Contra Punto-Quién es quién en el conflicto laboral en salud - Noticias de El Salvador - ContraPunto

 Mientras la ciudadanía carece de acceso pleno a una atención de calidad, los conflictos laborales en el ramo amenazan con dar al traste con las mejoras que se pretenden realizar. Los sindicatos podrían estar defendiendo intereses personales y ganancias empresariales  

Por Fernando de Dios.16 de Octubre. Tomado de Contra Punto.

SAN SALVADOR – El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) cuenta con 12 organizaciones adscritas, entre sindicatos y asociaciones de trabajadores y trabajadoras. Todas ellas suman alrededor de 6.200 afiliados y afiliadas, incluyendo personal médico, especialidades, enfermería, servicios, administración, promoción de salud y saneamiento ambiental.

El MSPAS cuenta con alrededor de 26,000 empleados y empleadas; es decir, entre todas las organizaciones sindicales representan un aproximado del 24 por ciento del total, o sea, menos de una cuarta parte de la plantilla laboral.

Al menos la mitad de estos sindicatos se han formado en lo que va de 2010, en un aumento exponencial de las agrupaciones cuyas causas nadie se explica.

El que más representación ejerce es el Sindicato Gremial de Trabajadores de Enfermería de El Salvador (Sigesal), que cuenta con alrededor de 1,900 personas afiliadas y con presencia en casi todos los hospitales del país.

Este sindicato fue el impulsor de los tres días de paros parciales que afectaron a 20 de los 32 hospitales del país los días 11,12 y 13 de octubre, con una huelga en el sector administrativo que, entre otras cosas, impidió que a los centros tuviera acceso el personal de dirección y administración, los medicamentos o el personal que presta servicios como mantenimiento, limpieza o lavandería.

Aunque aseguraron que no habían afectado la atención a los pacientes, lo cierto es que en los hospitales se suspendieron operaciones, se profundizó el desabastecimiento de medicamentos, ya de por sí grave, y se afectaron las consultas.

Su principal reivindicación, que se viene dando desde hace más de dos años, es que al personal de salud se le añada a su salario anual un bono de $300, dado que, en opinión de este y otros sindicatos, su retribución es demasiado baja en relación a sus horas de trabajo y sus responsabilidades.

“Los trabajadores de salud laboran los 365 días al año, es decir, incluso en vacaciones y en días de asueto… Los ministros y el gobierno sólo sacan cifras, pero no dicen quiénes y cómo. Dicen: “fueron atendidos miles de pacientes al año”. Pero ¿quién los atendió? El trabajador, ¿y en qué condiciones? Con bajos salarios y con malas prestaciones. Eso no se dice”, argumentó Mario Arévalo, secretario general de Sigesal.

La ministra de Salud Pública, María Isabel Rodríguez, insistió en repetidas ocasiones en que su ministerio no cuenta con los recursos para dar ese bono al personal (de 300 dólares) y exigió que cesaran las medidas de presión porque estaban afectando a los pacientes, que en general son la población más pobre del país.

Además, la ministra señaló que los y las empleadas de salud son los únicos funcionarios de la administración del Estado que cuentan con una ley de escalafón, que anualmente supone un aumento de su salario entre el 5 y el 8 por ciento calculado en base a su antigüedad y la evaluación de su desempeño.

Finalmente, ante el desafío de Sigesal y tras una reunión en Casa Presidencial celebrada en la tarde del martes (12 de octubre), las autoridades del MSPAS denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la mañana del miércoles, a 11 miembros del sindicato.

Ese mismo día, La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) aceptó una petición de mediación hecha por Sigesal, tras lo cual se llegó a un acuerdo en la tarde del jueves 14 de octubre para establecer una mesa de negociación, con lo que se dio por finalizado el paro de labores.

Las autoridades de Salud han expresado que no existe el dinero
para el pago del bono que han solicitado los sindicalistas.

Más que un bono

El presidente Mauricio Funes, negó en la mañana del martes 12, segundo día del paro, cualquier posibilidad de dar el bono al personal de salud, ya que el gobierno no cuenta con los casi $7 millones que añadiría al gasto del rubro.

También, Funes aseguró que el MSPAS tiene otras prioridades, como regularizar la situación de los empleados que menos están cobrando, con sueldos que no llegan al mínimo, y aplicar la reforma del Sistema Nacional de Salud, anunciada hace unas semanas.

Precisamente, el mandatario apuntó a que estas protestas no sólo tienen por objetivo lograr el bono, sino que están en la línea de colaborar con sectores contrarios a esa reforma del sistema de salud.

“Mal hacen tomando esta actitud y más aún si esta actitud, por lo que parece indicarlo, está en confabulación con sectores recalcitrantes que se están oponiendo al Sistema Nacional Integrado de Salud, porque acaba con los privilegios que han acumulado a lo largo de todos estos años”, dijo Funes en declaraciones a la prensa.

La tesis defendida desde el gobierno y el MSPAS es que la proliferación de sindicatos en este rubro, que no se ha producido en otras áreas de la administración, combinada con los intereses que afecta, hace pensar en manos peludas que buscan defender ganancias económicas y desestabilizar al Ejecutivo por el flanco sanitario.

El viceministro de Políticas de Salud, Eduardo Espinoza, incluso habla de financiación por parte de sectores de la derecha a alguno de estos sindicatos, que en lo que va de año han realizado más de 30 tomas de hospitales en todo el país.

Espinoza apunta que varios ejes de la reforma que intentará, como el que pretende rebajar el precio de los medicamentos mediante un uso óptimo de éstos y buscando proveedores distintos a los habituales, que afecta a personas concretas, la mayoría de ellas, dice, dirigentes, ex dirigentes y patrocinadores del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

“Estos intereses son los más oscuros”, dice Espinoza. Sería, por tanto un doble juego, en primer lugar político, de desestabilización del gobierno, y en segundo lugar económico, de defensa de intereses personales y empresariales.

Espinoza asegura que, según información aportada por sindicalistas desligados de estas acciones de protesta, esos sectores “estarían financiándolos (a los sindicatos) y estarían dándoles apoyo para mantener una situación de inestabilidad en el sector. Nosotros lo habíamos detectado ya desde hace tiempo. Nos habían dado una información de que estaban orquestando esta situación de la toma de hospitales”.

Y la mejor prueba, dice el viceministro, es que no hay coherencia ni consistencia en las peticiones de estos sindicatos, en concreto de Sigesal.

“Arévalo es obvio que sólo quiere crear problemas y desestabilizar el sector”, concluye.

Detrás de las protestas de los sindicalistas habría intenciones políticas
que buscan desacreditar al gobierno, según afirma el viceministro
de Políticas de Salud, Eduardo Espinoza.

La zanahoria y el palo

El viceministro no es la única persona que señala incoherencias en el accionar de este sindicato. Dirigentes de otras organizaciones del sector apuntan el hecho de que, mientras impulsa estas acciones para pedir el bono de $300 dólares, Sigesal está negociando con el MSPAS el otro polo de tensión que existe en salud, el Reglamento Interno de Recursos Humanos que se aprobó y entró en vigor el pasado mes de junio.

Este reglamento ha recibido el rechazo por parte de siete de los doce sindicatos y asociaciones de salud, que se han unido en un solo frente para pedir su derogación y se han negado a negociarlo con el MSPAS.

Sin embargo, estas organizaciones aseguran que no han realizado acciones de protesta que haya supuesto la toma de hospitales, sino que han acudido a la vía legal y administrativa, presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y una denuncia ante el Tribunal del Servicio Civil.

Por el contrario, Sigesal y otros cuatro sindicatos y asociaciones sí han estado negociando con el MSPAS una serie de puntos relativos, entre otros, a las faltas y sanciones, mesas de negociaciones, turnos de enfermería y traslados de personal, según Mario Arévalo.

Líderes de otras organizaciones hacen ver la incongruencia de estar negociando el citado reglamento mientras se realizan actos de protesta como los vividos estos días.

En opinión del secretario general del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales (Simehr), Alcides Gómez, no se puede estar "negociando un instrumento represivo (por el reglamento) y al mismo tiempo hacer una demanda de un beneficio económico”.

“Ahí son ellos, los señores de Sigesal, los que tienen que analizar la incoherencia, la incongruencia o la irregularidad que se está dando entre negociar y confrontar de esa manera”, afirma Gómez.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sitrasalud), Silvia Navarrete, ve más allá y apunta que quizá estas acciones de Sigesal podrían tener como objetivo, además del bono, tapar la lucha que se está llevando a cabo contra el reglamento.

“Si este sindicato está negociando la reforma al reglamento interno, que es lo más dañino para los trabajadores, yo creo que (la exigencia del bono) es una lucha de apariencia nada más, como para bloquear lo que sí realmente tiene importancia para los trabajadores y las trabajadoras. Porque este reglamento viene a quitarles todas las garantías e incluso la estabilidad laboral, y un bono de $300 no compensa esas pérdidas” dice Navarrete.

El asesor jurídico del MSPAS, Rigoberto Menéndez, una de las personas encargadas de negociar directamente con los sindicatos de salud, se pregunta por qué Sigesal no ha planteado sus demandas en la mesa en la que está negociando cada semana con las autoridades en vez de realizar acciones de ese tipo.

“Se sientan a negociar por una parte y por el otro lado, nos dan con el garrote. Eso es parte de una finalidad oculta, porque si yo voy a negociar, voy con todas las de la ley”, dice Menéndez.

Sin embargo, Mario Arévalo justifica su posición diciendo que por una parte está el bono y por otra el reglamento, que son cosas distintas.

“Para nosotros el bono es una demanda salarial y el reglamento es un instrumento legal para regular las relaciones de la institución y los trabajadores. Entonces es una cosa diferente”, argumenta.

El reglamento de la discordia

Además de la situación creada por Sigesal, como se ha dicho, hay otros siete sindicatos que se han unido contra el Reglamento Interno de Recursos Humanos del MSPAS en la Unidad de Trabajadores y Trabajadoras de Sindicatos y Asociaciones de Salud Pública de El Salvador.

Piden que se derogue y se redacte uno nuevo, y se han negado a negociar mientras las otras cinco organizaciones están dialogando con el ministerio y ya han llegado a distintos acuerdos.

Estos siete sindicatos sostienen que el reglamento viola la libertad sindical, por tanto los convenios de la Oficina Internacional del Trabajo de Naciones Unidas (OIT); y también la Constitución de la República y la Ley del Servicio Civil, porque la ministra ha sobrepasado las funciones que tiene asignadas.

Pero el asesor jurídico de María Isabel Rodríguez, presente en las reuniones que hubo para presentar un proyecto preliminar del reglamento a finales del pasado año, expone que las objeciones fueron otras desde un principio.

Según Rigoberto Menéndez, la causa principal de la oposición frontal de estos sindicatos al reglamento fue que éste establece que los y las dirigentes tendrán el 50 por ciento de sus horas laborales para dedicarlas a actividades sindicales. Mientras, las direcciones sectoriales, las de zona, tendrán un 25 por ciento.

Sin embargo, los dirigentes de los sindicatos piden conservar el 100 por cien del que ahora disfrutan para dedicar a la organización todo su tiempo mientras cobran su salario completo.

“Hay algunos sindicatos que sus directivos nunca han trabajado para el ministerio. Sólo cobran pero no trabajan,” dice Menéndez.

El funcionario sostiene que estas personas deben trabajar porque se les paga por ello, porque el MSPAS está necesitado de recurso humano para mejorar la atención y llevar adelante la reforma del sistema y porque además se les hace una evaluación anual de su desempeño sobre la que, entre otras cosas, se calcula el escalafón que se les aplica.

Además, reflexiona Menéndez, “una de las funciones de los sindicatos es velar por los intereses del trabajador, que son ellos mismos. Pero si yo no trabajo, ¿cómo me voy a dar cuenta de lo que está pasando realmente en el lugar de trabajo de los otros compañeros?”

Acides Gómez califica el reglamento de “represivo, coercitivo, marginador y violador de los derechos de los trabajadores”, sin embargo, el documento que tiene publicado en su página de Internet el MSPAS no recoge prohibiciones ni regulaciones más allá de las normales en relación a horarios, vestimenta o uso de instalaciones y equipos.

SINDICATOS DEL SECTOR SALUD (datos del MSPAS):

Negociando el reglamento:

Sindicato Gremial de Trabajadores de Enfermería de El Salvador (SIGESAL): Presencia en la mayoría de hospitales del país. Ronda los 1,900 asociados.

Asociación Nacional de Enfermeras de El Salvador (ANES): Tiene presencia en 16 hospitales y ronda los 700 afiliados.

Asociación Nacional de Promotores de Salud de El Salvador (ANPSES): tiene presencia en todo el país y cerca de 1,500 afiliados.

Asociación Salvadoreña de Técnicos de Saneamiento Ambiental (ASTSA): Tiene un aproximado de 150 afiliados.

Asociación de Anestesiólogos (ALAISA): tiene un aproximado de 150 afiliados.

En contra del reglamento:

Asociación Nacional de Trabajadores del Minsterio de Salud Pública y Asistencia Social (ANTMSPAS): Tiene presencia en 10 hospitales y ronda los 550 afiliados.

Sindicato Gremial de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Enfermería de El Salvador (SIGPTEES): Tiene presencia en 11 hospitales y cuenta con un aproximado de 470 miembros.

Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD): Tiene presencia en 5 hospitales del país y ronda los 350 afiliados.

Sindicato de trabajadores del Hospital Bloom (SITHBLOOM): Tiene presencia únicamente en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y cuenta con un aproximado de 250 afiliados de los 1290 trabajadores del centro.

Sindicato de Médicos del Hospital Rosales (SIMEHR): Tiene presencia únicamente en el Hospital Nacional Rosales y tiene 35 afiliados.

SITPH: Sindicato del Hospital Psiquiátrico, con presencia sólo en éste y con 38 afiliados.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Hospital Bloom (Sithbloom), Marielos Pleitez, denuncia que limita las posibilidades de los sindicatos de realizar su labor.

“(El reglamento) limita el ejercicio de la organización, porque allí, en el reglamento, son violaciones el que esté denunciando uno la falta de medicamentos, el que denuncie los atropellos que hay en relación a las violaciones que se hacen a los pacientes… o sea, la organización no puede hablar, no puede decir nada”, declaró Pleitez a ContraPunto.

Pero el asesor jurídico el MSPAS asegura que las faltas disciplinarias que incluye el reglamento en ese sentido se limitan a cuestiones como hacer públicos datos que afecten a la intimidad de los pacientes o a los procesos judiciales en que el ministerio se vea inmerso.

El reglamento, de acuerdo a como está publicado en la página web de MSPAS, no recoge como falta grave denunciar falta de medicamentos, material u otra cuestión similar, sino que alude a, en genral "todas aquellas conductas inapropiadas de los empleados que no constituyan una falta leve".

Menéndez señala que el propio Alcides Gómez entregó hace unas semanas a un medio de prensa una lista de los medicamentos que, según él, no había en el Hospital Rosales, y no ha sido objeto de ninguna sanción.

El otro asunto que está en el centro de la oposición de estos sindicatos al reglamento, según Menéndez, es la Mesa de Relaciones Laborales, que es el organismo que debe servir para la resolución de conflictos y para el seguimiento en general de las condiciones de los y las empleadas en los hospitales.

En esta mesa, dicen los líderes sindicales, sólo va a haber dos representantes de las y los trabajadores, mientras el funcionario del MSPAS asegura que lo que establece el reglamento es que habrá dos representantes de cada sindicato, con lo cual, si en un hospital hay tres sindicatos, habrá seis sindicalistas en la mesa.

Tal y como lo recoge el documento publicado por el MSPAS, la Mesa estaría integrada de la siguiente manera:

“Art. 160. La Mesa de Relaciones Laborales estará integrada por: Dos miembros por cada sindicato o asociación legalmente constituido y dos servidores públicos independientes, de las diferentes profesiones u oficios, en el establecimiento del Ministerio donde se constituya; por parte del Ministerio, integrarán la mesa: La persona que sea designada por quien desempeñe el cargo de Titular del Ramo en la Secretaría de Estado; la dirección del establecimiento, la Jefatura de Recursos Humanos, un Asesor Jurídico y los técnicos que la dirección estime conveniente según la temática a tratar”.

“Pero hay posiciones de unos sindicatos, yo creo que por falta de visión sindical, que dicen que ellos no tienen por qué sentarse a la par de otros sindicatos, que ellos quieren arreglar sus problemas con el director sólo ellos”, explica Menéndez.

Por tanto, según este funcionario, aunque se hayan concentrado en decir que el reglamento viola la Constitución y los convenios de la OIT, lo que realmente preocupa a los sindicalistas es que se limiten sus permisos para realizar labores sindicales y que no se les permita dialogar directamente y en solitario con los directores de los hospitales.

“Ellos cuestionan los permisos sindicales y la mesa laboral. Eso no lo han querido decir, no lo han mencionado, pero ese es el fondo de todo este asunto”, concluye Menéndez.

Dónde quedan los pacientes

Tanto Rigoberto Menéndez como otras autoridades del MSPAS, entre ellas la ministra María Isabel Rodríguez y los dos viceministros, han apuntado que los sindicatos del sector están demostrando un nivel de compromiso muy pobre con su labor.

Lejos de poner a la ciudadanía en primer término, denuncian, estas pugnas que se viven al interior del sector de salud están sacando a la luz pretensiones personales que, en algunas ocasiones, ni siquiera responden a demandas de los y las trabajadoras, sino sólo de sus representantes sindicales.

En medio quedan los y las pacientes, que sufren un sistema público de salud con enormes deficiencias, lento en las consultas y en las operaciones de cirugía, que no provee de suficientes medicamentos y en ocasiones tampoco siquiera de material para curas o cirugías.

Pacientes que pertenecen a las capas más humildes y con menos recursos de la población, pues quien puede permitírselo acude a una clínica privada.

Estas personas, son hoy víctimas por partida doble y ven cómo sólo al final de la lista de prioridades aparece aquella que indica que tienen derecho a disfrutar de una atención sanitaria de calidad, universal y gratuita.

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