Fue condenado a cinco años y nueve meses de prisión por haber liberado a narcos mexicanos y colombianos que llevaban cocaína valorada en $13 millones. Admite que huyó a Guatemala. Nunca lo repatriaron. Asegura que la Corte Suprema de Justicia lo autorizó para volver a trabajar como abogado. La Corte le negó la otra petición: la de volver a ser juez.
Escrito por Jessica Ávalos/Suchit Chávez.17 de Febrero. Tomado de La Prensa Gráfica.
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Fue condenado en el año 2000 a cinco años y nueve meses de prisión por haber liberado de forma fraudulenta a cinco narcotraficantes colombianos. Nunca cumplió esa condena. Evadió la justicia por seis años, y ahora que esa pena ya prescribió (venció) ha regresado al país a ejercer como abogado y notario de la República. Se trata de Luis Arturo Ventura Rivas, ex juez de Primera Instancia de La Libertad, quien entre 2000 y 2006 fue prófugo de la justicia.
El Juzgado de Primera Instancia de La Libertad lo condenó como reo ausente por los delitos de prevaricato (corrupción) y actos arbitrarios. Ese mismo tribunal dejó sin efecto en 2008 la orden de captura en su contra porque determinó que, aunque Ventura Rivas no había cumplido la pena impuesta, había transcurrido el tiempo para la ejecución de esta y el condenado ya no podía ser encarcelado.
La noticia de la prescripción de la condena supuso la reaparición del ex juez. Un año después, envió una carta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que solicitó lo rehabilitaran como abogado y notario y que, además, lo reinstalaran como juez de Primera Instancia.
Según el último escrito presentado por Ventura al máximo tribunal, la Corte Suprema ya le dio la autorización para que vuelva a ejercer como abogado y notario.
Fuentes de la CSJ consultadas sobre este proceso, sin embargo, aseguraron que en realidad él no ha sido rehabilitado como abogado y notario porque nunca fue inhabilitado, solo suspendido, y existe una diferencia de procedimiento entre ambas sanciones.
Los abogados y notarios, según la Ley Orgánica Judicial y la Ley del Notariado, pueden ser suspendidos o inhabilitados. La suspensión es una cesación por un periodo determinado que al finalizar permite la incorporación automática de los profesionales; mientras que la inhabilitación es indefinida y requiere un acuerdo de Corte Plena para volver a ejercer.
Quiere volver a ser juez
Pero Ventura Rivas no solo pidió un cese de la prohibición para trabajar como abogado y notario. También pretende que los magistrados de la Corte Suprema lo restituyan como juez de Primera Instancia, es decir, quiere reingresar en la misma categoría que tenía cuando fue encontrado culpable de actos de corrupción.
La Corte Plena conoció este martes esa petición, pero hubo un rechazo unánime. Los 12 magistrados presentes en ese cónclave denegaron la pretensión planteada por Ventura Rivas.
El ex juez ha confesado, en un escrito fechado el 14 de enero de 2010 y enviado a la CSJ, que en todos los años que estuvo siendo requerido por las autoridades salvadoreñas se fue para Guatemala a ejercer como abogado y a trabajar como docente universitario.
Es más, entre los documentos que anexó para sustentar su petición de reincorporación está fotocopia del carné de identificación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que lo acreditaba como abogado de ese país.
El juez expuso a la Corte que “prefiere seguir trabajando” porque aún le faltan dos años más para jubilarse y con el sistema actual de jubilación solo tiene derecho a $240 mensuales.
“Me encuentro con una jubilación tan diminuta que no me permite solventar mis necesidades vitales, por lo cual manifiesto que prefiero trabajar”, planteó en su escrito.
Ayer se intentó localizarlo para tener más detalles de sus aspiraciones de reincorporación, pero no fue posible ubicarlo.
El Pulido
El caso por el cual Ventura Rivas fue condenado fue bautizado como El Pulido, porque así se llamaba la pista donde fueron detenidos los siete narcotraficantes mexicanos y colombianos a los que el ex juez favoreció.
Esos narcotraficantes fueron capturados en El Pulido, que está ubicado en la hacienda Melara del departamento de La Libertad. Llevaban en una avioneta un cargamento de cocaína valorado en ¢121 millones ($13.8 millones).
Aquiles Parada, quien era el fiscal que en aquel momento tomó el caso, denunció que el abogado Danilo Sagastume llegó al tribunal de Ventura y entregó un borrador de la nulidad del caso para que el juzgado lo transcribiera y permitiera que los imputados quedaran en libertad. Tras la denuncia de la Fiscalía, Sagastume también fue suspendido de su profesión.
El de Ventura Rivas no es el primer caso en el que un funcionario público se ausenta para el cumplimiento de una condena.
Similar situación enfrentó el ex director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Romeo Majano, acusado en los años noventa de compras fraudulentas de seguros de vida y de medicina, quien huyó antes de ser juzgado y después fue exonerado.
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