Editorial. 06 de Enero. Tomado de Diario Co Latino.
Como ya lo hemos expresado en otros editoriales, el derecho al trabajo es un principio humano fundamental, de ahí su universalidad. Y de ahí, que lo retomemos en estos momentos que se conoce de despidos en las instituciones públicas y alcaldías municipales.
Algunos medios de derecha, convirtieron en bandera y agenda informativa sesgada, la declaración del Presidente de la República, Mauricio Funes, antes y recién ocupada la presidencia, de que no habría despidos masivos, salvo los de confianza y los que no encajaran en la nueva forma de trabajo, agregaríamos nosotros, por la lógica común.
En efecto, el actual gobierno ha cumplido, de tal forma que los despidos, según, el manejo periodísticos podrían rondar un mil o un poco más.
Los despedidos, pronto han acudido a la fracción del partido ARENA, un instituto político que durante sus 20 años de gobierno se caracterizó por los despidos masivos en las instituciones públicas, y de poner en práctica políticas antilaborales.
Que el comercio informal lo componga casi el 40% de la mano de obra activa en el país, es un reflejo de la política antilaboral del partido ARENA.
Hoy, ese instituto político, en crisis interna profunda, quiere sacar raja política de los despidos en el gobierno central, que si se compara a los cesados en la Alcaldía capitalina, en cuando a número y porcentaje rondaría en números igualitarios.
Nos sorprende, por cierto, que el partido ARENA no le ordene a su alcalde Norman Quijano para que renueve la contratación de los más de 300 trabajadores despedidos. O que haga lo mismo con la también dirigente arenera, Navas, quien ha despedido mas de 600 trabajadores de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán.
No dudamos que en algún despido, del gobierno central haya cometido un error o una injusticia, pero, no creemos que ese sea el caso en todos los despidos. Conocemos de empleados públicos, que atenidos por las promesas de ARENA o de GANA, ha prácticamente boicoteado el trabajo gubernamental en las diferentes oficinas en las que laboran.
Conocemos también, de empleados que no llenan los perfiles para los cargos para los cuales fueron contratados, y que sus contratos concluyeron en diciembre pasado.
En cuanto a los cambios de funcionarios de instituciones como el ISTA, ANDA, LNB o SIGET, lo que se puede inferir es que no encajaron con el estilo del actual gobierno, lo que legitima su destitución.
En tal sentido, es de esperar que los nuevos funcionarios juramentados, no sólo encajen en el estilo del gobierno, sino, que cumplan su papel como servidores públicos, es decir, a favor de todos y todas las salvadoreñas, y no de grupos o sectores, como ha sido históricamente.
Obviamente, para que esto funcione, debe haber una participación vigilante de la sociedad civil, pero, desinteresada y sin exabruptos, ni pasionismos, como creemos, están actuando algunos.
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