¿Y la otra cara de la catástrofe?

Escrito por Enrique Gomáriz Moraga. Noviembre de 2009. Tomado de Contra Punto.

Se necesita un acuerdo sociopolítico, para que el trabajo municipal, departamental, social, adquiriría mayor eficiencia

SAN SALVADOR - La secuela de muerte y destrucción que ha dejado a su paso la estela del huracán Ida ensombrece hoy al país. Las cifras luctuosas ascienden a 140 muertos y son más de 13,500 las personas damnificadas. Frente a esta situación, los poderes públicos dan una respuesta firme y el primer poder de la República, la Asamblea Legislativa, reacciona de forma unánime, para decretar el Estado de Calamidad y avalar así el uso de recursos extraordinarios para enfrentar la catástrofe. La sociedad salvadoreña no sólo da muestras de su capacidad solidaria sino de traducirla de inmediato en el sistema político para adoptar las medidas conjuntas y excepcionales como nación. Podría hablarse de una respuesta colectiva ejemplar.

El problema consiste en que estos desastres que golpean el país de vez en cuando, ocasionados por fenómenos naturales, no constituyen el único tipo de catástrofe nacional. El Salvador soporta desde hace años una catástrofe que causa más muertes, más damnificados y más costos que el conjunto de los inducidos por desastres naturales: la violencia social. En efecto, en los últimos diez años, incluyendo el Mitch, la violencia social le ha costado al país siete veces más muertos, cuatro veces más damnificados y unos daños sociales incalculables, porque no sólo se trata de contabilizar costos materiales, como ya hizo el PNUD, sino de tomar en consideración la destrucción profunda de tejido social que causa esta catástrofe.

Las afirmaciones anteriores no se hacen para reducir la dimensión catastrófica que tienen hechos como los inducidos por la estela del huracán Ida, o por el Mitch y los terremotos. Todo lo contrario: se hacen para motivar a la reflexión de si el fenómeno de la violencia y la criminalidad que enfrenta El Salvador no merece la categoría de catástrofe nacional y la respuesta social y política correspondiente.

Durante anteriores etapas, la respuesta de los poderes públicos ante la violencia fue unilateralmente gubernamental y en ello consistió una de las principales debilidades de las políticas de mano dura. Sólo en la segunda mitad del gobierno de Antonio Saca se hizo evidente que el Gobierno buscaba una concertación seria con otros poderes del Estado; pero nunca se llegó a plantear como un Gran Acuerdo Nacional.

El actual Gobierno ha tenido una evolución en sus posiciones todo lo rápido que ha podido. Comenzó bajo el síndrome del reparto de trabajo entre derecha e izquierda, que hace que la derecha se ocupe más de la coerción y la izquierda más de la prevención. A los cuatro meses ya era evidente que era necesario romper definitivamente ese esquema y emplear todos los medios posibles en la coerción, al tiempo que se trabaja en la prevención, desde una perspectiva de estrategia integral.

El problema es que el tipo de violencia y criminalidad que tiene enfrente se ha transformado notablemente en los últimos cinco años. Ahora no hay una distancia y una conexión ocasional entre crimen organizado y pandillas; las cuales ya no están formadas por clicas autónomas que se conectan muy de vez en cuando. Ahora, sobre todo con el desarrollo de la extorsión, las relaciones entre crimen organizado y pandillas son más estructurales y estas últimas han necesitado de una suerte de planificación anual, para calcular los réditos que se pueden obtener cada año. Ya tienen una organización más integral y han comenzado a tener una lectura de la realidad más sistemática. Así, leyeron perfectamente que al nuevo Gobierno le costaría un tiempito entender la gravedad de la situación y aprovecharon esa circunstancia. De esta forma, si al 1 de noviembre había ya 3,673 asesinatos, es perfectamente posible que este año suponga el record de concluir con una cifra en torno a los 4,000 homicidios. Es decir, los 140 muertos que ha ocasionado la catástrofe inducida por Ida, los proporciona la violencia social cada diez días.

El Presidente Funes ya ha decidido que esta situación hay que pararla y que va a emplear medios extraordinarios, como la Fuerza Armada, para enfrentarla. Su discurso habla de una estrategia integral y más recientemente ha enfatizado que esta no es una tarea del gobierno, sino que necesita del apoyo de todos. Es decir, todo indica que se orienta decididamente hacia una acción conjunta y consistente.

El problema es que los pasos en esta dirección son todavía muy iniciales. Ahora bien, si se operara con una visión de catástrofe nacional, el Presidente Funes enviaría a la Asamblea Legislativa una propuesta de Gran Acuerdo Nacional contra la violencia y la criminalidad, abierto a la negociación con todas las fuerzas representadas en el primer poder del Estado, para que pudiera convertirse en una resolución unánime y en una Política de Estado, que expresa claramente la concertación política y social de todo el país. A partir de ese acuerdo sociopolítico, el trabajo a nivel municipal, departamental, social, adquiriría una eficacia mucho mayor, así como el apoyo a la acción de las fuerzas operativas.

Este paso necesita de bastante coraje político, entre otras cosas porque significa que el Gobierno admite definitivamente que el fenómeno de la violencia es tan grave que, lejos de poder enfrentarlo solo, necesita ser tratado como emergencia nacional. Pero, para muchos especialistas, hace tiempo que la opción de dar una respuesta verdaderamente nacional a la violencia ha dejado de ser una opción entre otras, para convertirse en la única opción que podría permitir empezar a ver la luz al final del oscuro túnel en que la violencia ha metido al país. En pocas palabras, la respuesta a la destrucción inducida por el huracán Ida en términos de catástrofe es justa, pero ello podría servir para reflexionar si tratar la violencia y la criminalidad en El Salvador como catástrofe nacional es también la posibilidad más sólida de poder controlar la espiral violenta que arrasa el país.