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2010/10/24

EDH-Empresarios: genera confianza omitir declaración de bienes

 La Cámara de Comercio y la ANEP dicen que quitar el requisito dará más respaldo a inversión

Rafael Mendoza L./Katlen Urquillla.24 de Octubre. Tomado de El Diario de Hoy.

 

La empresa privada hizo votos porque el presidente Mauricio Funes avale la decisión de los legisladores de eliminar la declaración patrimonial para los contribuyentes que ganan arriba de 360 salarios mínimos, es decir $75,180 anuales, o que el valor de sus inmuebles superen los $300,397.

"Obviamente, eso tiene que llegar al presidente y esperaríamos que el presidente le dé su visto bueno a la brevedad posible", señaló el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Jorge Daboub, en referencia a una posible sanción del mandatario al decreto que elimina ese requisito.

El empresariado coincide con los legisladores en que la medida aprobada por la Asamblea legislativa en diciembre pasado como parte del paquete fiscal, pondría en peligro a los contribuyentes y generaría un desincentivo en la inversión local y extranjera.

"El país está viviendo por momentos de inseguridad que no eran apropiados para que se diera la declaración patrimonial en la manera en cómo se había planteado por parte de las autoridades en ese momento (al aprobarse la reforma fiscal)", reforzó el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Raúl Melara.

Para Daboub, quitar la obligación de presentar el estado de los bienes para las personas con más ingresos genera confianza al país.

"Creemos que este es el tipo de cosas que se necesitan en el país y necesitan los empresarios para poder estar con tranquilidad en un país. Así es que nos alegra mucho y felicitamos a los que tomaron esta decisión y esperamos que esto pueda llegar a un feliz término", dijo el empresario.

Los empresarios consideraron que la reforma, al artículo 91 del Código Tributario, salvaguarda a los contribuyentes de posibles secuestros y otros delitos cometidos por el crimen organizado.

"Para el riesgo que se corre en este país en donde hay una delincuencia enorme y en donde no hay mecanismos de control sobre esa información (financiera), este es un paso trascendental importante y que esperamos que se mantenga de esa forma", aseveró Daboub.

De acuerdo con Melara, el tema del peligro por los secuestros era "precisamente nuestro argumento más fuerte, el hecho de que la seguridad es algo que debe conservarse en el país, que debe salvaguardarse, y ya hemos visto casos en los que se han dado secuestros u otro tipo de delitos a través de información que se pueda tener a la mano", acotó.

Rechazo de Hacienda

Por el contrario, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, lamentó que los diputados revirtieran la reforma hecha en diciembre al Código Tributario y dijo que pedirá al presidente que vete el decreto legislativo aprobado el jueves por la oposición.

"Como ministro de Hacienda quisiera lamentar la triste decisión que hiciera la Asamblea Legislativa el día de ayer (jueves), en el sentido de eliminar del programa de reformas fiscales la declaración patrimonial para personas naturales que tienen rentas altas y que tienen bienes también de alto valor", dijo Cáceres ayer, en Casa Presidencial.

El funcionario señaló que con la reforma se está "echando al traste" la intención de frenar la elusión y evasión fiscal de la que tanto han hablado los funcionarios de la administración Funes.

Cáceres tomó la reforma como un ataque a los empleados del ministerio de Hacienda, a quienes defendió. "Quisiera protestar a nombre de los nobles y fieles empleados del ministerio de Hacienda a quienes se les ha presumido como delincuentes en el sentido de que la justificación de los partidos de oposición para promover esta reforma parte del hecho de que se aumentará el crimen porque ellos darán información al crimen organizado", señaló el titular del ramo.

Para el pedecista Rodolfo Parker, quien promovió ayer revertir la exigencia de la declaración patrimonial, sería legítimo que Funes vete la reforma, pero insistió que la medida tiene a su base "la tranquilidad sobre todo a las personas que producen, al empresario y para beneficio y utilidades del pueblo en general".

Parker señaló que no hay intenciones de proteger a personas en particular, y además rechazó que la Asamblea Legislativa haya calificado a los empleados como "delincuentes".

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