EDH-¿Puede el Gabinete de Seguridad recuperar la confianza?

 Carlos Ponce.22 de Septiembre. Tomado de El Diario de Hoy.

Los resultados de una encuesta reciente, publicados la semana pasada por este rotativo, revelan que la mayoría de la población (61%), considera que el Presidente Funes debe de relevar a su Gabinete de Seguridad y que el 78% de los salvadoreños opina que las autoridades gubernamentales reaccionaron de forma equivocada, ante las amenazas y actos delictivos perpetrados por los pandilleros, en el contexto del paro propiciado por sus respectivas agrupaciones. Estas cifras son congruentes con las arrojadas por otras encuestas similares realizadas a lo largo de la gestión de los actuales titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y sus dependencias.

Las mediciones de opinión invariablemente han demostrado que dichos funcionarios no gozan de la confianza de la población y, en consecuencia, tampoco los integrantes de los cuerpos que dirigen. El aparato de seguridad del Ejecutivo ha dejado de tener la credibilidad que administraciones anteriores lograron asegurar. Mucha de la desconfianza que sienten las personas es el resultado directo de la proclamación pública que hicieron altas autoridades del FMLN, aclarando inequívocamente que los funcionarios al frente de la cartera de seguridad provienen de sus filas y que, por lo tanto, el instituto político está dispuesto a asumir sus aciertos y fracasos.

Esto proyecta a los funcionarios como personas parcializadas, cuyas acciones, planes y estrategias van más apegados a la creación de las condiciones que permitan la implementación del Socialismo del Siglo XXI en el país, que a controlar o eliminar problemas delincuenciales significativos que aquejan a la ciudadanía.

Este punto se acentúa aún más si se considera el discurso inicial de los diferentes titulares de seguridad, cargado excesivamente de retórica de corte ideológico de izquierda, en donde los delincuentes eran proyectados desproporcionalmente como víctimas de las condiciones socio-estructurales de su entorno y se proponía como única alternativa de solución los programas de prevención, en detrimento del combate frontal a la delincuencia. Este tipo de discurso también ha afectado la confianza de la sociedad salvadoreña en el sistema de seguridad pública.

Diferentes iniciativas cuestionables y, en algunos casos, inexplicables, impulsadas por las máximas autoridades de seguridad, han contribuido también a la opinión desfavorable de los ciudadanos. Por ejemplo, la desarticulación de unidades especiales de la PNC de reconocida trayectoria y probada efectividad y eficiencia, la cual fue defendida por el Director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, utilizando como justificación principal la cercanía de la empresa privada con dicha dependencia.

Este último funcionario es uno de los que más ha proyectado un Gabinete de Seguridad que busca más apegarse a una ideología en particular y no adherirse a aspectos técnicos orientados a atacar la compleja crisis delictiva que afronta El Salvador. La Inspectora General también ha contribuido a esta visión, ya que, según muchos analistas y miembros de la Institución policial, ha iniciado investigaciones disciplinarias en contra de policías que no comparten la ideología de izquierda. La filtración a los medios del inicio de investigaciones disciplinarias sin presentar los resultados respectivos (algo sin precedentes), además ha dejado a la población con la idea de que existen malos elementos dentro de la Policía, pero que al final no son castigados.

Aunque los funcionarios han tratado de cambiar parcialmente sus discursos y estrategias, esto ha probado ser insuficiente para recuperar la confianza de la que en un momento gozó el aparato de seguridad bajo la dirección de muchos de sus antecesores. Recientemente han endurecido las medidas en los centros penitenciarios, regresando al mismo enfoque bajo el que se trabajaba antes de los actuales responsables lo ablandaran. No obstante, es difícil que logren cambiar la percepción ciudadana que han cultivado durante más de un año de gestión e imposible que revivan a las víctimas asesinadas por sus desaciertos.

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