no la solución total, pero sí un medio probatorio contundente, sobre todo cuando falla la prueba testimonial o no la hay.
"Es sumamente difícil que un delito quede en la impunidad cuando se tiene establecido cuál era el contenido de una conversación y se confirme de quién es la voz que la ha realizado", explicó Guzmán.
"Con las intervenciones a las comunicaciones se sabría cuándo se va a cometer un delito, quiénes la cometieron y dónde se van a cometer. Con esta herramienta legal se podría reducir hasta en un 10 por ciento los delitos como las extorsiones", explicó un juez antimafia que prefirió el anonimato.
Para este profesional, es importante no depender sólo de los testimonios, sino de las pruebas científicas, dado que últimamente los testigos "criteriados" (confesos que declaran contra sus cómplices) han caído en contradicciones y afectado casos.
A este respecto, el magistrado Guzmán explicó que la prueba testimonial no ha sido contundente ni el sistema ha garantizado desde el inicio la incorporación de las declaraciones, a fin de que estas queden firmes si los testigos se van por ser amenazados o fallecen.
"Actualmente hay un tiempo muy largo donde el testigo es expuesto y puede ser asesinado e intimidado. Debería de incorporarse la declaración de un testigo desde un principio y valerse como prueba en la fase de instrucción", dijo el magistrado.
El juez antimafia de Sentencia de Santa Ana, Carlos Linares, razonó que además de aprobar las intervenciones a las comunicaciones, se debe crear más juzgados antimafia para enfrentar más al crimen organizado con esa clase de pruebas y en vista de la eficacia que han tenido.
"Las escuchas serían una herramienta más que el Estado le va a proporcionar al sistema judicial. No será la reina de las pruebas en un proceso penal, pero proporcionará indicios o sospechas fuertes", explicó el juez.
La magistrada Gloria de la Paz Lizama, de la Cámara Especializada contra el Crimen Organizado, reconoció la importancia de la intervención telefónica, pero recalcó que el Ministerio Público deberá aportar otras pruebas y no sólo las conversaciones grabadas.
Pero el magistrado Guzmán fue más allá en sus apreciaciones, al considerar que "estamos siendo indulgentes con los delincuentes y particularmente con las extorsiones en la medida en que no formalicemos el instrumento jurídico adecuado para enfrentarlos".
El Fiscal Barahona lo matiza así: "El delincuente, cuando comete una fechoría, no anda pensando en las condenas. Pero cuando se dé cuenta de que seremos efectivos en la investigación, desde ese momento lo va a pensar. Tenemos que apostarle a la tecnología".
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.