Escrito por Juan Gasparini.10 de Febrero. Tomado de Contra Punto.
El Salvador deberá decir si estudiará o no eliminar la Amnistía de 1993 que según la comunidad internacional mantiene un nivel de impunidad en lo referido a crímenes de guerra
GINEBRA
- Los mecanismos del Examen Periódico Universal (EPU), al que se someten todos los Estados miembros de la ONU, tocándole el martes el turno a El Salvador, disponen que el país puesto bajo la lupa tiene dos días de plazo para responder a las críticas y recomendaciones que le hayan formulado los demás integrantes de Naciones Unidas durante la comparecencia.El Salvador debería por consiguiente referirse el jueves al requerimiento que le hiciera la Argentina: si va a abolir la ley de amnistia sobre los crímenes de la guerra civil (1979-1992), que dejara un saldo de 80 mil muertos y más de 8 mil desaparecidos.
“La Argentina desea preguntar si el Estado salvadoreño contempla iniciar una reflexión interna respecto del mantenimiento o derogación de la “Ley de Aministía General para la Consolidación de la Paz”, a fin de poder juzgar los presuntos crímenes de lesa humanidad cometido durante el conflicto”, puntualizó en su intervención la delegación argentina.
El viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Carlos Castañeda, que encabezaba la delegación de dicho país, no dio ninguna respuesta durante las deliberaciones, pero indicó luego a la Agencia France Presse (AFP) que “todas las recomendaciones, inquietudes, comentarios, los trasladaremos de la manera más franca a nuestro gobierno (...) para que de manera oficial pueda expresarse en su debido momento”.
Según las normas del EPU, el gobierno salvadoreño podría definirse el jueves, cuando la ONU presente un informe escrito sobre lo debatido, ocasión en la que tendría que decir si acepta, rechaza o posterga pronunciarse sobre las recomendaciones que le hayan manifestado los países que participaron en el EPU, que resulta una revisión general de la situación de los derechos humanos del país examinado.
Gran Bretaña se sumó a la Argentina y alentó a El Salvador a demostrar “un compromiso para resolver los asuntos pendientes de la guerra civil tales como la impunidad, investigar casos de desaparición forzada y garantizar el derecho de justicia para todas las víctimas”.
La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navanethem Pillay, encargada de elevar por escrito las opiniones de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el EPU, recogió en su informe elementos sobre la Ley de Aministia y la impunidad en El Salvador.
El Centro Internacional para la Justicia Transicional y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de San Salvador (ICTJ-IDHUCA), estimaron que la mentada ley “impedía que las víctimas acudieran a los tribunales para exigir justicia y reparación”, cita el documento de Pillay.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), agregó “su preocupación por la impunidad de la gran mayoría de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado, lo que se debía pricincipalmente a la vigencia de dicha ley”, transcribió asimismo el informe de Pillay.
La guerra civil salvadoreña duró entre 1980 y 1992, con un saldo de más de 80 mil muertos, así como la economía destruida y la sociedad desintegrada. Se calcula que cerca de un millón de salvadoreños huyeron al extranjero durante el conflicto armado.
Excepto casos civiles en Estados Unidos, en El Salvador ningún criminal de guerra ha sido juzgado pese a que se cometieron masacres contra poblaciones civiles, se asesinaron a religiosos, se desaparecieron y torturaron a opositores a la dictadura, todos estos considerados crímenes de lesa humanidad según la justicia universal.
La guerra concluyó en un pacto de paz entre gobierno y guerrilla el 16 de enero de 1992.
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