Contra Punto-Falta de reglas vuelve caótico despidos en gobierno

Escrito por Magdalena Flores / Edgardo Ayala. 12 de Enero. Tomado de Contra Punto.

Los despidos y contrataciones dentro del sector público deberían estar claramente regulados, y si bien existe una legislación, ésta está ya desfasada. Lo que sigue es el caos y las quejas de despedir injustamente y de contratar por “cuello” o conexiones políticas, que ya es una tradición en el país.

SAN SALVADOR – Cuando la otrora poderosa Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) perdió las elecciones en marzo pasado y cedió el poder a la izquierda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), muchos empleados públicos tragaron grueso. Era claro que una inmensa cuchilla en forma de despidos iba a ser manejada alegremente por los nuevos amos en el gobierno, y entonces un oscuro panorama laboral se comenzó a dibujar en el horizonte para ellos.

Muchos de esos empleados se habían mantenido enquistados en el poder gracias a sus conexiones políticas con los dirigentes y funcionarios que fueron sacados a empujones por la fuerza del voto popular.

Otro tanto estaba allí porque eran gente trabajadora que a través de los años había hecho méritos para afianzar su puesto. Pero como los nuevos funcionarios no lo sabían, también tragaban grueso. Otros, aunque fueron buenos trabajadores, sus plazas salían sobrando en los nuevos planes gubernamentales.

Y otros no es que fueron buenos empleados, más bien eran activistas del partido ARENA con empleo en el gobierno, como el caso de la Secretaría de la Juventud, una estructura copada por “hijos de papi” de la cual salieron volando –105 en total— al suprimirse sus plazas cuando esa Secretaría se fusionó con la nueva Secretaría de Inclusión Social (SIS).

El caso es que la cuchilla comenzó a cortar por lo bajo, y las quejas y las críticas no se hicieron esperar. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) aseguró que son más de mil 300 los despedidos, y afirmó que en algunos casos pudieran ser injustificados.

“Sí ha habido un exceso y un abuso en los criterios que se han tomado –para despedir a los empleado—”, ha dicho Óscar Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

Faltan reglas claras
Pero contratar y despedir debería ser algo normal en el Estado, o al menos algo no tan traumático, siempre y cuando se tomen los mecanismos idóneos y no se violenten los derechos de los empleados, estiman analistas. El problema es que el Estado no cuenta con un sistema adecuado que garantice estos procesos de selección y finalización de contratos.

“Por las carencias de la legislación en algunos casos el Estado está obligado a mantener personal que no es necesario, y en otros casos cuando hace despidos se puede convertir en un proceso arbitrario”, dijo a ContraPunto Jaime López, miembro del área de transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

Y agregó: “Realmente el Estado debería tener un sistema que le permita adelgazar y engordar (el número de empleados) según el tamaño del presupuesto que se esté ejecutando”, sentenció López.

En los últimos años el número de empleados gubernamentales ha engordado. Estudios de Funde muestran que desde el 2004, cuando llegó a la presidencia Elías Antonio Saca, se ha mantenido un crecimiento promedio anual de 1.7%, equivalente a 2,229 plazas nuevas en el sector público (no financiero).

Del 2005 al 2009 se sumaron 12,322 nuevas plazas. En el presupuesto de 2010 se han incorporado 2,450 plazas nuevas, más o menos al mismo ritmo de crecimiento del 2004.
Leyes obsoletas
En el país no existe un mecanismo único para regular las contrataciones, finalizaciones de contratos. Por ejemplo las autónomas tienen sus propias regulaciones, y el gobierno central las suyas.
El comité de expertos del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, llevada a cabo del 3 al 8 de diciembre de 2007, en Washington, recomendó a El Salvador: fortalecer y desarrollar las etapas que integran los procesos de reclutamiento y selección de personal en la función pública.

Eso debería de implementarse mediante la adopción de disposiciones y criterios claramente definidos sobre las convocatorias, sus requisitos, contenidos y divulgación sobre la celebración, bases y valoración de las pruebas de idoneidad, así como la selección de candidatos y su ulterior nombramiento como nuevos empleados, asegurando los principios de publicidad equidad y eficiencia a que se refiere la Convención.

El analista de Funde considera que se necesita una nueva Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, ya que la que existe está obsoleta. También indicó que es necesario crear un banco de datos del personal del Estado que permita hacer un sistema de meritocracia para los ascensos, las contrataciones o los despidos. De modo que esos ascensos, contrataciones y despidos no sean en base a los “cuellos” o  conexiones que se tengan.

Además señaló que falta un sistema de evaluación y un poco más de flexibilidad en la cuestión de ajustar el tamaño del personal de acuerdo a los objetivos de cada año del presupuesto.

“El problema ahora es que la mayor parte de las contrataciones son por recomendación de un funcionario, entonces si básicamente una persona queda despedida sus posibilidades de volver a conseguir un trabajo en el Estado son difíciles, si no tiene quién los recomiende”, reflexionó López.

“Es legítimo que el gobierno ajuste las plazas, el problema es que no hay garantías adecuadas”, dijo López.

Para López lo mejor sería que el Estado, de acuerdo a sus proyectos y presupuesto, realice un plan de trabajo que permita identificar cuánta gente es necesaria y por cuánto tiempo, para que no se cometa ningún tipo de injusticia como el caso mencionado de Guillermo, de 53 años de edad.
Haciendo campito a los compas
Precisamente porque no hay una clara regulación o la regulación que existe ya está desfasada, como dice el analista de Funde, culturalmente se ha enraizado la tradición en el país de que el partido que llega al poder comienza a abrir espacios laborales para sus seguidores o, peor, para los amigos de los nuevos hombres fuertes en el gobierno.

“Efectivamente puede ser que no esté pasando (despidos para meter a activistas del partido ganador) pero igualmente puede ser que pase también, mientras no se aplique una regulación en base a méritos”, sentenció López.

Este fenómeno de contratar gente no por conocimientos y capacidades sino por amiguismo y afinidades políticas se ha practicado siempre en el país, independientemente de quién gobierne.

Está claro que los puestos de confianza son los primeros en salir volando. Pero incluso no existe claridad en determinar qué es un puesto de confianza, y ese vacío da pie a discrecionalidades.

Ya se han comenzado a ver algunos casos de “amiguismos” dentro del gobierno de Funes, e incluso algún pequeño brote de nepotismo, según se queja el diputado opositor Roberto D’aubuisson, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

En la entrevista del Canal 21, D’aubuisson exhortó telefónicamente al conductor de la entrevista a que indague sobre quién es el nuevo representante en El Salvador ante el Banco Centroamericano de Integración Centroamericano (BCIE), para luego dar él la respuesta: se trata de Guillermo Funes, hermano del Presidente de la República.

“¿Dónde está la transparencia?” se preguntó el diputado, y agregó que lo que se está viendo es que ex combatientes del FMLN están ocupando puestos en el sector público.

Un ex empleado del Órgano Judicial, que se identificó solamente como Guillermo, dijo a ContraPunto que los despidos han sido arbitrarios, sobre todo porque hay gente que conserva sus plazas por simples conexiones.

“Hay unos que sólo a cobrar llegan y siguen trabajando”. Incluso está el caso de un magistrado que tiene como asesor a un estudiante universitario, mencionó, aunque no dio nombres.

La preocupación de él no es sólo no tener trabajo, sino que por su edad ya se le dificulta ubicarse en otro lugar. Además de su avanzada edad, Guillermo es un discapacitado, ciego de su ojo izquierdo.
Él afirma que estos despidos se han realizado al azar, sin importar si realiza bien o no su trabajo.
“Yo creo que a dedo han sacado a la gente porque yo siento que se ha hecho un buen trabajo donde yo estaba”. Él se dedicaba a llevar el control detallado de todo lo que se les ponía a las unidades de transporte del Órgano Judicial. De dicha institución presuntamente han cesado a unos 50 empleados.

“No miran el daño sicológico, económico y de estabilidad que hacen”, reflexionó. Por su parte Deisy Hernández aseguró estar en una situación muy difícil pues no tiene cómo ganarse la vida hoy que fue cesada de sus labores en el Órgano Judicial.

“Soy la cabeza de una familia, mantengo a mis dos hijos y a mis padres, y no tengo otros rubros donde me pueda ocupar”, afirmó.

“Apoyo al presidente Mauricio Funes, sé que esta clase de cosas tienen que pasar, en el tiempo de ARENA se dieron así y nadie decía ni pío, ahora sí lo hacen;  pero definitivamente no apoyo a las personas que nos han sacado arbitrariamente”, dijo Guillermo.

Despedidos aún con esperanzas
El Presidente Funes se comprometió a finales de diciembre con los despedidos a revisar sus casos. Al mismo tiempo que señaló que nadie iba ser cesado por cuestiones ideológicas.

“Si al final me doy cuenta de que lo que ha prevalecido es una razón de carácter ideológico, partidista, entonces no solo se revertiría la decisión tomada, sino que incluso tomaría acciones administrativas sobre este funcionario que ha tomado esta decisión”, declaró Funes el pasado 23 de diciembre.

La promesa del presidente no se ha hecho esperar, el pasado miércoles 6 estableció una Comisión Revisora de Terminaciones Laborales, la cual se encargará de estudiar las solicitudes de empleados despedidos recientemente y que consideren que sus derechos no fueron respetados.

La comisión esta integrada por el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres; la Ministra de Trabajo, Victoria Marina Velásquez de Avilés; el Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, Dionisio Machuca, y por el Secretario de Asuntos Estratégicos, Hato Hasbún.

Los empleados que consideran necesario la revisión de su caso, tendrán de plazo hasta el 15 de enero para presentar la solicitud correspondiente, en una ventanilla habilitada para dicho fin en el Ministerio de Hacienda, ubicada en el Boulevard de los Héroes, edificio 1229, contiguo al mercado Las Pulgas. También pueden realizar su solicitud en Internet, en la siguiente dirección www.presidencia.gob.sv

Una vez cerrado el plazo para la recepción de solicitudes,  la Comisión Revisora presentará a más tardar el 22 de enero un informe al Presidente de la República y luego las recomendaciones correspondientes.

Sin embargo aún se desconoce los mecanismos y métodos que van utilizar para revisar caso por caso. ContraPunto intentó hablar al respecto con la ministra de Trabajo, Victoria Marina de Avilés, pero no tuvo éxito.

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