A casi 10 años de los terremotos de 2001, las infraestructuras en el país no han recibido la atención adecuada. Por eso podrían colapsar y provocar una tragedia, como la que sucedió hace 24 años.
Escrito por Byron Sosa.10 de Octubre. Tomado de La Prensa Gráfica.
Dicen que los pueblos sucumben cuando olvidan su historia. Eso podría ser aplicable a nuestro país en cuanto al tema de los terremotos. En materia de prevención, El Salvador parece haber olvidado el hecho de que vivimos en un territorio afectado por los sismos. Solamente en San Salvador, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) reportó para 2001 un total de 1,025 edificaciones en riesgo; de ellas, 35 con bandera roja. El municipio que le siguió fue Santa Tecla, con 10. La Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA), por su parte, maneja un total de 177 edificaciones como bandera roja.
Estos datos reflejan que no existe una institución o un ente que maneje un consolidado de infraestructuras dañadas, algo que sirve de base para partir de ahí y comenzar a trabajar en beneficio del país.
“Ahora es difícil identificar (las edificaciones). Tenemos la recopilación desde 2001 con un sistema de información geográfico, pero debe haber un levantamiento (de datos actualizados)”, acotó Celina Cruz, subdirectora de control de la OPAMSS.
El Salvador se encuentra en una región donde los seísmos deben su origen a la colisión entre la placa de los Cocos con la del Caribe. Esto nos ha causado muchos terremotos; los que han tenido epicentros cercanos al territorio salvadoreño nos han causado cuantiosas pérdidas humanas y materiales; pero ante esto, poco se ha hecho desde el último terremoto del 13 de febrero de 2001.
Hasta el momento –debido a que no existen registros de infraestructuras que quedaron dañadas tras 1986– se parte del hecho de que tras los de 2001 se reportaron 105 edificaciones con bandera roja (según el Viceministerio de Vivienda), en las cuales poco o nada se ha trabajado después de ser diagnosticadas con cierto grado de peligro.
Las magnitud de estas catástrofes tienen su origen natural, y también humano. Por un lado, los seísmos son impredecibles e incontrolables. Por el otro, el hombre ha logrado pulir estrategias con las que se puede reducir el impacto de un fenómeno natural en la vida y la infraestructura de un país. Pero no siempre se aplican.
El 3 de mayo de 1965, en la mañana, el país fue sacudido por un terremoto de 6.5 grados en la escala de Richter que destruyó San Salvador; además, causó daños en Ciudad Delgado, Soyapango e Ilopango. A este se sumó el evento de subducción del sábado 19 de junio de 1982: un terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter con epicentro a 70 kilómetros al suroeste de la capital y a 80 kilómetros de profundidad local. Sus daños fueron en cinco departamentos (San Salvador, La Libertad, La Paz, Sonsonate y Ahuachapán).
Esos dos eventos fueron los que permitieron que el sismo de 1986 se convirtiera en una real tragedia. Se registró a las 11:49 de la mañana el viernes 10 de octubre con una intensidad de 7.5 grados en la escala de Richter y una intensidad de IX en la escala de Mercalli. Los 10 segundos de ese movimiento telúrico le heredaron al país 1,500 muertos y alrededor de 200,000 damnificados.
Los daños causados fueron de gran magnitud y consideración en la infraestructura de la ciudad y se tuvo como foco de esta tragedia el edificio Rubén Darío, que ya había sido dañado 21 años atrás con el seísmo de 1965. Nunca fue demolido, o reparado correctamente, y su consecuencia final fue una tragedia.
Pese que las imágenes del Darío se convirtieron en símbolo de dolor y luto, la lección no fue aprendida. Poco fue lo que se hizo en mantenimiento de infraestructuras dañadas. Y en 2001, el país volvió a lamentar las consecuencias de esta desidia sistemática.
Para 2001 los efectos de los sismos no solo afectaron a la capital, sino a varios departamentos del país; esta vez, el símbolo de la destrucción fue el alud de tierra que acabó con la vida de cientos de salvadoreños en la colonia Las Colinas.
Según el viceministro de Vivienda, Edin Martínez, “el terremoto de 2001 tumbó 182,000 viviendas. Para la reconstrucción, el Estado aportó monetariamente un 40% y el otro 60% fue de la sociedad civil”.
¿Y ahora?
Al riesgo de sismo este país le suma una cantidad no determinada de edificaciones que permanecen lesionadas y sin mantenimiento. El desenlace de esta mezcla puede ser, otra vez, dramático.
“El seguimiento posterior es lo que ha estado faltando (sobre edificaciones dañadas); el resultado de todo esto es que posiblemente tengamos en nuestra área metropolitana de San Salvador un sinnúmero de edificaciones que posible sean altamente peligrosas. Creo que pasaría algo similar a lo que sucedió en 1986, donde tuvimos dos antecedentes sísmicos (1965 y 1982); el sismo encontró las estructuras débiles y lo que hizo fue terminar la tarea que inició el sismo de 1982”, detalló Héctor David Hernández, miembro de la ASIA y especialista en estructuras.
Lastimosamente, para el terremoto de 1986 se hicieron evaluaciones rápidas (3,500) que tenía la Dirección de Urbanismo y Arquitectura (DUA), pero durante el traspaso a OPAMSS se extraviaron.
Un problema que se viene acumulando es que las instituciones han dejado pasar el tiempo y no han dado el seguimiento respectivo a todas las infraestructuras catalogadas con alguna bandera por sus daños (roja, amarilla, anaranjada o verde).
“No existe ninguna institución, o una dependencia, que controle o evaluación de la obra pública; es decir, los edificios públicos (hospitales, escuelas). Eso existía allá por los años ochenta y eso desapareció con DUA. Una cosa es la tramitología y otra cosa, la responsabilidad del crecimiento urbano y las edificaciones públicas. La OPAMSS no tiene esa función”, señaló Juan Guillermo Umaña, presidente de ASIA.
Según estos expertos es urgente la actualización de las normas de diseño y construcción, no únicamente las existentes, sino que será necesario elaborar nuevas normas técnicas para ciertos casos particulares (como agua, muros de retención, etc.).
Se debe comenzar a trabajar con tecnología de punta. “La experiencia de Chile (27 de febrero de 2010) nos demostró que las edificaciones que ellos tenían a base de disipadores de energía y aislamiento sísmico funcionaron bien. Esa tecnología la tenemos que conocer (aunque son caros), pero sí los disipadores de energía los podríamos manejar localmente, se podrían comenzar a implementar principalmente en edificaciones esenciales, como los hospitales”, apuntó Hernández.
Además, como ASIA –al igual que el Viceministerio de Vivienda– esperan que se apruebe la ley de ordenamiento territorial. “No hemos sido capaces de poder ordenarnos en crecimiento urbano y esa es la debilidad institucional, falta de desarrollo en los mecanismos –las instituciones no son fuertes– de tal forma que no hemos querido hacer la ley de ordenamiento territorial y aún está en la Asamblea Legislativa pensando si es buena o mala. El problema es que por tratarla de perfeccionar cuando la tengamos ya no va a haber nada que ordenar”, finalizó el presidente de ASIA.
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