La SIP había dicho que el fallo era un "retroceso para la libertad de prensa". La absolución de la pena llegó tras la protesta de periodistas en la Corte Suprema.Decenas de comunicadores llegaron al edificio de la Corte Suprema tras conocerse el fallo y protestaron por las amenazas a la libre expresión. El Forum de Periodistas de Panamá hizo un llamado a organizaciones internacionales que velan por la profesión del periodismo a nivel mundial para que le den seguimiento a la condena impuesta por el tribunal y que horas después fue anulada por el presidente. Indultado ve problema en jueces
08 de Octubre. Tomado de El Diario de Hoy.
Mientras en El Salvador se consagra la penalización de la libre expresión por medio de un fallo de la Corte Suprema y en los países ligados al Alba, como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Argentina, inventan leyes o se aferran a reformas para tratar de frenar el trabajo periodístico, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, revirtió ayer una decisión del Poder Judicial que condenaba a dos periodistas a un año de prisión.
Pese a que dos tribunales los habían liberado de cargos anteriormente, el Segundo Tribunal Superior de Justicia condenó e inhabilitó para ejercer su profesión a los periodistas Justino González y Sabrina Bacal Securansky, quienes en 2005 difundieron una noticia sobre una supuesta red de tráfico ilegal de personas que implicaba a funcionarios de Migración.
Martinelli revirtió el fallo judicial considerando que éste "puede enviar nacional e internacionalmente mensajes equivocados sobre la solidez de la democracia panameña", justo dos semanas después de que en El Salvador la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema reafirmara la penalización de la libre expresión.
Al mismo tiempo, en Bolivia la Iglesia Católica y el gremio de periodistas realizaron protestas por mordazas que quiere imponer el gobierno disfrazadas en una ley contra el racismo (ver página 4).
El presidente Martinelli indultó a los dos periodistas que fueron condenados a un año de cárcel, sustituidos por el pago de seis mil dólares y la inhabilitación durante un año para ejercer la profesión.
"Nuestro gobierno tiene el firme compromiso (de) preservar, promover y proteger tanto la libertad de expresión como el derecho a la información y, en razón de ello, aunque respetamos la separación de los poderes del Estado, he decidido hacer uso de mis facultades legales y constitucionales para decretar un indulto presidencial a favor de los periodistas Justino González y Sabrina Bacal'', anunció el mandatario en un comunicado.
Bacal es directora de noticias del canal privado TVN2, en tanto que González era su reportero cuando se difundió la noticia, en septiembre de 2005, durante el gobierno de Martín Torrijos.
Los gremios periodísticos reaccionaron con preocupación el miércoles ante la condena que calificaron como un golpe a la libertad de expresión.
Bacal, de origen colombiano, aseguró que no había solicitado el indulto pero consideró que era lo que el mandatario "tenía que hacer''.
"Es un fallo aberrante y que violenta la Constitución'', agregó la periodista, que aseguró iban a seguir luchando a pesar de la condena.
Más temprano, el presidente del Forum de Periodistas y director del diario Panamá América, Guido Rodríguez, dijo que se trató de "un fallo sin precedentes en la historia política y jurídica del país, ni siquiera en la época de la dictadura militar (1968-1989) (se condenó) a dos periodistas (de esa manera) por un delito que no cometieron''.
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Salas, indicó en declaraciones publicadas por la edición digital del diario La Prensa que en ese caso hubo independencia judicial y criterios. "Se trata de temas de la justicia que tienen que ser respetados'', expresó.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó el fallo de "retroceso para la libertad de prensa y el derecho del público a la información".
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, subdirector del Diario Las Américas, con sede en Miami, lamentó la sentencia que consideró "desproporcionada" y se mostró sorprendido "porque es la primera vez en esta etapa democrática, en la que se inhabilita a alguien a ejercer la profesión, creándose un precedente funesto para la libertad de prensa".
Antecedentes
El 29 de setiembre de 2005, en un noticiero del canal de televisión TVN, se difundió una investigación sobre una red dedicada al tráfico ilegal de personas en la Dirección de Migración. Dos funcionarios de aquel entonces entablaron una querella contra los periodistas, es decir, el litigio ha tomado cinco años de trámites y se mantuvo pese a que dos tribunales le dieron la razón a los comunicadores anteriormente.
El Presidente del Consejo Nacional de Prensa, Guillermo Antonio Adames, advirtió que el fallo del Segundo Tribunal de Justicia "es una advertencia" para que los periodistas "tengan mucho cuidado con lo que dicen".
La sentencia fue dictada en medio de una polémica luego de que el procurador (fiscal general) Giuseppe Bonissi pidió que se declare inconstitucional la vigente despenalización de los delitos contra el honor, en especial si el afectado es un "alto funcionario".
Pero la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) propuso un anteproyecto de ley de amnistía para periodistas panameños de procesos penales o condenas por el ejercicio del periodismo, mientras en El Salvador las mismas autoridades judiciales han reconocido que el reciente fallo de la Corte Suprema "envalentona" a quienes quieran proceder penalmente contra la prensa.
En Panamá se dejó de penalizar la calumnia e injuria en 2008.
elsalvador.com :.: Panamá da lección de respeto a libre expresión
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