El control de pandillas en relación El Salvador-Estados Unidos

Escrito por Sonja Wolf. Noviembre de 2009. Tomado de Contra Punto.

Como el narcotráfico en México, las pandillas en El Salvador son: ¿problema compartido, responsabilidad compartida con Estados Unidos? Investigación exclusiva para ContraPunto, en El Salvador, con la autorización de Foreign Affairs Latinoamérica. 

MEXICO DF - Con una cantidad de miembros que oscila entre 100000 y 140000, la Mara Salvatrucha (ms o ms-13) y la Calle 18 (Dieciocho) constituyen las pandillas callejeras más grandes en el norte de Centroamérica y en la comunidad inmigrante centroamericana de Estados Unidos. La expansión geográfica de estos grupos y su creciente participación criminal han llevado a funcionarios públicos, periodistas y analistas de seguridad a caracterizarlas como pandillas transnacionales que han mutado en bandas del crimen organizado. Su presunta asociación con el tráfico de drogas, de armas y de personas, y la preocupación de Estados Unidos de que las pandillas pudieran introducir a terroristas en su territorio, favorecieron el reciente aumento en la cooperación transnacional antipandillas. El presente trabajo constituye una aproximación a la cooperación antipandillas entre El Salvador y Estados Unidos, países que han mostrado más interés en impulsar intervenciones regionales. Se sostiene que la cooperación antipandillas entre ambos países no refleja la naturaleza de la amenaza del pandillaje, sino que obedece a intereses políticos mutuos. Estados Unidos busca deshacerse de un problema de cosecha propia a través de las deportaciones y de mecanismos dirigidos a prevenir el reingreso ilegal de los pandilleros deportados. El gobierno de El Salvador, por su parte, ha aprovechado estos programas para demostrar su compromiso con la disminución de un problema que en realidad no ha estado dispuesto a resolver.

LAS PANDILLAS CALLEJERAS: UNA MIRADA HISTÓRICA

Estados Unidos cuenta con una larga historia de pandillas callejeras que se remonta al siglo xix. A lo largo de los años, estos grupos surgieron principalmente en comunidades de minorías étnicas y de bajos ingresos, cuyos miembros se enfrentaron a inadecuadas condiciones de vida y a la discriminación que les impidieron conseguir oportunidades educativas y un empleo mejor remunerado. La mayoría de salvadoreños que viajaron hacia el Norte durante los ochenta, huyendo del conflicto  armado interno, eran migrantes indocumentados. Atrapados en un barrio carente de instalaciones recreativas, plagado de crimen y de actividad de las pandillas, estas familias no sólo lucharon por superar el trauma de la guerra, sino también se enfrentaron a un shock cultural, a barreras del idioma, a la discriminación, al hacinamiento y a empleos mal pagados. Como respuesta a circunstancias personales difíciles y al hostigamiento de las pandillas, algunos jóvenes salvadoreños entraron en los grupos existentes, particularmente a la Dieciocho, o crearon su propia pandilla, la ms-13. A lo largo de los años, el número de miembros de ambos grupos aumentó, y hoy en día mantienen una presencia en más de cuarenta estados.

Nacionalmente, Estados Unidos ha preferido la represión de las pandillas a la prevención y rehabilitación para acabar con la violencia de estos grupos. Por otra parte, las autoridades estadounidenses entienden las deportaciones como un mecanismo para solucionar un problema considerado como importado por los inmigrantes. Sin embargo, esta posición ha contribuido a difundir la cultura de las pandillas en la región y a crear un círculo vicioso que invita al reingreso ilegal de los deportados. En El Salvador, las pandillas aparecieron por primera vez en los años setenta, pero fueron eclipsadas por la violencia política que estaba arrasando al país. Algunas de estas bandas se sumaron al proceso de desmovilización y reinserción de los combatientes. Otros grupos se disolvieron y los demás fueron acogidos por la ms-13 y la Dieciocho, cuya cultura y antagonismo se acentuaron en el país centroamericano con las prácticas de deportación. Ambos grupos establecieron una presencia visible en las zonas metropolitanas marginales. Muchos de sus miembros se han visto involucrados en robos, homicidios, extorsiones y venta de drogas. La disposición de estos jóvenes de recurrir a la violencia crea un ambiente amenazante en estas áreas y una sensación de aprensión en la sociedad en general. Desde hace mucho tiempo, los residentes de los barrios populares habían señalado una creciente presencia de pandillas en sus comunidades. Sin embargo, las autoridades tardaron muchos años en desarrollar una estrategia coherente de control.

MANO DURA: LAS LIMITACIONES DEL POPULISMO PUNITIVO

En julio de 2003, el entonces presidente salvadoreño Francisco Flores lanzó el Plan Mano Dura. En los meses siguientes, y en medio de mucha propaganda mediática, las autoridades emprendieron la limpieza de grafitis, pelotones policíaco-militares patrullaron las calles, y la  Policía Nacional Civil (pnc) realizó barridas y detenciones masivas de supuestos pandilleros. Una medida legislativa temporal, la Ley Antimaras, criminalizó la pertenencia a una pandilla y permitió a la policía detener a cualquiera que considerara pandillero a partir de sus rasgos físicos, como los tatuajes o la vestimenta. Tanto el momento escogido para el lanzamiento del plan como su contexto político indicaron que se  trató de un populismo punitivo dirigido a mejorar la imagen electoral del partido oficial -la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (arena)- y no de una estrategia diseñada para reducir la violencia de las pandillas.

La medida resultó muy atractiva para una población que vivía con miedo constante de victimización y fue uno de los motivos de la victoria presidencial de la derecha en 2004. Sin embargo, las fuertes críticas del plan (particularmente las violaciones de derechos humanos y de las normas constitucionales que implicó), junto con la liberación de la mayoría de los pandilleros detenidos arbitrariamente, obligaron al presidente entrante Antonio Saca a adoptar una política revisada. El nuevo mandatario optó por seguir otro discurso e incorporar en su llamado Plan Súper Mano Dura dos programas oficialmente dirigidos a la prevención y rehabilitación de las pandillas. En la práctica, estos ejes alternativos recibieron pocos recursos y tuvieron un alcance limitado.

Mientras las medidas alternativas se produjeron con un considerable retraso, las autoridades siguieron con su enfoque represivo. Es evidente que el gobierno de Saca careció de la voluntad política para afrontar un problema que afecta principalmente a las comunidades marginales; se requiere una política que, en general, alivie el grave problema de la exclusión social y, por lo tanto, mine los intereses de los grupos hegemónicos del país. Medidos en términos de detenciones, los resultados de los planes (Súper) Mano Dura fueron impresionantes. Sin embargo, en todos los demás sentidos, estas medidas fracasaron de manera espectacular. A mediados de 2006,  el Plan Súper Mano Dura se había convertido en una carga política y fue silenciosamente reemplazado por un enfoque policial basado en la investigación de las pandillas como estructuras del crimen organizado y el encarcelamiento de sus líderes. Lo único que lograron dichos planes, mediante la represión indiscriminada y la concentración de las pandillas en las mismas penitenciarías, fue el aumento de la cohesión interna y la participación criminal de estos grupos. No obstante este legado, el enfoque represivo siguió no sólo a escala nacional, sino también desde una perspectiva transnacional.

LA COOPERACIÓN TRANSNACIONAL ANTIPANDILLAS: ¿UNA SOLUCIÓN EN BÚSQUEDA DE UN PROBLEMA?

En 2005, cuando el Plan Súper Mano Dura estaba en plena marcha, se dieron los primeros pasos hacia la cooperación antipandillas entre El Salvador y Estados Unidos. Según versiones oficiales, la expansión de la ms-13 y la Dieciocho en Estados Unidos y Centroamérica, sus contactos transfronterizos mediante la tecnología de comunicación y sus flujos migratorios regionales implican que estos grupos se han convertido en pandillas callejeras transnacionales. Sin embargo, aunque se ha constatado la existencia de algunas conexiones transnacionales, éstas son esporádicas y no tienen carácter institucional. Además, las instancias oficiales sostienen que ambos grupos se han convertido en una nueva forma de crimen organizado, según lo demuestran una estructura más estrecha, el uso de armamento pesado y la participación en el tráfico de drogas, de armas y de personas, así como las extorsiones y el sicariato. Sin embargo, aunque las actividades ilegales forman parte de la identidad de las pandillas, no hay pruebas de que la ms-13 y la Dieciocho tengan el tipo de miembros maduros y profesionales con habilidades organizativas, un liderazgo bien definido, roles grupales especializados y relaciones con instituciones legítimas del mundo empresarial y estatal que caracterizan al crimen organizado. Algunos pandilleros o “clicas” se convirtieron en soldados del crimen organizado, particularmente de los carteles de droga, pero éstas no parecen ser las pautas dominantes. A pesar de su dudosa naturaleza, la argumentación oficial alimenta las iniciativas de cooperación en materia de pandillas callejeras.

Actualmente existen cinco programas principales e incluyen una conferencia antipandillas, anualmente organizada por la PNC de El Salvador; los esfuerzos antipandillas dirigidos por  la Oficina Federal de Investigaciones (fbi), tanto en Estados Unidos como en El Salvador; la Academia Internacional para la Aplicación de la Ley (ilea, por sus siglas en inglés) que ofrece un programa de capacitación antipandillas, entre otros; y el Centro Antipandillas Transnacional (CAT). Los proyectos mencionados comparten un fuerte énfasis en el establecimiento de contactos policiales y el intercambio de información. Quedan fuera la prevención y la rehabilitación de pandillas, pero también ponen de manifiesto otras limitaciones, particularmente un énfasis en la exagerada dimensión transnacional de las pandillas y un enfoque de crimen organizado.

El quinto y más reciente proyecto lo constituye la Iniciativa Mérida, el mayor paquete de ayuda estadounidense para el hemisferio occidental después del Plan Colombia. Anunciado en 2007, este plan de 3 años busca frenar el narcotráfico en México y la violencia de las pandillas en Centroamérica, mediante la provisión de equipo, la capacitación y la asistencia técnica. Es significativo que la Iniciativa Mérida se base en la idea de que las naciones participantes tienen una responsabilidad compartida para problemas compartidos. Sin embargo, se pueden identificar por lo menos cuatro limitaciones de este proyecto. Primero, no parece que Estados Unidos esté asumiendo su responsabilidad en materia de pandillas callejeras. En vez de aliviar el problema de las pandillas en su territorio y lanzar medidas que complementen las deportaciones y ayuden a El Salvador en la reinserción de los pandilleros deportados, Estados Unidos parece esperar que El Salvador acabe con un problema que este país por sí solo no puede resolver. Segundo, la asistencia técnica se hace eco del tipo de ayuda que Estados Unidos proporcionaba en el pasado, es decir, la provisión de equipo y la capacitación a unidades policiales abusivas y corruptas. Tercero, aunque la Iniciativa Mérida dedica una cantidad limitada a la prevención y rehabilitación, no ofrece ningún incentivo para que el gobierno de El Salvador adopte una política alternativa que sea de carácter estatal y no dependa de la cooperación internacional. Cuarto, se trata de una medida temporal que no insta al país destinatario a desarrollar una estrategia antipandillas de largo plazo.

La naturaleza y el alcance de la cooperación transnacional antipandillas sugieren que ésta responde a intereses políticos mutuos, lo que permite que Estados Unidos disminuya el reingreso ilegal de los pandilleros deportados (y un esperado aumento en actividades de pandillaje) y que El Salvador defina la reciente proliferación de iniciativas en su territorio como señal de su profesionalismo y de su compromiso con la lucha contra las pandillas. Sin embargo, estas medidas dejan de potenciar el control de estos grupos. La adopción y la ejecución de una política efectiva de pandillas sigue siendo un reto pendiente.