La semana pasada, diplomáticos, miembros de misiones de organismos internacionales, funcionarios de empresas multinacionales y muchos ciudadanos que tienen parientes, amigos, conocidos y socios de negocios en el extranjero recibieron muchas llamadas con un tema en común: El supuesto golpe de Estado que se estaba fraguando en El Salvador.
Escrito por Luis Membreño. 19 de Octubre. Tomado de La Prensa Gráfica.
Esperemos que el FMLN y sus funcionarios de gobierno cambien de actitud y que esta sea la última vez que hagan mención de un golpe de Estado sin tener pruebas de ello.
Los máximos dirigentes del FMLN reiteraron una vez más, el domingo 10 de octubre –el mismo día del terremoto de 1986–, solo que esta vez en la plaza Masferrer, que van a defender al presidente Funes ante “… cualquier intento de desestabilización o golpe de Estado”. El mismo vicepresidente de la República y alto dirigente del FMLN dijo “a nivel mundial el capitalismo pretende recomponerse y estimula guerras y golpes de Estado en países democráticos”.
La pregunta que no han respondido el FMLN y sus altos dirigentes es ¿quién está detrás de este supuesto golpe de Estado? El ministro de Defensa tuvo que salir aclarando: “Estoy de acuerdo con el presidente (Funes) que aquí no puede haber golpe de Estado, por lo consiguiente la Fuerza Armada no está involucrada. Esta Fuerza Armada no anda en eso”. Si no es la Fuerza Armada la que está detrás del golpe de Estado, ¿son los capitalistas que estimulan guerras y golpes de Estado en países democráticos, como decía el vicepresidente; es decir, los Estados Unidos u otro país capitalista?
¿Quién más podría dar un golpe de Estado en El Salvador? En Ecuador, supuestamente la Policía quiso darle un golpe de Estado al presidente Correa. No queda claro cómo, pero todo surgió de un problema con la Policía de dicho país. Pero en El Salvador es el FMLN el que controla la PNC, el Ministerio de Seguridad Pública y el organismo de inteligencia del Estado.
La teoría de la conspiración y del golpe de Estado la han venido manejando en el gobierno y especialmente los miembros del FMLN en el gabinete de gobierno del presidente Funes desde finales de junio. Lo que los miembros del FMLN no entienden es que no es lo mismo que lo diga cualquier ciudadano o cualquier miembro de un partido político de oposición, que lo diga el vicepresidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores o cualquier otro ministro de Estado. Esto tiene connotaciones e implicaciones oficiales de serias consecuencias a escala internacional.
Los funcionarios públicos deben asumir la responsabilidad que les exige su alta investidura. Ellos no pueden salir con acusaciones infundadas y sin pruebas a decirle al mundo que alguien les quiere dar golpe de Estado a ellos. El FMLN es el partido de gobierno y tampoco puede salir con acusaciones sin pruebas. Lo que corresponde a ellos es que si tienen información y pruebas de semejante delito, tienen que aportarlas al fiscal general de la República y con el mayor sigilo proceder a hacer las investigaciones y las capturas que correspondan.
El FMLN ya no es la oposición política que puede hacer acusaciones sin fundamento. Hoy es el partido triunfador de las elecciones presidenciales, es el partido oficial de gobierno, es el partido que tiene una gran parte de los funcionarios públicos de primer nivel y es el llamado a dar el ejemplo de madurez, sensatez, estabilidad y responsabilidad. No le está permitido acusar sin pruebas y menos aún generar semejante incertidumbre política tanto para los salvadoreños como para el resto de gobiernos y ciudadanos del mundo entero que están pendientes de lo que ocurre en nuestro país. Son estas acciones las que ahuyentan la inversión extranjera potencial, asusta a los inversionistas extranjeros que ya están en el país y hace repensar a los salvadoreños su decisión de seguir invirtiendo en el país.
Esperemos que el FMLN y sus funcionarios de gobierno cambien de actitud y que esta sea la última vez que hagan mención de un golpe de Estado sin tener pruebas de ello, de lo contrario la credibilidad de ellos y la del país podría ser puesta en entredicho en la comunidad internacional y acentuaría la percepción de su irresponsabilidad en el ejercicio del poder.
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