Reviven el debate por despenalizar el aborto

Escrito por Miroslava Rosales. Noviembre de 2009. Tomado de Contra Punto.

Mientras una legislación sea tan restrictiva, las mujeres siguen arriesgando su vida al buscar ayuda de personas que no son médicos.

SAN SALVADOR– Los y las delegadas que participaron en el II Encuentro Binacional por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Eugenésico y Ético entre Nicaragua y El Salvador, pidieron este 30 de octubre que los Estados salvadoreño y nicaragüense cumplan con las recomendaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas dirigidas a Nicaragua, que entre otras temas sobre derechos humanos pidió revisar la legislación en materia de aborto.

Pidieron además estudiar la posibilidad de prever excepciones a la prohibición general del aborto para los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación e incesto.

En El Salvador, al igual que Nicaragua, está penalizado todo tipo de aborto. Desde 1997, con la entrada en vigencia del actual Código Penal, se eliminaron los casos de abortos no punibles.

Es más, en El Salvador, sede del encuentro, se asocia el aborto a homicidios por el estigma de asesina que recae en una mujer que “pierde” a su hijo recién nacido, por un aborto no provocado.

“Es una realidad que va en contra, en persecución directa a las mujeres”, resume Dennis Muñoz, defensor de Isabel Cristina Quintanilla.

Isabel  fue condenada a treinta años por el aborto espontáneo de su hijo menor, a pesar de que la autopsia arrojaba que la causa del “homicidio agravado” de la cual fue acusada era indeterminada. “Ella ni su familia nunca escondieron al recién nacido. No hubo ocultamiento del parto ni del embarazo”, aclara Muñoz.

Isabel fue detenida en el Hospital de San Bartolo en octubre de 2004. La tenían con esposas sujetas a la cama. Pero el Juzgado de Paz la dejó libre de cargos días después por no encontrar pruebas fehacientes para incriminarla. El caso fue reabierto y ella fue condenada el 16 de agosto de 2005.

Pero gracias a la intervención de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y su abogado defensor, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que la pena impuesta era “excesiva, severa y sobretodo desproporcional”.

Isabel recobró su libertad el pasado 15 de agosto: el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública cambió la pena de 30 años a 3.

Karina Clímaco hoy recorre las calles de San Bartolo después de haber pasado siete años y cinco meses en Cárcel de Mujeres, con una injusta condena de treinta años por la muerte de su “hija recién nacida”. En un principio, la Fiscalía la acusó de aborto consentido (en El Salvador está penado de dos a ocho años); luego, sin más, la tipificación del caso, en la segunda audiencia, pasó a homicidio agravado. Las inconsistencias en el peritaje de Medicina Legal le devolvieron la libertad.

Legislación salvadoreña

El Código Penal anterior al de 1997 eximía de pena los abortos provocados, para salvar la vida de la madre cuando corría riesgo a consecuencia del embarazo (terapéutico); en caso de malformaciones congénitas del feto (eugenésico) y en caso de violación, estupro o incesto (humanitario o ético).

Sin embargo, con el nuevo Código (1997) dejan de ser eximidos de pena. Así, solo Nicaragua y El Salvador en Centro América criminalizan totalmente el aborto.

El sello a cualquier posible brecha para la despenalización del aborto en estos casos lo marcó la reforma constitucional aprobada el 30 de abril de 1997: “Asimismo reconoce  como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”.

Una vez puesta en marcha la nueva legislación, en la práctica las mujeres perdieron el derecho a la presunción de inocencia, reconoce el “Balance de cuatro experiencias mesoamericanas en torno a la despenalización/penalización del aborto. Informe de El Salvador”, elaborado por la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (2009).

Los médicos o las enfermeras por temor a ser encarceladas de seis meses a dos años denuncian a las mujeres que llegan a los hospitales con sospecha de haber abortado. Con esto violan el secreto profesional.

La cuestión médica

El aborto es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como “interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable” fuera del vientre materno, es decir, antes de las 22 semanas de gestación.

En El Salvador el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social registró 6,856 abortos en 2008. De esos, 6,803 son espontáneos (a veces son producidos por malformación del feto), y 53 son sépticos (cuando después se presentan infecciones ascendentes). Las muertes maternas llegaron a 29.

A veces se pone en riesgo la vida de la mujer y el fruto si no se interrumpe el embarazo. Por ejemplo, en el caso de Lupus: enfermedad inflamatoria crónica que puede afectar varias partes del cuerpo.

Los embarazos anencefálicos (feto sin cerebro) es una malformación incompatible con la vida extrauterina; de ahí que la Dra. Sofía Villalta, del Colegio Médico de El Salvador, manifieste que en estos casos la solución sea el aborto eugenésico.

Antes de la penalización, en base a criterio médico y por decisión de la madre se podía terminar este tipo de embarazo a tempranas semanas. “Con esto se le evitaba a la mujer todas las complicaciones del embarazo, el impacto emocional de la madre al saber que el producto [feto] no sobrevivirá”, señala la Dra. Villalta.

La OMS reconoce que “el embarazo ectópico [cuando el feto se desarrolla fuera del útero] constituye la principal causa de muerte relacionada con el embarazo en los primeros meses de la gestación”.

La presencia religiosa

La modificación del artículo 1 de la Constitución salvadoreña sigue la posición de la Iglesia Católica expresada en el Concilio Vaticano II (Gaudium et Spes. 51): “La vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado”.

Es más: en 1999 grupos religiosos y estudiantes de colegios privados no laicos y de la Fundación Sí a la Vida se movilizaron para presionar a la Asamblea Legislativa por la ratificación de esta reforma constitucional.

El profesor de filosofía Carlos Molina, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en un artículo publicado en un periódico digital expone que no ve “por qué determinada creencia dentro de un grupo religioso tendría que gozar de un valor especial y vinculante para el conjunto de la sociedad”.

“Si bien los grupos provida dicen representar a los cristianos, en realidad basan sus argumentos en algunas interpretaciones religiosas particulares e históricamente construidas”, sostiene el profesor.

De ahí que él considere una “violación” a la Constitución y a la concepción laica del Estado que las leyes sean establecidas basadas en las “ideas de algunos grupos religiosos”.

La Fundación Sí a la Vida es de las que más presencia mediática ha tenido en torno a la penalización total del aborto, gracias a los espacios que le abren los medios conservadores.

Julia Regina de Cardenal es la presidenta de la Fundación y en uno de sus artículos titulado “Pobre bebés y pobres mujeres” llama a los diputados “elegidos democráticamente por una sociedad que defiende la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural” a no legalizar el aborto en ninguna condición especial.

Pero aun dentro de la Iglesia Católica hay fisuras. Católicas por el Derecho a Decidir es un movimiento autónomo que promueven “los derechos de las mujeres, especialmente los que se refieren a la sexualidad y a la reproducción humana”, puntos espinosos para la jerarquía de la Iglesia. Este movimiento tiene presencia en América Latina y Estados Unidos.

En El Salvador también tienen representación oficial desde el 2008.  Rosa Gutiérrez es una enfermera al frente de la lucha, “por la total despenalización del aborto sin distinción de nada”. Parten de que la mujer tiene el derecho a tomar esta decisión; es necesario el “respeto a su conciencia, que es un valor moral, ético y religioso”.

Gladys Melo-Pinzón, una colombiana que recientemente visitó al país para el II Encuentro y es la Directora Internacional de Catholics for Choice, con sede en Washington, dice que “se confía en la decisión moral de mujeres y hombres acerca de sus vidas”, es por ello que no están en contra del aborto. Están conscientes en el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Otras fronteras

República Dominicana, al igual que El Salvador, penaliza todo tipo de aborto.

“El problema del aborto es un problema de clase”, afirma la autora de “Las hijas de nadie”, Lilliam Fondeur, ginecóloga que ha impulsado en ese país la lucha por la aprobación del aborto terapéutico. El artículo 30 de la Constitución dominicana reconoce que  la vida es inviolable desde el momento de la concepción.

En México, los legisladores aprobaron en el 2007 el aborto durante las primeras doce semanas de embarazo.

En chile la “píldora del día después” es gratis para todas. Los centros de salud públicos están obligados a recetar y entregar métodos anticonceptivos tradicionales y de emergencias a las chicas de 14 años en adelante. Esta medida ha sido rechazada por la Iglesia Católica por considerarlas “abortivas”, pero se ha comprobado que estas píldoras sólo inhiben o retrasan la liberación del óvulo o interfieren el acercamiento del espermatozoides hacia el óvulo.

Nicaragua también vive una realidad similar a la salvadoreña.

“En nuestro país, el aborto fue un tema político y religioso”, afirma el Dr. Oscar Flores, presidente de la Sociedad de Gineco-obstetras de Nicaragua. Es precisamente en el contexto de las elecciones presidenciales, que llevaron a Daniel Ortega de nuevo al poder en 2007, cuando se aprueba la total penalización en octubre de 2006.

Las pobres, las más afectadas

Un aborto es un fracaso, no es una experiencia que las mujeres desean o reciban con exultación. De ahí que sea necesario impulsar la prevención de los embarazos no deseados, a través de la educación sexual. Especialmente en las menores de edad. El año pasado en el país 6 chicas de 15 a 19 años engrosaron las muertes maternas, según el Ministerio de Salud.

En la práctica, las mujeres de bajos recursos económicos acuden a métodos inseguros para abortar y con ello corren el riesgo de perder sus vidas.

En mayo de este año, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ratificada por El Salvador en 1981) instó al Estado a “facilitar un diálogo nacional sobre el derecho de las mujeres a la salud reproductiva, incluyendo las consecuencias de las leyes restrictivas del aborto”.

Se espera que la  Comisión Nacional de Bioética de El Salvador (creada el pasado 21 de octubre) tome una posición en torno al aborto.

“Es necesario sacar el tema del aborto de lo político, moral, religioso a temas de salud pública, derechos humanos”, cierra el Dr. Flores.