Contra Punto-Una necesaria crítica al poder mediático

Escrito por Luis Armando González. 10 de Febrero. Tomado de Contra Punto.

La libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas y no un patrimonio de empresarios de medios de comunicación ni de quienes trabajan para ellos.

SAN SALVADOR-En las últimas semanas ha arreciado la discusión sobre el importante tema de la libertad de expresión y la crítica del poder. No obstante que muchos ciudadanos piensan –con buena dosis de razón— que hay asuntos más graves para lo convivencia social a los cuales prestar atención, el debate en torno a estos dos importantes derechos –o uno solo, según se quiera ver— es parte esencial de la convivencia ciudadana, sobre todo si a ésta se le quiere dar un sostén democrático. En torno a la libertad de expresión y la crítica del poder se suelen dar por supuestas demasiadas cosas, algunas de las cuales no tienen porqué serlo –o al menos, deberían serlo sólo después de haber sido sometidas a un escrutinio riguroso que debería trascender los ámbitos mediáticos y político, pues atañen al conjunto de la sociedad. 
De entrada se tiene que apuntar que la libertad de expresión y la crítica del poder son pilares fundamentales de la democracia; lo cual quiere decir que no sólo deben ser protegidos y garantizados por las instituciones del Estado, sino defendidos con las mayores y mejores energías por los ciudadanos y ciudadanas.  Se deben defender como un asunto de principio, no de conveniencia o de cálculo político. Lo cual no significa, sin embargo, que no haya que definir y clarificar qué se entiende por una y otra. Y aquí ciertamente hay mucha tela que cortar.  
Y es que cuando se habla de libertad de expresión se suele asumir, sin mayor sentido crítico, que la misma es una atribución casi patrimonial de los medios de comunicación, especialmente de los más poderosos. Se entiende, en esta perspectiva, que la libertad de expresión es libertad exclusiva de los medios, principalmente de sus propietarios y derivadamente de editorialistas, periodistas, columnistas y colaboradores de ocasión. Los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes quedan excluidos del ejercicio de ese derecho o, en el mejor de los casos, son convertidos en agentes pasivos –en meros receptores— de lo que propietarios de medios, editorialistas, periodistas, columnistas y colaboradores decidan transmitirles cuando hacen uso del derecho de libertad de expresión del cual se han apropiado muchas veces con la venia de sectores influyentes de la política y la economía.
Contra esa visión, se tiene que defender esta otra: que la libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas y no un patrimonio de empresarios de medios de comunicación ni de quienes trabajan para ellos. Obviamente, todas estas personas –especialmente, los propietarios de los medios— gozan del enorme privilegio de tener acceso a los instrumentos (periódicos, radios, televisión, Internet) que les permiten el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión; no así la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas a la que está vedado el acceso a esos instrumentos y que para hacer valer ese mismo derecho debe sortear enormes escollos. 
En parte, es esto último lo que ha hecho posible que quienes se desenvuelven en el campo de los medios (como propietarios o empleados suyos) se hayan erigido en una especie de “representantes”  de quienes tienen serias dificultades para ejercer el derecho a la libre expresión de sus pensamientos, ideas y creencias. Esta usurpación le ha salido cara al ciudadano y la ciudadana de a pie: no sólo se ha visto desplazado en sus opiniones, ideas y creencias por otros ciudadanos con iguales derechos que los suyos, sino que estos últimos han impuesto sus particulares ideas y creencias al conjunto de la sociedad, amparados en el derecho a la libertad de expresión del cual han convertido en detentadores casi exclusivos.
Esta autoatribución ha llevado a otra visión equivocada de las cosas: que los medios de comunicación –en especial las empresas mediáticas más poderosas— son los baluartes privilegiados de la crítica al poder.  Aquí, de nuevo, hay mucho que discutir y aclarar. Una, no poco relevante, es la que tiene que ver con lo que se entiende (o debe entenderse) por crítica al poder y a quienes lo ejercen –sobre todo, si lo ejercen abusivamente—.  
Se da por sentado que el talante de esa crítica no tiene nada que ver con denigraciones personales ni afrentas a la dignidad humana de quienes son criticados. Pero ¿cuántas veces es esto último lo que se entiende por crítica en nuestros medios de comunicación? ¿Cuántas veces la denigración y la afrenta sustituyen al análisis y la valoración ponderada de un comportamiento o una trayectoria? ¿Cuántas veces, en el pasado reciente, esas afrentas y denigraciones personales no se tradujeron en persecución, exilio o asesinato de quienes fueron objeto de una crítica amparada en la libertad de expresión? 
Es cierto que figuras con poder se pueden defender arguyendo un ataque contra su dignidad y su integridad  cuando lo en verdad sucede es que se enfrentan a una crítica contra sus abusos. El contenido de esa crítica es lo que salva a quienes la han realizado. Y las leyes deben proteger a quienes las hicieron; pero esas mismas leyes deben sancionar a quienes, queriendo vender sus opiniones como crítica, lo que en realidad hacen es denigrar y pisotear la dignidad de personas a las que consideran “enemigas”. Los ejemplos de opiniones, vendidas como crítica, que denigran y pisotean la dignidad de otros son tan comunes en la historia salvadoreña reciente (y aun en la actualidad) que insistir sobre ellas es una pérdida de tiempo. Al igual que se considera –aunque no debiera ser así— una pérdida de tiempo seguir procedimientos legales en contra de quienes ejercen un periodismo denigratorio y humillante de personas e instituciones. 
Defender la libertad de expresión y el libre ejercicio de la crítica del poder (y a quienes lo ejercen) no es defender esas prácticas abusivas y cercanas al delito –o francamente, delictivas— de propietarios de medios, editorialistas, periodistas, columnistas y colaboradores. Quienes en este ámbito son más críticos y honestos deberán promover entre sus colegas un  esfuerzo de reflexión seria sobre las grandes deudas del periodismo nacional con la sociedad salvadoreña. En nombre de la libertad de expresión y de la crítica al poder –con el cual, además, en muchas ocasiones se fue cómplice— se cometieron abusos injustificables en contra de la verdad y la decencia.
Y para poner alto a esos abusos no basta con los reglamentos de ética periodística, sino que la ley debe proteger los fueros de quienes son agraviados desde ese otro poder que es el poder mediático. Porque está bien hablar de crítica al poder y del derecho a realizarla, pero ¿cuál poder? ¿El poder político, en exclusiva? ¿O también el poder económico? ¿Y el poder religioso? ¿Y el poder militar? ¿Y el poder mediático? En verdad, en la tradición liberal ilustrada –que es de donde procede la inspiración de sostener como sostén de la democracia la crítica al poder— no se trata sólo de criticar el poder político-estatal, sino cualquier forma de poder, de la cual se sospecha que es proclive al abuso. O sea, el poder mediático –que es un poder no sólo proclive al abuso, sino que efectivamente ha llevado a abusos y ha sido cómplices de múltiples abusos en la historia salvadoreña— debe de estar también en la mira de la crítica pública, debe ser objeto de una crítica rigurosa y fundamentada, que ponga de manifiesto sus debilidades, abusos y juegos de poder. Es una crítica que está por hacerse, pero que tarde o temprano –por la salud de nuestra incipiente democracia— habrá que hacer.

Una necesaria crítica al poder mediático