FMLN accede a votar por ley de transparencia

El partido FMLN se comprometió este lunes a dar sus votos en favor de una ley que regule el acceso de la ciudadanía a la información pública, después de un seminario en el que el Grupo Promotor de la normativa explicó a los diputados que al país le cuesta más dinero seguir sin transparencia que montar un sistema que la garantice.

Escrito por Ricardo Vaquerano. 08 de Septiembre.Tomado de El Faro.

“Presiónennos”, pidió al auditorio el diputado Vladimir González, del FMLN. “Presiónennos, si no, no vamos a aprobar la ley”. Sus palabras sacaron las últimas sonrisas de la jornada, pues González cerraba un seminario en el que este lunes hizo un compromiso público de su partido en favor de una Ley de transparencia y acceso a la información pública (LTAIP).

Con el respaldo explícito del FMLN, la aritmética legislativa favorece ya a un anteproyecto cuya discusión en la comisión de legislación del parlamento apenas comienza, y al que el partido Arena había dado su respaldo en junio pasado.

Los diputados de la Comisión de Legislación recibieron en un hotel a una comitiva del Grupo Promotor de la LTAIP, que expuso los contenidos del anteproyecto y las razones para poner a El Salvador a la altura del resto de países de Latinoamérica en esta área. Una de esas razones es el costo del déficit de transparencia.

Cuando el anteproyecto elaborado por Fusades y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional presentó en público el documento, en septiembre de 2008, surgieron las primeras críticas, algunas de las cuales apuntaban hacia el inconveniente de costear una nueva institución en un país que enfrentaba dificultades financieras.

En el seminario del lunes, la exposición de costos estuvo a cargo del capítulo El Salvador de la organización Transparencia Internacional, que planteó que es más caro seguir con un Estado que rinde culto al secretismo, en lugar de uno con cultura de probidad y transparencia. Para ilustrar su posición hizo ver que en algunos países latinoamericanos donde hay organismos que tutelan el derecho al acceso a la información o que pretenden normar la ética gubernamental (como en el caso de El Salvador), los presupuestos anuales no superan los 250 mil dólares.

En una década, eso podría suponer un gasto de unos 2 millones y medio de dólares. En contraste, en El Salvador, y solo tomando algunos de los litigios más sonados, en una década el Estado ha perdido más de 200 millones de dólares en arbitrajes de contrataciones de obras o de ejecución de proyectos de desarrollo diversos.

Según el recuento que presentó Raúl Torres, de Transparencia Internacional capítulo El Salvador, en 1999 se perdió el caso de la carretera Acajutla-Sonsonate-La Cuchilla, por 4 millones de dólares. En 2000, se perdió un litigio por 90 millones, en la demanda de El Paso Corporation por la operación de la central térmica Nejapa Power. En 2006 se agregaron 122 millones por el contrato para hacer las revisiones técnicas vehiculares, en 2008 se agregaron 4 millones por el Hospital San Rafael y 1 millón por el Hospital de Cojutepeque. Eso suma 221 millones que según el expositor, cabe la posibilidad de que se hubieran podido ahorrar si todo hubiera comenzado con buenas decisiones desde el diseño de los términos de referencia de las licitaciones.

Detrás de esta idea está la convicción de que un Estado transparente y en el que los funcionarios rindan cuentas, se vuelve más eficiente y, por lo tanto, la obra pública debería abaratarse y el país no debería enfrentar tanto proceso de arbitraje internacional con pocas posibilidades de ganar.

Ahora El Salvador enfrenta otras demandas multimillonarias, como la que ha puesto la italiana Enel por el desarrollo geotérmico, o como la de Pacific Rim, a la que inexplicablemente el gobierno de Francisco Flores otorgó permiso para exploración y, una vez la minera determinó tras una millonaria inversión que hay un gran potencial para extraer oro con rentabilidad en Cabañas, el gobierno de Antonio Saca anunció que nunca le daría permiso para explotarlo. Enel demandó al Estado salvadoreño por 120 millones, mientras Pacific Rim está reclamando 77 millones.

Entre los expositores de la propuesta del Grupo Promotor, René Fortín Magaña, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, explicó por qué se pide que sea la Corte Suprema de Justicia y no la Asamblea Legislativa la institución que nombre a los integrantes del instituto que garantizará que se cumpla la ley y que impondría sanciones a los infractores.

La Constitución, mientras en el caso de la Asamblea dice que sus atribuciones son, aparte de las señaladas específicamente, todas aquellas que le otorgue la Constitución. Nombrar integrantes para el organismo garante del cumplimiento de la ley no es una de esas atribuciones. En cambio, la Constitución dice en su artículo 182 que la Corte Suprema sí tendrá, aparte de todas sus atribuciones ya especificadas, todas las demás que le determinen “la Constitución y la ley”. Esto abre las puertas para que la LTAIP le encargue ese nombramiento.

“La Asamblea no se puede autoatribuir otras facultades, pues a la Asamblea solo le puede señalar atribuciones la Constitución, no las demás leyes”, dijo el ex magistrado de la Corte.

El anteproyecto de ley propone que la información se clasifique en pública, reservada y confidencial. La confidencial es aquella en poder del Estado que es sensible porque contiene datos personales como relativos a salud, religión, lugar de domicilio, preferencias sexuales y que, exponiéndose públicamente, podrían vulnerar el derecho a la privacidad y a la buena imagen de los ciudadanos.

La reservada es aquella que, por su naturaleza, amerite que se mantenga en secreto, como puede ser la que ponga en riesgo la seguridad nacional o aquella que pueda menoscabar algún tipo de negociación internacional que el Estado se encuentre haciendo.

La pública será aquella que automáticamente las instituciones estatales o privadas que manejan cierta información -como contratos de obras con el Estado- deberían poner a disposición de la ciudadanía, o aquella que en virtud de una solicitud expresa de algún ciudadano o gremio o institución, deba entregarse.

En Latinoamérica El Salvador es prácticamente el último país sin contar con una normativa de transparencia o de rendición de cuentas o de acceso a la información. En Guatemala hace pocos meses se aprobó una, y México tiene unos cuatro años de estar usando la suya. Aunque al principio, en el caso de México, los periodistas fueron los que más usaron la ley, ahora son los empresarios y los ciudadanos particulares quienes más hacen uso de ella, y esta fue una de las ideas que se promovió ante los legisladores.
Una vez terminadas las exposiciones, en el espacio de preguntas y respuestas, los diputados no hicieron cuestionamientos. Sin embargo, al representante del FMLN le correspondió cerrar la actividad. Y entonces fue cuando González declaró que él está en favor de la normativa y, dado que es tan importante decretarla, anunció que pedirá que se cree una comisión ad hoc para depurar un solo anteproyecto que surja de fusionar el que presentó el Grupo Promotor y el del FMLN.

El Grupo Promotor lo forman 11 instituciones y gremios como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la Fundación Nacional para el Desarrollo y su capítulo salvadoreño de Transparencia Internacional, las universidades José Siméon Cañas (UCA) y José Matías Delgado, la Asociación de Radiodifusores (Asder), Fusades y el periódico El Faro.

Al esfuerzo, sin embargo, se han sumado otros organismos como la ANEP, que se hacen llamar Aliados por la Transparencia. Entre los expositores estuvieron Javier Argueta, representante de la ANEP, y Rafael Domínguez, presidente de la APES.

Ante ellos y ante un centenar de invitados, el diputado efemelenista que cerró el seminario hizo su exhortación. “ Presiónennos, yo estoy sobre la idea de esto, si no, no vamos a aprobar la ley. Presiónennos, pero con ideas creativas como las que han hecho hoy”.