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2010/10/04

LPG-Prácticas presupuestarias en épocas de crisis

 La elaboración del proyecto de presupuesto general de la nación siempre es una tarea complicada; de por medio no solo está un ejercicio minucioso para determinar la fuente y el destino de los recursos –que es lo que normalmente sale a luz pública– sino también el forcejeo previo al interior del los diferentes Órganos del Estado, donde cada quien presiona por lo que considera la sustancia de su gestión, y naturalmente por conseguir lo máximo posible. En teoría, el ministro de Hacienda define los montos máximos, pero es el Consejo de Ministros el responsable de aprobar el proyecto definitivo.

Escrito por Juan Héctor Vidal.04 de Octubre. Tomado de La Prensa Gráfica.

Dentro de esta rutina, se esconde un elemento esencial y es que el presupuesto, además de ser el mecanismo de gestión financiera del gobierno; es un instrumento para repartir poder. Esto es así, aquí y en todas partes. La diferencia con países avanzados como Estados Unidos es que invariablemente quienes allí aprueban finalmente el presupuesto actúan de cara a la ciudadanía al defender los intereses de sus electores, mientras en nuestro medio, todo se hace bajo la mesa.

Así, el pasado martes el ministro Cáceres acudió a la Asamblea para presentar el proyecto de presupuesto correspondiente a 2011. Como de rutina, le entregó dos frondosos volúmenes al presidente del Primer Órgano del Estado, con un apretón de manos y el cruce de sonrisas que disimulan las presiones, los intereses y hasta las canonjías que se esconden entre las cifras millonarias que se financian con el producto de nuestros impuestos. Pero de esto raramente se entera la ciudadanía, excepto hay disputas entre algunos actores.

En esta ocasión, el diputado Parker tuvo un agrio intercambio con el vicepresidente por el presupuesto asignado a la Asamblea. En el caló popular, ambos se tiraron los trapos sucios y no precisamente por abanderar o cuestionar la asignación de recursos para satisfacer grandes necesidades, como las que se perciben en el campo de la educación, la salud, la seguridad pública, la infraestructura, incluyendo dentro de esta los cuantiosos gastos que se tienen que hacer para reparar las famosas cárcavas. No, todo se redujo a los “gustitos”, como los viajes al exterior, los vehículos de lujo propios de un jeque árabe y la adquisición de bienes y servicios con sobre precio.

Tengo la impresión que esto es así en los otros Órganos del Estado y la pérdida de casi un año en la discusión de temas administrativos-financieros en la CSJ parece confirmarlo. Y aunque la denuncia pública de ciertos excesos –como el ofensivo costo ($220 mil mensuales) en que incurría el país por albergar a la Fiscalía General en un suntuoso edificio y el incremento generoso que se querían auto recetar los señores diputados hace unos tres años– pone al desnudo estos abusos; en general, la discrecionalidad en el manejo del presupuesto sigue siendo uno de los mayores atractivos que ofrece el privilegio de ser funcionario público.

Ahora está de moda la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Yo siempre he denunciado la opacidad en el manejo de la cosa pública y sobre todo la corrupción, pero a veces pienso que toda iniciativa en este sentido es como arar en el mar. Esto equivale a decir que los salvadoreños seguimos siendo víctimas del abuso y la irresponsabilidad de quienes se sirven con la cuchara grande cuando tienen acceso a los recursos públicos, aun en momentos en que las arcas del Estado bordean la bancarrota.

Entiendo, por otro lado, que el proyecto de presupuesto involucra un avance en la sinceración del desmadre fiscal que nos dejaron gobiernos anteriores. Ojalá que al momento de su aprobación, todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea hagan un acto de contrición y sean más consecuentes con las necesidades del país.

Prácticas presupuestarias en épocas de crisis

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