A partir de mi breve experiencia en la burocracia gubernamental, me solidarizo de manera muy especial con aquellos servidores públicos que han sido despedidos o que están en la mira de sus nuevos jefes, en un momento en que resulta muy difícil conseguir un empleo digno. Aclaro que durante ya mi larga carrera laboral, nunca he enfrentado realmente una situación de esa naturaleza, pero en mis pocos años de trabajo con el gobierno, nunca la descarté.
Escrito por Juan Héctor Vidal.11 de Enero. Tomado de La Prensa Grafica.
Mientras trabajé en la Corte de Cuentas hace ya más de cinco décadas, me unía a aquellos preocupados compañeros que cada diciembre sufrían verdaderas pesadillas pensando que su nombre podría ser omitido en el Diario Oficial que contenía el acuerdo del presidente de la institución, ratificando los cargos para el año siguiente. Cuando bien nos iba, los jefes inmediatos más sensibles nos deseaban lo mejor para el año nuevo, lo cual ya enviaba un mensaje subliminal de que no había razón para irse de vacaciones con semejantes dudas.
Probablemente esa misma historia se repetía en todo el sector público hasta el gobierno anterior. Pero lo que está pasando en el actual es casi inédito. De por medio sin duda está el factor ideológico, aunque el presidente hizo de la “meritocracia” un tema central en su toma de posesión y se haya tratado de descartar todo indicio de persecución política.
Aun así, lo que está ocurriendo con muchos servidores públicos en esta ocasión, probablemente no se había dado en los últimos cincuenta años, o quizás nunca. Pero los reclamos por despidos han sido tan abundantes y supuestamente la mayoría de ellos injustificados, que el mismo gobierno se apresuró a instalar una comisión revisora que estudiará caso por caso, lo que abre la posibilidad de que muchos trabajadores sean reinstalados.
Dentro de todo este affaire, es entendible que los “puestos de confianza” hayan estado en la mira; de hecho, siempre ha sido así, aun durante los cambios de gobierno del mismo partido. Pero también en estos casos, hay que hacer una diferencia entre aquellos funcionarios que ocupan un cargo por mérito propio, de aquellos que se escudan en el amiguismo o que forman parte de los grupos de incondicionales del jefe, que normalmente son los que hacen el trabajo sucio y ocupan muchas plazas fantasma.
En la administración anterior, corrió el rumor de que CAPRES se llenó de ex ministros, ex presidentes de autónomas y otros altos funcionarios. Incluso trascendió que los salarios que recibían eran más elevados que los que devengaban en sus anteriores puestos, para lo cual se utilizaban las famosas partidas secretas y, en el extremo, recursos proporcionados por organismos internacionales.
En cualquier caso, sería cándido suponer que detrás de esa cuestionable forma de administrar los recursos humanos no hay, como en este caso con el cambio de gobierno, presiones de muchos potenciales servidores públicos promovidos, por los propios jerarcas del partido para pagar facturas.
Sin embargo, lo que está pasando ahora es la consecuencia lógica de que, en rigor, nunca ha habido en el país una verdadera carrera administrativa que le garantice al servidor público estabilidad laboral, posibilidades de auto desarrollo y ni siquiera un retiro decoroso.
Así las cosas, creo que cuando el presidente Funes puso énfasis en la meritocracia en la función pública, se estaba haciendo eco de aquellos que ven en los veinte años de ARENA el desarrollo de una frondosa burocracia que en gran parte fue construida con una gran masa de adherentes al partido, independientemente de sus calificaciones. Lo mismo podría estar pasando en esta ocasión.
Hoy, el problema es que deshumanizar indiscriminadamente el trabajo puede resultar sumamente riesgoso. Pero, ¿qué mejor oportunidad que aprovechar este embrollo para iniciar una verdadera profesionalización del servidor público, corrigiendo los vicios del pasado y dándole el trato que merece toda persona?
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