Gloria Silvia Orellana.06 de Octubre. Tomado de Diario Co Latino.
El exdirector del Patrimonio Cultural del ex Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA). Héctor Ismael S. enfrenta en el Tribunal 7o. de Instrucción, una investigación por los delitos de: actos arbitrarios y daños agravados en calidad de “cómplice necesario”.
El Tribunal 12o. de Paz, consideró que existían los suficientes elementos para decretar la instrucción formal contra el exfuncionario de CONCULTURA, que deberá cancelar como caución económica diez mil dólares, y otras medidas sustitutivas que den certeza de su comparecencia en el país, para someterse a la investigación.
Mientras, Mario S. que se encuentra en calidad de imputado ausente, en calidad de único administrador y propietario, deberá cancelar la caución económica de 30 mil dólares.
Mario S. es el ingeniero constructor de la unidad habitacional “Brisas de San Andrés”, en el parque arqueológico “El Cambio”, en la jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad.
Ambos imputados serán sometidos a una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, en los próximos meses, para robustecer la investigación fiscal.
Sobreseimiento definitivo a vendedores acusados de desórdenes públicos
El Tribunal 9o. de Instrucción, instaló la audiencia para 28 vendedores de los alrededores del centro histórico de San Salvador, acusados de actos de terrorismo, ocurridos en 11 de marzo de 2007.
La acusación contra los vendedores fue interpuesta por el ente fiscal, los Juzgados de Paz en 2007, pero fueron enviados a los Tribunales Especializados aduciendo los cargos de “actos de terrorismo”.
No obstante, este tribunal se declaró incompetente para investigarlo y lo retornó a la Sala de lo Penal, que designó al final al Juzgado 9o. de Instrucción para su resolución.
La Fiscalía pidió a la Jueza Nora Montoya del 9o. de Instrucción, un año más para investigar e individualizar la responsabilidad de cada uno de los vendedores.
Mientras, los abogados defensores pidieron un sobreseimiento definitivo que encontró eco en la Juez, quien determinó que se habían agotado los plazos de ley para investigar el caso, declarando el “sobreseimiento definitivo” para los 28 vendedores, quienes quedaron libres y sin ninguna restricción. Los cargos por actos de terrorismo fueron cambiados a desórdenes públicos y actos agravados.
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