Carlos Cáceres anunció que pedirá al Funes que vete la reforma aprobada por los diputados porque facilita el fraude y la evasión fiscal y atenta contra la dignidad de los trabajadores de su departamento.
Por Fernando de Dios.23 de Octubre. Tomado de ContraPunto.
SAN SALVADOR – El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, pedirá al presidente Mauricio Funes, que vete la reforma del Código Tributario aprobada el pasado jueves en la plenaria de la Asamblea Legislativa con los votos de los diputados de derecha.
El cambio aplicado a la normativa elimina la obligación de declarar sus bienes a aquellas personas que obtengan más de $74,210 al año o cuyo patrimonio inmueble ascienda a más de $300,000, es decir, una declaración del patrimonio adyacente a la declaración de la renta.
A propuesta del jefe de la bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Parker, los curules conservadores votaron a favor de la derogatoria de la reforma del artículo 91 del Código Tributario que se aprobó en el mes de diciembre de 2009 y que obligaba a las personas más ricas del país a detallar al Ministerio de Hacienda sus bienes, tanto muebles como inmuebles, con el objetivo de evitar evasiones de impuestos al fisco.
El procedimiento utilizado fue la introducción en la plenaria de una dispensa de trámite a última hora, cuando muchos de los escaños estaban ya vacíos, como se hiciera en otras ocasiones, como cuando se aprobó la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas o la reforma de la Constitución que intentó dejar sin efecto la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que abrió la Asamblea a las candidaturas no partidarias.
A ese tipo de mecanismos se le conoce en El Salvador como “madrugones”, aunque no se realicen de madrugada.
En esencia, lo que han derogado los legisladores conservadores está contenido en este inciso del citado artículo 91 del Código Tributario:
“La declaración patrimonial será utilizada por la Administración Tributaria para el ejercicio de sus facultades legales, y aplicar la presunción por incremento patrimonial no justificado por el sujeto pasivo, y determinar el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y el Impuesto Ad-valorem o Específico, según el caso, que resulte por dicho ajuste”.
Es decir, que lo que hace esta norma es obligar a las personas que más ingresos y bienes poseen a declarar el incremento de su patrimonio, detallando su procedencia y sus características para que Hacienda cobre los impuestos correspondientes y se puedan detectar enriquecimientos injustificados e ilícitos.
El sainete parlamentario
Las razones que Parker y algunos diputados de los demás grupos de derecha esgrimieron para justificar esta medida fueron que las 9,000 personas más ricas del país, las afectadas por esta obligación, pueden ser víctimas de la delincuencia si se conocen sus posesiones.
Parker planteó la posibilidad de que los declarantes sean objeto de secuestros, extorsiones e incluso asesinatos, porque la información, dijo, en manos de funcionarios de Hacienda corruptos, podría llegar a las redes de crimen organizado que operan en el país.
Por ello, dijo Parker, obligados a realizar esta declaración patrimonial, los adinerados empresarios y terratenientes de El Salvador no podrían “estar tranquilos”, y deberían salir del país con todas sus pertenencias.
“Ahora la gente tiene la garantía que puede invertir porque no podrá todo el mundo conocer las cosas que tiene”, se jactó el pedecista.
Ante estas insinuaciones, secundadas por diputados de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Partido de Conciliación Nacional (PCN), el ministro Cáceres afirmó este viernes que pedirá al presidente Funes que vete esta reforma por “abrir la puerta a la evasión de impuestos” y porque “atenta al proceso de reforma fiscal y a la dignidad del empleado del ministerio de Hacienda”.
La diputada de ARENA, Carmen Elena de Escalón, adujo que la información de los bienes de estas personas podría filtrarse desde el ministerio de Hacienda hacia el crimen organizado, por lo que aseveró que “no es el momento” para pedir la declaración patrimonial a los más ricos “ahora que hay tanta extorsión y asaltos”.
Por su parte, el diputado de PCN, Mario Ponce, expuso su profunda preocupación porque “se iban a declarar hasta las joyas, hasta la vajilla”, cosa muy grave en su opinión, teniendo en cuenta que “esa información en manos de personas que no podrían darle seguridad a esa información, es peligrosa”.
La idea de la petición del veto presidencial también fue expresada tras la plenaria por el diputado suplente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Damián Alegría.
El miembro del partido de izquierda expresó sus temores de que esta reforma dé a los más ricos un recurso para evadir impuestos y afirmó que “sugeriremos que el presidente lo vete”.
Los diputados que quieren impedir las declaraciones de patrimonio por los niveles de delincuencia que registra el país, son los mismos que investigan en una comisión ad hoc por qué la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC), dirigida por Zaira Navas, ha abierto procesos contra 21 oficiales provenientes del Ejército acusados de colaborar con el crimen organizado.
También son los que se negaron a introducir en la reforma del artículo 345 del Código Penal una alusión directa a este tipo de asociaciones delictivas (crimen organizado), como les había pedido el presidente Funes en sus observaciones para poder atacarlo en el marco de aplicación de la Ley de Proscripción de Pandillas.
Diputados quieren "salvaguardar" el caudal de los más ricos - Noticias de El Salvador - ContraPunto
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