El presidente estima como necesaria una reforma de la Carta Democrática de la OEA para prever y sancionar golpes de Estado. Este instrumento, acordado en 2001, no ha cumplido hasta ahora su cometido
Por Fernando de Dios.12 de Octubre. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR –Los gobiernos latinoamericanos elegidos democráticamente tienen motivos de sobra para preocuparse. En poco más de un año se han protagonizado: un golpe de Estado “exitoso”, mientras que otro fracasó y quedó en el intento.
El hecho más reciente fue en Ecuador, cuando diversas guarniciones de la policía en Quito, el pasado 30 de septiembre, se sublevaron, pero detrás se gestaba un golpe de Estado en contra el presidente Rafael Correa. En la tentativa fueron implicados supuestamente elementos de la derecha, la oligarquía ecuatoriana, incluso, se habla de la inteligencia estadounidense.
Las “mismas fuerzas oscuras”, pero esta vez con la ayuda de la Fuerza Armada y el apoyo de los demás poderes del Estado, sacaron en pijama, de su dormitorio, y lo pusieron en un avión a punta de fusil con destino a Costa Rica, al presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya. Aquello ocurrió el pasado 28 de junio de 2009.
Tras visitar Ecuador al día siguiente del intento de derrocar a Correa, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, alertó de la vulnerabilidad de muchos de los gobiernos del continente ante acontecimientos de este tipo.
Por ello también, el presidente Mauricio Funes, propuso este lunes reforzar al mecanismo interamericano, como instrumento que garantice estabilidad a las democracias en Latinoamérica.
La idea del mandatario salvadoreño consiste en reformar la Carta Democrática de la OEA, en el sentido de articular un sistema de alerta temprana ante posibles golpes de Estado y un sistema unificado de sanciones para casos consumados.
Según aseguró, tal propuesta se hará de manera formal en el organismo interamericano por medio del representante de El Salvador, que presidirá su Consejo Permanente durante los próximos seis meses.
La Carta Democrática de la OEA se aprobó en el año 2001 como un instrumento que debía servir precisamente para reforzar los sistemas representativos de los países miembros, aunque también suponía una clara alusión al sistema político y al gobierno de Cuba, marcando prácticamente la hoja de ruta que debería seguir para reintegrase a la organización, de la que fue expulsada en 1962.
Entre otras cuestiones, el documento expone las características básicas que debe reunir un sistema democrático en Latinoamérica, tales como pluralismo político, celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto expresión de la soberanía del pueblo, respeto de derechos sociales, laborales y económicos o acceso equitativo al poder y a la justicia.
Además, establece que entre los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia están la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.
Es decir, la mayoría de los países miembros de la OEA no aguantaría un mínimo análisis crítico que aplicara estos criterios.
Mucho menos la situación en que se celebraron las elecciones en Honduras a finales del pasado año, por las que salió elegido presidente Porfirio Lobo y cuyo gobierno fue reconocido y promocionado para ser reintegrado en las organizaciones de integración regional por Funes antes que por ningún otro dirigente.
Funes, el antigolpes
Desde su llegada al poder el 1 de junio de 2009 y en especial, desde el golpe de Estado que se produjo en Honduras el 28 del mismo mes, Funes ha insistido en numerosos foros en la necesidad de reforzar las endebles democracias latinoamericanas, principalmente las centroamericanas, ante los desafíos golpistas.
También ha repudiado cualquier tentación por parte de sectores oligárquicos conservadores de usar ese mecanismo para asaltar el poder que las urnas les ha quitado.
En esta ocasión, su propuesta contempla la estandarización de unos criterios que permitan prever esas amenazas antes de que se consumen, algo que, según el mandatario, podría haberse hecho en Honduras.
“Yo sigo sosteniendo y hay otros analistas que me acompañan en este análisis, que Honduras hubiera evitado el golpe militar que tanto problema le ha traído al pueblo hondureño (…), si hubiéramos contado con un sistema de alertas que hubiese percibido señales de desestabilización, o de intento de desestabilización del gobierno legítimo, del gobierno constitucional del presidente Mel Zelaya” expresó.
Por otra parte, Funes también propuso que se decida en qué términos se debe sancionar a un régimen surgido de una asonada de esas características, para evitar que, como en el caso de Honduras, se produzca una situación en la que unos países reconocen a un gobierno posterior al golpe y otros no.
“Mi propuesta va en dos sentidos; en crear un sistema de alerta que nos permita prevenir, no sólo golpes militares, sino cualquier situación que genere inestabilidad y que conduzca al quebrantamiento de la institucionalidad democrática en nuestros países; y en un sistema de penalidades que no deje al libre arbitrio de los estados miembros del sistema interamericano qué sanciones adoptar”, apuntó el mandatario.
El problema es precisamente la democracia
El politólogo y sociólogo Antonio Martínez Uribe señala que en esta propuesta hay una contradicción de significado. No se puede hablar de una carta democrática que fortalezca los sistemas representativos de los países cuando precisamente es la aplicación de la democracia, en todo su significado, lo que suele conducir a golpes de Estado.
“La esencia de la democracia es la desconcentración de los poderes económicos y políticos en la sociedad”, afirma el catedrático de la Universidad de El Salvador.
Por tanto, un Estado será democrático en la medida en que sea capaz de repartir riqueza, fomentar la participación de la población en las decisiones que le afectan, proveer de servicios básicos a la ciudadanía, solucionar problemas medioambientales, y un largo etcétera.
Algo que, precisamente, señala Martínez Uribe, “implica entrar en contradicción con el privilegio ancestral y con los poderes exteriores”.
Es decir, “si usted es independiente de la política de los Estados Unidos y las oligarquías, siempre han tenido la fuerza para solventar esa situación, concretamente los militares”.
El analista considera que, dado lo anterior, los intereses de los pueblos de América Latina entran en conflicto con los intereses de Estados Unidos, que principalmente van orientados a proteger sus inversiones y su hegemonía.
En ese marco, la OEA, dice Uribe, “está desfasada”, pues fue creada con el impulso de Estados Unidos precisamente con el cometido de defender esos intereses, algo que cumplió hasta hace pocos años.
Sin embargo, las circunstancias políticas que se han dado en el continente en la última década y las aventuras bélicas emprendidas por la potencia mundial en otras latitudes y su paulatina pérdida de influencia a nivel mundial, han posibilitado que América Latina empiece a emanciparse.
“Los países latinoamericanos están pensando ya en hacer otra cosa diferente (a la OEA), sin los intereses de los Estados Unidos, no para enfrentar a los Estados Unidos, sino para tener sus propias políticas”, afirma el politólogo.
Funes propone que OEA prevenga golpes de Estado - Noticias de El Salvador - ContraPunto
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